Denunciaron penalmente a Milei, Francos, Caputo, Iraeta y agroexportadoras

En los últimos días se desató una fuerte controversia en el mundo agropecuario y político nacional. Tras el decreto que dejó las retenciones a cero, se presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, al ministro Luis Caputo, al jefe de Gabinete Guillermo Francos y al secretario de Agricultura Sergio Iraeta, así como a las principales agroexportadoras.

La acusación es: “administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” en perjuicio del Estado.

Esta denuncia anónima fue presentada ante el fiscal en investigaciones administrativas, Sr. Sergio Rodríguez. Las empresas agroexportadoras acusadas de partícipes necesarios son: Bunge Argentina S.A., LDC Argentina S.A., Cofco International Argentina, Viterra Argentina S.A. y Cargill S.A.C.I.

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Las agroexportadoras más grandes del país fueron denunciadas como partícipes necesarios para que se cometa el ilícito.

Los hechos denunciados

El caso se conoce ya como el “affaire Retenciones 0%”. La denuncia sostiene que, entre la instrumentación de la medida y su reversión, hubo una ventana de oportunidad de menos de 72 horas durante la cual las grandes exportadoras anotaron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por un volumen extraordinario —aproximadamente 19 millones de toneladas— al valor bruto completo, sin descontar retenciones.

Luego, cuando se restauraron las retenciones, estas empresas habrían comprado el grano pagando el impuesto correspondiente, pero ese precio más alto nunca se trasladó en forma íntegra al productor.

En cambio, las compañías exportadoras se quedaron con la diferencia, atribuyéndose beneficios extraordinarios a costa del Estado y de los productores. Según la denuncia, el perjuicio para el fisco podría ubicarse entre US$ 1.000 millones y US$ 1.500 millones.

Esta cifra “es alrededor de 10 veces lo asignado oficialmente al Hospital de Pediatría Garrahan para el año que viene”, compara la denuncia.

Parte de la denuncia también cuestiona la emisión de dos resoluciones sucesivas desde la Secretaría de Agricultura —la Resolución 184/2025 y la 185— que, en plazos muy estrechos, modificaron los criterios de aplicación de las DJVE, ampliando el alcance del beneficio para las exportadoras.

Además, se menciona la vigencia de la Ley Martínez Raymonda (de 2007), que impone límites legales al uso de declaraciones juradas anticipadas respecto de alícuotas cambiantes.

La ley establece que se puede acceder al beneficio de pagar menos alícuotas de retenciones, en el caso de que las DJVE se referencien en existencias reales y existentes de mercadería al momento que se hagan.

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El fisco y los productores agropecuarios fueron los más perjudicados por el caso "retenciones 0%".

Los involucrados y los argumentos en pugna

En el centro de la denuncia figuran altos responsables del Poder Ejecutivo y de Agricultura, desde el presidente Javier Milei, pasando por el jefe de gabinete Guillermo Francos, el ministro de economía Luis Caputo y el secretario de agricultura Sergio Iraeta, bajo la sospecha de haber coordinado con las empresas exportadoras esta maniobra.

Desde el sector productor ya se expresa un profundo malestar. Fueron los más perjudicados por la medida, al soportar descuentos de retenciones en ventas que luego las exportadoras no destinarían al Estado, sino que conservarían como ganancia.

Además, tal como mencionó el productor Roland Garnier a Urgente24, la medida se tomó en un momento clave para los productores, que podría haber generado un gran perjuicio sobre sus rendimientos. Esto sucede porque actualmente los productores están comprando insumos para la próxima campaña y, cuando hay un cambio de precios en los cereales, se ve reflejado en los precios de los insumos.

Las voces más críticas, además, estiman que la maniobra fue tan burda en su escala que denota una connivencia explícita entre quienes gobiernan y quienes realizan el negocio agrario.

Por otro lado, fuentes oficiales y allegadas al gobierno podrían argumentar que la medida tenía como objetivo dinamizar las exportaciones, atraer divisas y aliviar cargas en un contexto de urgencia económica. No obstante, esos argumentos quedan comprometidos si prospera la acusación de que el dispositivo normativo fue manipulado para favorecer a ciertas empresas en detrimento del interés público.

El estado del proceso judicial y los caminos posibles

La denuncia fue presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), y su formato es anónimo, lo que indicaría que quien la redactó busca resguardarse frente a represalias. Ahora depende del fiscal Sergio Rodríguez avanzar con la apertura formal de la investigación, recabar pruebas, escuchar testigos, analizar documentación operativa y, eventualmente, elevar la causa ante un juez competente en Comodoro Py.

El proceso judicial podría volverse objeto de fuerte polarización política. Si prospera, abriría un caso emblemático que fusiona lo agrario, lo fiscal y lo institucional: un Gobierno que enfrenta acusaciones directas de fraude administrativo y abuso de poder en un sector clave de la economía nacional.

Mientras tanto, el debate parlamentario, social y mediático ya está encendido. Diferentes diputados ya pidieron explicaciones a los involucrados. Esteban Paulón, diputado por Santa Fe y actual candidato a senador por Movimiento Ciudadano en CABA, hizo una presentación para que el titular de ARCA, Juan Pazo, brinde explicaciones por las resoluciones 184 y 185.

Las entidades de productores ya presionan por respuestas, y muchos aún no pueden creer los errores que comete el gobierno previo a las elecciones legislativas de octubre.

En la suma de presuntos ilícitos cometidos por el gobierno a plena luz del día, desde $Libra, hasta el 3% de Karina, pasando por la dependencia emocional con el carry trade y ahora las retenciones 0%, más que errores, parecen actos coordinados amparados por un sentimiento de impunidad, en perjuicio de los argentinos.