Error suponer que con prohibición de despidos se promueve el empleo

 #  ¿Realmente cree la Administración Fernández que así mantendrá el empleo? Un desastre sería considerar que la Administración Fernández realmente lo cree. 

 #  ¿Realmente cree la Administración Fernández que si un desempeño económico-financiero de un empleador es deficiente será detenido por un decreto? Sólo puede creerlo alguien que nunca se haya desempeñado en la economía real. 

Resultaría más esperanzador suponer que el decreto es un ejercicio de formalismo e hipocresía tanto de la Administración Fernández como de los líderes sindicales que dialogan habitualmente con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y hasta el presidente Alberto Fernández.

Sin embargo, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, realmente cree que la pérdida de empleo relacionada con la cuarentena fue muy menor por esos decretos y no por los pagos de subsidios que dispuso el Estado, en especial el ATP, que ya no se pagará.

La doble indemnización fue impuesta por Alberto Fernández en diciembre 2019, por 180 días y en la emergencia sanitaria la prorrogó hasta fin de 2020. 

La prohibición de cesantías y suspensiones sin causa fue establecida por 60 días en marzo, y luego prorrogada en períodos bimestrales.

Pero que el Estado se hiciera cargo de porciones o el total de los salarios fue mucho más importante.

El problema

Un problema que resta eficacia a la medida es que el mercado de trabajo formalizado es la mitad del empleo total. Entonces, la disposición gubernamental puede encarecer las indemnizaciones por juicios laborales, cuyo ritmo de resolución a su vez carga con las dificultades de la pandemia en Tribunales.

Pero no garantiza empleo. Si la empresa se marcha, indemnizará como lo consideren apropiado sus abogados laboralistas pero no renunciará a su decisión. El caso de LAN Argentina fue representativo.

Otro caso fue la aplicación del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite suspensiones y rebajas salariales en el marco de un acuerdo entre empleadores y sindicatos, se ha aplicado en forma limitada.

Ni hablar de la aplicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoció los acuerdos de desvinculación, que ni siquiera requieren su inscripción en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio (Seclo).

De todos modos, es necesario destacar que la economía argentina tiene un problema de empleo anterior a la pandemia, anterior a Mauricio Macri y que se remonta, probablemente, a la larga recesión de 1998, con algunas fugaces mejoras en los años K, en ocasión en que mejoró el comportamiento de la macroeconomía.

Sucede que empleo y actividad económica tienen bastante relación aunque la relación directa más interesante es empleo e inversión directa.

De todos modos, en los años recientes una parte de la inversión directa en muchas empresas estuvo aplicada a la automatización de procesos que permitiera reducir determinados recursos humanos.

El empleo es oneroso para el empleador, es una realidad de la economía argentina, y lo más grave es que ese dinero no va al trabajador activo ni al jubilado, que han registrado pérdidas importantes en el marco de la crisis.

Ni los funcionarios ni los sindicalistas se interesaron realmente por el tema hasta ahora.

Todo va a parar al Estado, incluyendo el impuesto inflacionario.

Lo que viene

La economía argentina acumula un grave déficit de incremento del empleo genuino (el del sector privado), que convive con el enorme déficit de inversión directa, lo que ha provocado no sólo el envejecimiento relativo de la infraestructura productiva sino también la escasez de empleo nuevo. Ni hablar del otro lado de la moneda, que es el deterioro del poder adquisitivo, a caballo de la inflación de niveles alarmantes desde hace 13 años.

En el interín abundaron los decretos reguladores del empleo tal como también abundaron las normas y resoluciones sobre precios. Ni la inflación bajó ni el trabajo creció ni el salario real mejoró. Pero en muchos períodos los sindicalistas estuvieron relativamente satisfechos siempre que el gobierno de turno no se demorara en asignar subsidios a las obras sociales.

Por lo demás, el empleo informal continuó elevadísimo.

Es patético el siguiente relato del diario Ámbito Financiero:

"(...) La determinación se supo luego de que la CGT expusiera el martes, en su reunión de Consejo Directivo, preocupación por la inminente caída de ambos mecanismos, que según los gremialistas y el propio Gobierno terminaron por ser una barrera eficaz contra los despidos en el contexto de la pandemia y las restricciones al desarrollo de la actividad económica. (...)".

De acuerdo a la crónica, la doble indemnización seguirá hasta mediados de 2021 pero con topes en los salarios de los trabajadores contemplados en la disposición.