Ley de biocombustibles: Córdoba contraataca con cambios

El mayor cuestionamiento conceptual estaba definido en una frase que mencionó el jefe del bloque Cordoba Federal, Carlos Gutiérrez, para justificar los cambios pretendidos: entorpece el desarrollo del aparato productivo.

La clave son los topes que se establecieron como un laudo de los intereses representados por los lobbys provinciales azucarero, maicero y petrolero que hicieron escuchar sus voces en interminables polémicas en las comisiones y debates en las cámaras.

Se fijó un piso obligatorio hasta 2030 del 12% para el corte de etanol en los combustibles fósiles, que retienen su participación desde la ley sancionada hace 15 años durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuya vigencia precisamente venció en mayo último, tuvo que ser prorrogada dos veces y aprobada de apuro.

Y si bien deja el nivel de corte al arbitrio de la autoridad de aplicación, rebajó del 10 al 5% el corte del biodiésel en el gasoil, lo cual afecta a los combustibles fabricados en base a maíz, elaborados básicamente en plantas instaladas en Córdoba y Santa Fe, y mantuvo en el 12% de la nafta el corte del bioetanol procesado en los ingenios azucareros del NOA.

El mandatario cordobés, quien desde un primer momento consideró la ley sancionada como un ataque kirchnerista a su provincia, planteó en la campaña previa a las PASO que “una resolución no es equiparable con la letra de una ley; es absolutamente necesario desarrollar reglas de juego claras a quienes emprenden y enarbolan la bandera de la producción con el cuidado del ambiente y la sostenibilidad”.

Apenas finalizada la elección de medio término, y antes que se cumpla el plazo de seis meses dado para la reglamentación de la ley, los diputados de Hacemos por Córdoba, Alejandra Vigo, Claudia Márquez, Carlos Gutiérrez y Paulo Cassinerio, sumado el bonaerense Alejandro Rodríguez, presentaron en la Cámara baja el proyecto prometido con la modificacón a cinco artículos.

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El bloque Hacemos por Córdoba presentó en el Congreso un proyecto que modifica la Ley de Biocombustibles. Foto Córdobahoy

Básicamente apuntan a que el piso del 12% (6% para el bioetanol de maíz y 6% para el de caña de azúcar) se fijo y que ningún funcionario pueda bajarlo, aunque sí sea susceptible de ser subido.

Asimismo, amplía el alcance del régimen de promoción y no permite que el Estado reduzca los porcentajes de corte.

El artículo 9°, a ser modificado, actualmente establece que todo combustible líquido clasificado como nafta debe contener un porcentaje obligatorio de bioetanol del 12 por ciento, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final.

El proyecto ingresado dice que “dicho porcentaje nominal mínimo podrá ser elevado por la autoridad de aplicación cuando lo considere conveniente en función del abastecimiento de la demanda, la balanza comercial, la promoción de inversiones en economías regionales, y/o razones ambientales o técnicas”.

Asimismo, dentro de los cambios a realizar, proyecta darle mayor autonomía a las provincias para que puedan establecer sus propios programas de fomento de los biocombustibles.

Gutiérrez explicó que el piso obligatorio por ley del 12% se reparte 6 y 6 y de ahí para arriba podrían ser aumentados los cortes. Recordó que su provincia tiene una ley de autoconsumo, por la cual el biodiésel y el etanol podrían aumentar los niveles de mezcla, que la ley vigente no le permite hacer.

"Lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos sin combustibles por no integrar la cadena de valor y tener que importar, en caso de que haya una mayor recuperación económica que aumente la demanda", sostuvo a una emisora local.

El régimen en cuestión regula un mercado interno conformado por 55 empresas de bioetanol y biodiesel.

Habían salido ganando principalmente las petroleras, que se quedaron con el mismo porcentaje de corte a pesar de las presiones ambientales, y hasta lograron que les respetaran durante el corriente año los u$s 9000 millones destinados a subsidiar combustibles fósiles.

