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SERÁN SOBRESEÍDOS

Se cierra el Olivosgate: El juez aceptó los $3 millones

El juez Lino Mirabelli homologó los acuerdos que Alberto Fernández y Fabiola Yañez habían alcanzado con el fiscal. Cuando paguen, el Olivosgate quedará cerrado.

A partir de este lunes (23/05), Alberto Fernández y Fabiola Yañez tienen un plazo de 10 días para pagar los $3 millones, dinero que será destinado al Instituto Malbrán.

La extinción de la acción penal la firmó el juez Lino Mirabelli bajo la figura de la reparación integral, por una suma total de tres millones de pesos: el Presidente ofreció $1,6 millones y su mujer, $1,4 millones.

"El acuerdo aquí presentado versa sobre un hecho presuntamente ilícito" tal cual establece el Código Penal en en el artículo 205, que es la violación a la normativa y por el cual se encontraba imputado Alberto Fernández y Fabiola Yañez, junto a los demás integrantes de la fiesta", sostuvo el juez Mirabelli en el acuerdo.

"En ese marco, luego de la nueva petición formulada por el acusado y su defensa, es que el titular de la acción penal pública prestó su expreso consentimiento para que este proceso penal se resuelva a través del mecanismo alternativo propuesto", explicó el juez en referencia a la reparación integral y que posibilita la extinción de la acción penal.

Para llegar a la instancia de homologación hubo un paso previo, que fue la firma del acuerdo con el fiscal Fernando Domínguez. En su dictamen, había desestimado la acusación de incumplimiento de los deberes del funcionario público respecto de Alberto Fernández, ya que "el suceso pesquisado trasuntó un festejo ajeno a la función pública inherente al Presidente de la República".

Ante ese criterio, el juez Mirabelli resaltó en su resolución que "no se vislumbran impedimentos normativos que impongan denegar la posibilidad de aplicar" la reparación económica para cerrar el caso, tal como habían pedido los abogados del Presidente.

Cabe recordar que la defensa de Alberto Fernández justificó su presencia en la fiesta de cumpleaños al indicar que el Presidente no participó en su carácter de funcionario público. El fiscal Domínguez avaló dicho criterio, al decir que "el comportamiento que se le endilga a Alberto Ángel Fernández por su participación en la celebración del cumpleaños de la Primera Dama no guarda relación con el ejercicio de las funciones públicas que tenía asignadas como titular del Poder Ejecutivo Nacional".

Más allá de sus "innegables obligaciones claramente distintas a las de cualquier ciudadano", el juez Mirabelli coincidió ahora con la mirada del fiscal. "La interpretación normativa propuesta no aparece desacertada, pues, el catálogo penal designa como 'funcionario público' a 'todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente'”.

El magistrado explicó que cuando a un funcionario se lo investiga por incumplimiento de sus deberes, esa pesquisa "se refieren a hechos que hayan sido cometidos 'en el ejercicio de sus funciones' o 'en el ejercicio o en razón de su cargo'”, y comprendió que esto no aplicaba para Fernández.

Por eso se sostuvo que en esta causa "no se juzga la gestión de un gobierno, ni siquiera la gestión de una pandemia. Se evalúa la realización de una conducta antinormativa".

En otro tamo del acuerdo, Mirabelli hizo una salvedad y explicó que no se busca omitir la connotación política e institucional de los hechos "y la posible defraudación a las pautas de comportamiento ético". Sin embargo, aclaró que se busca delimitar las acciones de Alberto Fernández en el cumpleaños de la primera dama, "no pueden catalogarse como propios de la función o vinculados con el ejercicio de ella".

La participación en un evento como el investigado "no sería un acto de la función", abundó el juez, y dijo: "aunque un funcionario pueda ejercer su ocupación en cualquier momento, como tampoco lo sería que un servidor público lesionara levemente a un contrincante luego de un encuentro deportivo, aun cuando esa situación haya tenido lugar en el ámbito de una residencia oficial".

Por eso entendió que esos ejemplos "podrían ser enmarcados dentro de los delitos comunes, ajenos al ejercicio de la función, y por su carácter patrimonial o leve –por la escala penal aplicable– podrían resolverse por vía de instituto analizado", es decir: la reparación económica, ya que entendió que es una violación a la normativa que no refiere "a los delitos en el ejercicio de las funciones".

En cuanto a Fabiola Yañez, el juez recordó que la Primera Dama cuando pidió que se acepte su reparación económica, dijo: “tratándose de un hecho único, las características y connotaciones de público conocimiento, quiero manifestar mi arrepentimiento, habiendo oportunamente realizado en medios masivos de comunicación las disculpas de rigor”.

En función de eso, la primera Dama consideró que la donación ofrecida "denota un cierto compromiso activo de su parte frente al conflicto suscitado".

Al momento de analizar la oferta económica, el juez dijo que el método alternativo de solución del conflicto ofrecido por la defensa y aceptado por la fiscalía, "es para mitigar los efectos dañosos para la sociedad en este peculiar contexto histórico, aportando recursos siempre necesarios al sistema de salud y, específicamente, para la investigación científica sobre la materia que lleva adelante la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”.

De ese modo, determinó anclar la reparación al costo de insumos hospitalarios que permitiría -de algún modo- "objetivar la propuesta reparadora analizada, buscar alguna equivalencia entre el reproche penal inherente al hecho imputado, el "perjuicio" causado y la capacidad económica del justiciable y establecer un nivel de proporcionalidad plausible y razonable".

El monto ofrecido por Alberto Fernández y Fabiola Yañez, en concepto de reparación se analizaron en función de los parámetros informados por el Ministerio de Salud de la Nación, la firma "Tecnoimagen", el nomenclador del Plan de Servicios de Salud del Programa Sumar del Ministerio de Salud de PBA y del Hospital Central de San Isidro.

Al momento de determinar a cuánto equivale la propuesta económica de 3 millones de pesos, se dijo que "cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI de pacientes con COVID 19 o un total de treinta y cinco días de internación en un módulo de atención de UCI con ARM de paciente con COVID-19".

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FUENTE: Urgente24

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