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EN PROBLEMAS

ANSES con menos fondos para "jubilaciones mal liquidadas"

Este año la ANSES, tendrá menos dinero para responder a los jubilados que fueron a la justicia por entender que sus haberes fueron mal liquidados

La ANSES tendrá que hacer equilibrio para responder como cuida a los jubilados cuando los afectados suponen que su haber mensual fue mal calculado e inician un juicio para cobrar los que falta. El Presupuesto 2022 redujo el disponible para los juicios

Luego de mucho tiempo, en general transcurren entre 8 y 10 años, la justicia se expide, en general a favor del jubilado, ya que los abogados patrocinantes no iniciarían la demanda si no correspondiera, y los jubilados pagarían las costas.

Según la ley previsional, las sentencias firmes deben ser canceladas dentro de los 120 días. Eso incluye el pago de la retroactividad desde dos años anteriores al inicio del juicio y el reajuste de los haberes corrientes.

Pero eso no se cumple porque ANSES abona todos los años la partida que marca el Presupuesto Nacional que alcanza a poco reducido número de sentencias .

Por cierto vale recordar que el pico de demandas judiciales se produjo como consecuencia de los fallos de la Corte Suprema, casos Badaro (2007) por los menores aumentos otorgados entre 2002 y 2006 y Elliff (2009) que ajustaron la variación de las jubilaciones y de los sueldos que se toman como referencia para el cálculo del haber inicial.

Posteriormente se agregó el fallo de la Corte (caso Lucio Blanco) que ratificó el índice ISBIC, que da un aumento más alto para los reajustes de haberes e incluye a los que se jubilaron o cesaron la actividad antes de febrero de 2018. Así unifica los criterios judiciales cuando hay que resolver demandas.

Desde comienzos de 2018, se agregaron nuevos reclamos como el fallo de la Sala III de la Cámara de la Seguridad Social, en la causa Fernández Pastor Miguel c/ANSeS, que declaró inconstitucional el aumento del 5,71% que recibieron los jubilados en marzo de 2018 de acuerdo a la ahora suspendida ley de movilidad.

La historia recuerda que La cámara ordenó que se aplique la fórmula de la movilidad anterior, que se calculó en el 14,5%, con el fundamento de que las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva. ANSeS apeló el fallo, el Procurador de la Corte dictaminó a favor del reclamo de Fernández Pastor y se sigue esperando el pronunciamiento de la Corte.

Hay además diversos reclamos por la anulación de pensiones por discapacidad, por el descuento de Ganancias sobre los montos jubilatorios y por mala liquidación de las sentencias pagadas.

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ANSES tendrá menos fondos para cubrir reclamos jubilatorios

ANSES tendrá menos fondos para cubrir reclamos jubilatorios

Pero la cosa no termina ahí

Con juicios y sentencias firmes de jubilados y pensionados de la ANSES, el proyecto de Presupuesto 2022 prevé destinar una menor cantidad de dinero al pago de esos fallos judiciales. En cambio, habrá una partida mayor para la cancelación de las sentencias de los pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El artículo 33 del proyecto de Presupuesto fija en $ 80.086 millones “la suma destinada al pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa y aquellas deudas previsionales establecidas en los acuerdos transaccionales celebrados en el marco de la Ley N° 27.260” (Reparación Histórica).

En el Presupuesto 2021 esa partida era de $ 91.277 millones. Es una baja nominal del 12,3%. Pero si se considera la inflación oficial para el año próximo del 33%, en términos reales la caída se eleva al 34%, equivalente a unos $ 40.000 millones. Detalla el portal de noticias Clarin.com.

En tanto, la partida para las sentencias de retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal, que en 2021 era de $ 39.329 millones, para 2022 se eleva a $ 60.148 millones, un 52,9% nominales, superior a la inflación.

Así si se suman ambas partidas, en 2022 para las sentencias habrá un total de $ 140.224 millones, inferior a los $ 130.606 millones de 2021.

Por otro lado, también disminuye en términos reales la partida para las Cajas provinciales de jubilaciones no transferida, ya que el proyecto de Presupuesto la fija en $ 58.477 millones, cuando para este año el monto inicial era de $ 43.965 millones, pero luego fue ajustado a $ 56.064 millones.

Un aumento nominal de apenas el 4,3% contra una inflación estimada del 33%.

Si bien hay menores pagos por los acuerdos de Reparación Histórica, este ajuste en el pago de las sentencias a los jubilados y pensionados de la ANSES sobresale en el proyecto de Presupuesto porque a junio pasado, el organismo previsional tenía 78.845 expedientes de reajustes de jubilaciones y pensiones con sentencia firme pendientes de ser liquidados.

Al promediar 2021

En tanto, el último Informe al Congreso del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, -en julio pasado- indicó que el stock de juicios de jubilados en trámite (por movilidad y otros reclamos) era de 268.998. Y el flujo anual de juicios iniciados contra ANSES desde diciembre de 2019 hasta mayo 2021 era el siguiente: en diciembre 2019 sumaron 2.080; en 2020 son 14.126; en 2021 hasta mayo, 8.037.

A pesar de los pagos de sentencias, en torno del 40.000/45.000 por año, el stock juicios se mantiene desde hace varios años en torno de esas cifras. Es que, si bien la ANSES paga todos los meses un promedio de 4.000 sentencias, por otro lado ingresan nuevos juicios y quedan firmes nuevas sentencias. Agrega la publicación.

Como adelantáramos por la ley previsional, las sentencias firmes deben ser canceladas dentro de los 120 días. Eso incluye el pago de la retroactividad desde dos años anteriores al inicio del juicio y el reajuste de los haberes corrientes. Pero eso no se cumple porque ANSES abona todos los años la partida que marca el Presupuesto Nacional.

Luego del pico de demandas judiciales por casos Badaro (2007) por los menores aumentos otorgados entre 2002 y 2006 y Elliff (2009) se agregaron nuevos reclamos.

Entre otros por la aplicación retroactiva del cambio de la movilidad previsional de fines de 2017, los aumentos por decreto de 2020 inferiores a los de la fórmula suspendida y reclamos por la anulación de pensiones por discapacidad, por el descuento de Ganancias sobre los montos jubilatorios y por mala liquidación de las sentencias pagadas.

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