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DEMANDA COLECTIVA

Copagos y bonos médicos: La rebelión de los pacientes

Cansados de los bonos y copagos para la atención médica, los pacientes empiezan a denunciar los cobros ilegales y se organiza una demanda colectiva.

La volatilidad de los precios por la inflación llevó a los médicos -y recientemente también a los bioquímicos- a pedir un pago extra a los pacientes en forma de “bono” o “copagos”, para dar la prestación. Sin embargo, la normativa y los contratos con las prepagas y obras sociales no contemplan esos cobros y ahora los pacientes empiezan a denunciar y se están armando las primeras demandas colectivas.

"Honorario médico ético mínimo"

Con esa denominación, los médicos vienen cobrando un extra para atender a los pacientes. Argumentan que lo que les pagan por la consulta no alcanza por la suba de la inflación. La situación de los profesionales de la salud es comprensible, pero los cobros de bonos o copagos no están contemplados en los contratos de los usuarios con las prestadoras y desde ese ángulo se arman las demandas.

La Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC) ya está preparando la primera acción judicial contra los copagos: "Ya estamos hablamos de copagos como si fuese algo normal, porque la Superintendencia de Servicios de Salud no emitió una resolución que los prohíba. Enfrentan a los pacientes con los médicos. Quien hace la consulta, necesita atención y le piden plata extra. Ya bastante le cuesta pagar la cuota. Se necesita intervención urgente para ayudar a los pacientes en este vínculo médico-paciente. Porque es desigual", dijo al diario Clarín Osvaldo Bassano, presidente de la entidad y aconseja: "Hay que denunciar. Sirve. Sabemos que no dan factura y así se imposibilita pedir un reintegro a los financiadores. Todo esto va a llevar a una crisis mayor por falta de atención médica".

Ante la "enorme cantidad de denuncias recepcionadas", esa asociación presentó el primer “parate” administrativo contra los copagos. Es una denuncia formal en la Comisión de Defensa de la Competencia. No es aún una contra las prepagas ni las obras sociales, algo que de continuar así sucederá a futuro mediante una demanda colectiva.

Los pasos a seguir para la denuncia

Según explicó el abogado, "no se necesita una determinada cantidad de denunciantes, facturas o capturas de pantalla donde se exija ese cobro. Se hace por una clase de consumidores afectados (categoría, grupo: afiliados de la medicina privada). Por eso primero está la denuncia ante la Comisión de Defensa de la Competencia, porque tenemos como pruebas los comunicados de las cámaras y las sociedades médicas".

"Como no podemos probar el universo de afiliados a los que efectivamente se lo cobraron, nos apoyamos en esos comunicado

s firmados. Estas demandas duran mucho, porque van a la Cámara Federal y siempre la cancha está embarrada. Eso tarda uno o dos años, y hasta que se traslada, son 5 o 6 años más", precisó.

Ante los tiempos extensos en la resolución de los casos en la Justicia, Bassano advierte que hay otro camino más expeditivo: "Que la Superintendencia de Salud haga lo que debe. Que prohíba y sancione a las cámaras de médicos y a las prepagas. No pude existir esta falta de intervención".

Qué pueden hacer los pacientes

"Las cámaras, una vez notificadas, tienen 15 días para contestarle a la Comisión. Mientras eso se resuelve, vamos a intimar a cada una para que se respeten los derechos de los consumidores", indicó Bassano.

Desde esa asociación, consultados por la Comisión de Defensa de la Competencia, respondieron formalmente que desconocen si las prepagas u obras sociales están sancionando, con descuentos o suspensiones, a los médicos que cobran copagos.

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Los médicos hacen indebidos cobros de honorarios particulares en forma de bono o copagos, con motivo de los deficientes aranceles que los financiadores están efectuando.

Los médicos hacen indebidos cobros de honorarios particulares en forma de bono o copagos, con motivo de los deficientes aranceles que los financiadores están efectuando.

La Defensoría también acciona

En paralelo a la ADDU, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación le pidieron informes a la Superintendencia de Servicios de Salud por el cobro del bono adicional, por parte de profesionales y centros de salud, a usuarios con cobertura formal de salud.

La Defensoría nacional inició una investigación de oficio por la denuncia de usuarios de medicina prepaga y beneficiarios de obras sociales, por el indebido cobro de honorarios particulares que están realizando algunos profesionales de la salud, asociaciones de médicos y sanatorios, con motivo de los deficientes aranceles que los financiadores están efectuando.

A su vez, asociaciones médicas difundieron un comunicado -en diversos medios periodísticos- donde refieren sobre la necesidad de cobrar un adicional porque “el honorario médico pagado por empresas de medicina prepaga, obras sociales y sanatorios se encuentra por debajo de lo que ellos consideran un ‘honorario ético mínimo’, que actualmente está fijado en la suma de $6.000”.

A partir de ello, y tal como surge del comunicado, la diferencia entre lo que ellos consideran el honorario ético mínimo y lo que paga el financiador será trasladado al paciente, lo que representa en la práctica que aquel usuario de medicina prepaga o beneficiario de la seguridad social tenga, además, que abonar por una prestación que ya se encuentra cubierta por pertenecer a algunos de los sistemas de cobertura anteriormente mencionados, entienden en la Defensoría.

Sin sustento

Como se observa, se trata de una medida unilateral que no encuentra sustento en ningún tipo de normativa, toda vez que, cuando el profesional de la salud ha decidido prestar servicios para una obra social o empresa de medicina prepaga, debe circunscribirse al acuerdo comercial oportunamente celebrado, aceptando los términos y condiciones allí estipuladas en donde, además de fijar el monto de honorarios a percibir por consulta médica, también se fijan los tiempos estipulados para el cobro”, dijeron desde la Defensoría en un comunicado difundido esta semana.

Está claro, que ese acuerdo comercial que hoy consideran insuficiente, debe ser debatido de manera privada, ya sea revisando las cláusulas oportunamente firmadas, rescindiendo el contrato o, en una situación más acuciante, judicializándolo en la justicia comercial. Pero en modo alguno, esas consecuencias económicas disvaliosas deben quedar en cabeza del paciente”, agregaron.

Por tal motivo se solicitaron informes a la Superintendencia de Servicios de Salud para saber si han iniciado gestiones tendientes a tutelar los derechos de usuarios y beneficiarios del sistema privado y de la seguridad social, si la medida anunciada por las asociaciones médicas encuentra respaldo normativo y en ese caso, cuáles son las normas que sustentan la medida”, añadieron.

Canales de denuncia

La Defensoría también se consultó cuáles son los canales de denuncia habilitados por la Superintendencia, para que las personas puedan reclamar frente a cobros indebidos por parte de prestadores de salud que formen parte de las cartillas médicas de sus coberturas de salud.

Por último, la Defensoría del Pueblo consideró “necesario adoptar medidas para garantizar la equidad y accesibilidad a la atención médica y evitar posibles abusos en la relación entre los profesionales de la salud y los usuarios del sistema de salud”.

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