MEDIA SANCIÓN

Biocombustibles: Incumplimiento con el Club de París y ‘panqueque” de senadores del FdT

La Cámara baja aprobó la nueva Ley de Biocombustibles resistida por el sector y por las provincias productoras. Apuntan al lobby petrolero. El proyecto lo impulsa Máximo Kirchner y obligará al Senado a retractarse por haber aprobado una prórroga por unanimidad en octubre de 2020, a instancias de una senadora del propio Frente de Todos.

La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley impulsado por Máximo Kirchner que crea un nuevo marco para los biocombustibles y que reemplaza al actual que rige desde hace 15 años. La nueva normativa propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre naftas y bioetanol.

La iniciativa es rechazada por las cerealeras porque reduce de 10% a 5% el corte obligatorio del biodiesel de soja y maíz con el gasoil y deja en 12% el corte del bioetanol para las naftas, repartido 6% para el etanol de caña de azúcar y 6% para el producido a base de maíz.

Además, ante una fuerte suba de los precios internacionales o por escasez del producto, el proyecto también prevé reducir el corte del bioetanol de maíz a 3% (no el de caña) para evitar un impacto en el precio de los combustibles en los surtidores.

En esa salvedad, está la clave del apoyo que le dieron al proyecto las provincias azucareras a través de sus legisladores, tanto del oficialismo como desde la oposición y que quedaron en evidencia en la votación final: 135 votos a favor, 110 en contra, 2 abstenciones y 8 ausencias.

Entre los opositores, votaron a favor los diputados de Juntos por el Cambio por Jujuy Gabriela Burgos (UCR), Jorge Rizzoti (UCR) y Osmar Monaldi (PRO); los tucumanos José Cano (UCR), Lidia Ascárate (UCR) y Domingo Amaya (PRO) y los sanjuaninos Eduardo Cáceres (PRO) y Marcelo Orrego (aliado PRO).

Los 110 votos en contra, en tanto, correspondieron a Juntos por el Cambio (99); Córdoba Federal (4); Consenso Federal (3); la Izquierda (2); el Socialismo (1) y el Frente Progresista (1).

Cabe recordar que el Gobierno tiene un límite para sancionar este norma porque el lunes 12 de julio se vence el actual régimen de promoción de los biocombustibles. Había sido prorrogado a través de un DNU por el Poder Ejecutivo el pasado 10 de mayo y por un plazo de 60 días para que la nueva ley fuera sancionada por el Congreso.

En contra del proyecto, el mendocino Omar de Marchi (PRO) apuntó: "Esto va a concluir con un mercado claramente limitado, absolutamente cautivo y evidentemente con tendencia al monopolio, pero sobre todo con una evidente destrucción de la mano de obra argentina".

Por Consenso Federal, su presidente, Alejandro 'Topo' Rodríguez, instó a sus pares a "reflexionar" y "no votar" el proyecto de ley que modifica el Régimen de Biocombustibles impulsado por el oficialismo, y avanzar, en cambio, en "una política que no afecte el ambiente, no atente contra la producción federal y genere trabajo".

Por su parte, el tucumano Domingo Amaya, del PRO, marcó la postura de acompañamiento de los diputados de Juntos por el Cambio que pertenecen a provincias productoras de azúcar.

"El bioetanol representa el 30% de los ingresos del sector azucarero, y absorbe el 25% de la producción. Sin esta ley la industria azucarera no tendría futuro, con consecuencias devastadoras para la región NOA", graficó.

Por Córdoba Federal, el bloque que responde al gobernador Juan Schiaretti –que rechaza la norma- Carlos Gutiérrez justificó el voto en contra: “Está claro que los regímenes promocionales deben terminar algún día, pero deben terminar cuando el sector promocionado por el Estado tiene la capacidad para desarrollarse en ese bendito mercado, y no dejándolo a merced del lobby petrolero, sobre todo a quienes invirtieron y fueron contestes con el espíritu de esta ley pyme”.

Del mismo bloque, Paulo Cassinerio, recordó: “"Hemos planteado en la comisión de Energía y Presupuesto que nos oponemos, porque creemos que el proyecto que prevé el corte del biocombustible a base de etanol es algo que perjudica a la industria y a la inversión local".

Recalcó que no pueden acompañar "una ley mala" para las economías regionales y sostuvo que su espacio está a favor de la ley que fue votada por unanimidad en el senado en diciembre del 2019.

Coincidió con los schiaretisttas el radical opositor Diego Mestre, que expresó: “Está clarísimo que el Frente de Todos lo que propone es el cierre de plantas. En vez de promover un ambiente sano para las próximas generaciones, este proyecto nos impone una transferencia directa de una renta del sector de los renovables al sector contaminante”.

