El plan contra el crimen organizado no puede agotarse en lo operativo

Capítulo importante de la relación Nación / Provincia de Salta, en diciembre de 2024, el gobernador Gustavo Sáenz y la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentaron su Plan Güemes, "estrategia conjunta e integral para combatir el narcotráfico y delitos conexos". Fue en Aguas Blancas, en el departamento Orán. La ex presidenciable del PRO dijo en aquella ocasión: "Hemos venido también a esta zona a decirle basta al narcotráfico, al sicariato, a los caminos fronterizos sin control”. Sin embargo 14 meses después, la diputada nacional Pamela Calletti (Salta / Innovación Federal), advierte que lo operativo no es suficiente para combatir al crimen organizado, y que tanto la radarización como el patrullaje pueden trastabillar sin un trabajo intenso de la Justicia Federal. Y si esto sucediera, hay riesgo de generar la sensación de impunidad, lo que estimula aún más a esas sociedades para el delito diverso: trata de personas, contrabando, tráfico de armas,y lavado de dinero... ("Al final todo lo que hacen es por dinero").

A decir verdad, en el Plan Güemes original estaba previsto que, además de los 310 efectivos asignados a las áreas críticas -desde el río Bermejo, con refuerzo del paso Aguas Blancas, a la Ruta Nacional 34, con controles más rigurosos- trabajaría el Ministerio Público Fiscal, Procunar y Procelac.

"Salta será un ejemplo", prometió Bullrich.

"No habrá tregua ni respiro frente al descontrol en nuestras fronteras”, se juramentó el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella.

Entonces, ¿cuánto de esto se ha cumplido? ¿Qué es lo que se precisa para cumplir el objetivo?

Monitorear la extensa frontera Norte (Chile / Bolivia / Paraguay) fue el objetivo y la demostración más intensa fue que Prefectura Naval Argentina patrullaría el Bermejo, donde antes sólo había presencia de la seguridad de Bolivia. Pero el combate contra el crimen organizado no es sólo hardware -drones, escáner, radares, cámaras, vehículos, radares-, también es necesario el software.

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Rebobinando

Pamela Calletti recuerda que cuando ella fue ministra de Justicia de Salta, y creó el grupo de coordinación de lucha contra el narcotráfico, todo lo referente al narcomenudeo se lo quedó la provincia, algo que descomprimió el trabajo de las fuerzas federales, para que pudieran enfocarse en el resto.

Precisemos: el concepto 'narcotráfico' es demasiado amplio y hasta confuso. El 'narcomenudeo' es el comercio doméstico de sustancias prohibidas -la red de 'dealers' que se despliegan en los centros urbanos con sus puntos de venta, su sistema de distribución y de recaudación-, los 'minoristas' del crimen. Es una actividad diferente a la del 'narcotráfico' propiamente dicho. La ofensiva contra los 'mayoristas' requiere de otra estrategia y mucho trabajo de inteligencia criminal y de investigación. Sin embargo, si los fiscales federales se enfocan en el 'narcomenudo' -que requiere una burocracia intensa-, no queda ni tiempo ni energía para la otra tarea.

Calletti agrega otro dato: pero el crimen organizado es mucho más que el tráfico de estupefacientes; y, a veces, ni siquiera son las mismas organizaciones las que incursionan en el narcotráfico, el 'lavado' del dinero del crimen y el contrabando. Existe la especialización en las bandas y también la movilidad: "El crimen se reorganiza, se reinventa, en forma permanente. Es dinámico, cambia de actividades y hasta de personas. Por este motivo el capítulo operativo de la prevención y represión debe tener un soporte en el trabajo de los fiscales federales, por ejemplo. Y hoy existe un déficit en Salta que pone en riesgo todo el trabajo realizado".

El gobernador Gustavo Sáenz explicó que la cantidad de fiscales en Salta es insuficiente por la carga de trabajo que recibe el sistema acusatorio implementado en el inicio del Plan Güemes, que requiere una mayor intervención de los fiscales en audiencias y litigios.

Sáenz: "En la provincia hay 7 fiscales federales: 5 en la ciudad de Salta, 1 en Orán y 1 en Tartagal, pero solo 3 son fiscales titulares, y los demás son subrogantes".

2 posibilidades para reforzar la cantidad de fiscales:

Por vía legislativa, con la creación de nuevos cargos mediante una legislación.
Mediante designaciones interinas a través de la Procuración General de la Nación, la opción más rápida.

Sáenz trabaja en la opción 2 y por eso visitó al procurador Eduardo Casal; Calletti se enfoca en la opción 1 y por eso ella presentará un proyecto de ley cuando, en marzo, comience el período ordinario de sesiones.

Antecedentes

En 2019 (Administración Mauricio Macri), quien ya era el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, financió la compra del inmueble de Caseros 455 en la capital provincial, para la implementación del Código Procesal Penal Federal y la contratación de personal especializado. Fue una recordada ceremonia de la que también participaron el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano; el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz; y el entonces titular de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, senador Rodolfo Urtubey.

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Todos creyeron que, a partir de ese momento, ocurriría un gran avance en el combate del crimen organizado. Sin embargo, algo ha sucedido que en 2025 la provincia vuelve a recurrir a Eduardo Casal, para que la Procuración General respalde el Plan Güemes.

Sin duda que se precisan replanteos, autocríticas y complementos. Contrasta la visibilidad de la lucha contra el crimen organizado en Rosario (Provincia de Santa Fe), que es básicamente 'narcomenudeo'; y lo que sucede en la extensa frontera Norte, que es mucho más voluminoso, dramático pero a veces casi intrascendente para gran parte de la sociedad.

Es evidente que la exposición de organizaciones de 'dealers' como Los Monos, en el caso de Rosario, provocó un interés que no consigue la frontera Norte, a menos que el gobernador Sáenz apele a un muy necesario alambre tejido en algunos metros de un control fronterizo. ¿Qué debería suceder para despabilar a los federales? La respuesta puede ser tan peligrosa como evitable.

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