Las provincias hidrocarburíferas, como Neuquén, aportaron votos para que la ley se apruebe.

Y luego empujaron la sanción los ingenios del NOA que producen bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, único biocombustible que no reducirá su actual 12% de mezcla con las naftas.

Esa participación se dividirá 6% para el bioetanol de caña, a la que queda como piso, y 6% para el producido a base de maíz, que podría reducirse a un 3%, según el criterio de la Secretaría de Energía.

Grupos endulzados

En pleno invierno, descorcharon champaña Ledesma (familia Blaquier), Tabacal (Seaboard Corporation) y La Florida (grupo Los Balcanes), y otros más chicos como ingenio Leales (del grupo Budeger, controlante del ingenio La Esperanza), Bio Atar (grupo Luque), Santa Rosa y La Trinidad, entre otros.

En este caso, legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio de Tucumán, Salta y Jujuy votaron a favor de la Ley, según enumeró el medio especializado Econojournal.

También resultaron favorecidas empresas pymes de biodiesel (producido a base de aceite de soja y de maíz) pero que cuentan con más de una planta para abastecer el mercado interno.

Había sido casi un traje a medida para Juan Carlos Bojanich, que controla seis plantas (Biobahía, Biobin, Bio Ramallo, Biobal Energy, Bio Corba y Refinar Bio) y tiene el 25% de las ventas a la Secretaría de Energía.

Otro beneficiado habia sido el grupo santafesino Essential Energy Holding, que posee cuatro: Rosario Bioenergy, Bionogoyá, Establecimiento Albardón y Héctor Bolzán y Cia.

El régimen aprobado había puesto un techo al complejo sojero, enfrentado al kirchnerismo desde la famosa resolución 46, que había encarado grandes inversiones y esperaba que se incrementara la participación del biodiesel en cada litro de gasoil que se vende en los surtidores del país.

De ahí que a las empresas productoras de biodiesel (aceite de soja) les redujeron de 10% a 5% el corte de la mezcla con el gasoil.

La Secretaría de Energía había quedado facultada a bajar el corte de mezcla del bioetanol de maíz de 6% a 3%, lo cual afectaría los intereses de Bioetanol Río Cuarto (BIO4), Acá Bio, Promaiz, Diaser y Maíz Energía.

No sólo Córdoba, donde se produce biodiesel y el 70% del bioetanol de maíz del país, terminó sintiéndose perjudicaba, sino que Santa Fe acusó el impacto de la ley, aunque la alianza electoral del gobernador Omar Perotti con el kirchnerismo puso un límite a cualquier reacción.

Las grandes cerealeras como General Deheza, Bunge o Cargill, seguirán sin poder participar en el mercado interno, aunque concentran gran parte de la producción del aceite de soja.

Llegaron a exportar por US$ 1.600 millones hasta 2017 y no mostraban demasiado interés en la plaza doméstica, pero los cierres en Estados Unidos y Europa al bioetanol les devolvieron la mirada fronteras adentro.

La ofensiva cordobesa para cambiar las reglas hizo recalcular al secretario de Energía, Darío Martínez, quien sostuvo que por orden del Presidente "en esta primera etapa avanzamos con definiciones para el bioetanol, mientras seguimos trabajando sobre aspectos específicos de biodiésel en conjunto con la senadora nacional María Sacnun, y el diputado nacional Roberto Mirabella de Santa Fe, y los productores del sector".

Se empeña en llevar a cabo una especie de arbitraje con las cámaras de bioetanol caña de azúcar y de maíz: “Hemos acordado una metodología de actualización que implica la unificación del precio del bioetanol, su actualización mensual con la evolución de los precios en surtidor de las naftas, descartando reducciones del porcentaje de corte", se apuró en aclarar, ya con el proyecto del bloque cordobés ingresado en el Congreso y el vencimiento del plazo para la reglamentación de la ley encima.