Los legisladores oficialistas de esa provincia intentaron morigerar el impacto de la norma, sin éxito. No fueron escuchados por el Gobierno. Ahora, confían en poder introducir modificaciones en la Cámara alta, pero de ser así el proyecto volvería a Diputados y los tiempos excederían el plazo de la prórroga de la norma vigente, que es el 12 de julio. Salvo que Alberto Fernández lo extienda con otro decreto.

Desde Santa Fe, la otra provincia más perjudicada por el proyecto de ley, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Federico Angelini, le envió una carta al gobernador Omar Perotti, en la que le pide que, junto con los senadores, “defiendan con más fuerza los intereses, la producción y los puestos de trabajo de los santafesinos”.

Angelini recordó otras decisiones del Gobierno que considera que perjudicaron a la provincia como la suspensión de las exportaciones de carne o “la idea del Kirchnerismo de estatizar la hidrovía”.

El gobernador santafesino dijo en abril que “tenemos la posibilidad de no trabarnos en dos potencialidades y no entrar en disputas innecesarias” y recordó que en relación a la producción hay más de tres millones de toneladas de capacidad anual de biocombustibles.

“Si lo llevamos a la comparación de petróleo estaríamos en 60.000 barriles diarios, convirtiéndonos en el cuarto productor a nivel nacional, vaya si tenemos un potencial como jugadores del biocombustible, por eso es clave garantizar la continuidad del sector”, reflexionó, pero no fue más allá de esas expresiones.

El diario El Litoral, destaca que el diputado nacional santafesino Marcos Cleri –que cerró el debate parlamentario- “quedó en contraste con la posición del gobierno de Omar Perotti y de las explícitas gestiones del senador Roberto Mirabella con la mayoría de los empresarios grandes y de Pymes de biocombustibles en Santa Fe, que procuran prorrogar la ley 26093 y acordar otro texto con más participación de biocombustibles en surtidores”.

Cleri justificó que, según la iniciativa, la autoridad de aplicación podrá subir o bajar hasta el 3% el corte de de biodiésel al gasoil según “una circunstancia: que el aceite de soja -un commoditie exportable- tenga un impacto negativo en el surtidor”.

Cabe recordar que el pasado 1° de junio los senadores oficialistas Anabel Fernández Sagasti, María de los Ángeles Sacnun, José Mayans y Carlos Caserio se reunieron con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y, entre otros temas legislativos, se habló de la ley de biocombustibles.

Según el diario Clarín, esos senadores le trasladaron al funcionario la inquietud de algunos de sus pares.

Puntualmente se le recordó que el Senado había aprobado el año pasado "por unanimidad" un proyecto diferente al que ahora pretende enviarles Diputados y le pidieron básicamente que para favorecer a un sector no se termine perjudicando a otro.

Aunque al tratarse de un proyecto Máximo, se descuenta que se aprobará en la Cámara alta, que conduce Cristina Fernández.

Pero dejaría al Senado y a los legisladores oficialistas realizando un giro de 180 grados, especialmente a la santafesina Sacnun, que fue la autora del proyecto sancionado por unanimidad que prorrogó la normativa vigente.

En medio del debate político, surgió también la Iglesia Católica. Este jueves (2/7) sorprendió el pronunciamiento de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina que consideró que el proyecto de ley representa “un franco retroceso en la política ambiental argentina”.

La Iglesia recordó la participación de la Argentina, como otros países que están en el Acuerdo de París, que buscan reducir los efectos del cambio climático.

“Argentina es parte del grupo de estos países, y ha asumido grandes desafíos. En diciembre de 2020 estableció una meta actualizada de mitigación, más ambiciosa que la asumida en 2016, y también una segunda NDC1 . Para alcanzar esta nueva meta, presentó lineamientos de trabajo a seguir, con el objetivo de no exceder para 2030 las emisiones de COe2 comprometidas. Entre ellos, se encuentra la migración de los combustibles utilizados para el transporte: “… Para la promoción de sistemas de transporte sostenible, se habrán implementado políticas derivadas del enfoque Evitar-Cambiar-Mejorar, fomentado en particular, la eficiencia energética y la mayor utilización de gas natural, hidrógeno, electricidad y biocombustible…”, señala.

La preocupación de la Iglesia se había notado días atrás cuando el arzobispo de Rosario (Santa Fe), Eduardo Martín, visitó Puerto General San Martín para rezar y bendecir una planta de biodiésel de la empresa Explora, que se dedica a la producción y comercialización de biodiesel y glicerina cruda.

Dejá tu comentario