La Oficina de Respuesta Oficial salió a responder por la Ley de Glaciares. Dice que no cambia nada, pero tiene letra chica que da carta blanca a la minería.
La Oficina de Respuesta Oficial salió a responder por la Ley de Glaciares. Dice que no cambia nada, pero tiene letra chica que da carta blanca a la minería. Fuente: Grok
Sigue la polémica por la Ley de Glaciares, pero ahora fue la Oficina de Respuesta Oficial quien se metió en la cancha con una desmentida que, lejos de cerrar el tema, oscureció más de lo que aclaró. Porque cuando el Gobierno dice "no cambia nada", en realidad está cambiando bastante… y eso merece una mirada más fina.
Desde la cuenta oficial, el Gobierno afirmó categóricamente, en respuesta al diputado opositor Esteban Paulón, que la reforma "no modifica el espíritu de la ley ni reduce el estándar de protección", planteando que se trata simplemente de precisar qué zonas deben ser protegidas: glaciares y ambientes periglaciales que cumplan funciones hídricas relevantes.
El argumento, en términos generales, apunta a ordenar un marco legal, que según el oficialismo, generaba incertidumbre, conflictos judiciales y freno a inversiones, especialmente en provincias con fuerte desarrollo minero como San Juan, Catamarca o Jujuy. En ese sentido, no es menor dar previsibilidad en un país donde la minería viene creciendo, aunque también litigando.
Ahora bien, el punto de conflicto aparece cuando se baja al texto concreto de la ley. La norma original, sancionada en 2010, establecía una protección amplia del ambiente periglacial, sin necesidad de demostrar en cada caso su relevancia hídrica. Es decir, la protección era general, preventiva y automática.
La reforma introduce un cambio clave: ahora esa protección queda condicionada a que se demuestre que el área tiene una función hídrica relevante. Esto implica que ya no todo el ambiente periglacial entra en el mismo paraguas, sino solo aquello que pase ese filtro.
Ahí es donde empiezan las críticas, porque ese pasaje de un esquema general a uno condicionado modifica el alcance real de la ley. De hecho, informes de organizaciones como FARN y análisis difundidos por Chequeado coinciden en que el cambio implica una reducción del alcance efectivo de la protección, aunque no elimine formalmente la norma.
Paulón, en su tuit, había planteado que la reforma responde a intereses económicos y pone en riesgo las reservas estratégicas de agua, cuando alrededor del 25% de la población argentina vive en zonas con estrés hídrico, según datos del CONICET y organismos internacionales.
La respuesta oficial fue descalificar esa postura (y a su vocero) como falsa, pero lo cierto es que el planteo opositor está en línea con lo que vienen señalando distintos sectores ambientalistas y científicos. No es que la reforma elimina la protección, pero sí cambia su lógica.
Antes, cualquier zona identificada como periglacial en el Inventario Nacional de Glaciares quedaba automáticamente protegida frente a actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos. Ahora, esa protección depende de evaluaciones de impacto ambiental donde las provincias tienen un rol decisivo.
Y acá aparece otro punto sensible: el federalismo. El Gobierno defiende este esquema como una forma de respetar el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias, algo que está contemplado en la Constitución. Sin embargo, desde la vereda crítica advierten que esto puede derivar en una aplicación desigual de la ley, donde cada provincia defina con mayor o menor rigurosidad qué se protege y qué no.
Como era de esperarse, el sector minero celebró públicamente la reforma por su capacidad de "destrabar inversiones". Eso, en los hechos, sugiere que sí hay un cambio en las condiciones previas, más allá de cómo se lo presente discursivamente. En este contexto, también entra en juego el principio de no regresión ambiental, que sostiene que no se deberían reducir niveles de protección ya alcanzados. Si la ley avanza a Diputados, este punto podría derivar en cuestionamientos judiciales, como consideran varios especialistas.
En definitiva, la desmentida oficial tiene una base real, pero incompleta. Es cierto que la ley sigue existiendo, que el inventario no desaparece y que la protección ambiental no se elimina. Pero también es cierto que se redefine qué se protege, cómo se protege y quién lo decide. Y cuando se trata de un recurso como el agua, crítico en buena parte del país, esos matices son, directamente, el eje de la discusión.
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