Revés para la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello: la Cámara Federal porteña confirmó la medida cautelar impuesta por Sebastián Casanello y le dio "72 horas" para que "elabore un plan de distribución de dichos alimentos previendo su ejecución de modo inmediato".
ALIMENTOS
Revés para Sandra Pettovello: Cámara Federal ratifica ultimátum
La Cámara Federal porteña confirmó la cautelar de Sebastián Casanello y le dio "72 horas" al ministerio que lidera Sandra Pettovello para informar sobre un plan de distribución de los alimentos retenidos. Además, pidió sanciones para Juan Grabois y Leila Gianni.
Los jueces de la Sala II, Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, respondieron así a la apelación presentada por Capital Humano a la resolución del juez Casanello.
Ayer, el fiscal General interino ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe, había afirmado que “el intento” del Gobierno “de correr el eje de la discusión es evidente” y subrayó que investigan “delitos”, y no discuten políticas alimentarias de Gobierno.
Fue luego de que el Gobierno nacional criticara a Casanello, acusándolo de "entrometerse en la política pública”, “violar la división de poderes”, además de calificarlo dentro de los "jueces militantes".
En su voto el presidente de la Sala, Martín Irurzun sostuvo: “La decisión fue adoptada por un juez penal en el marco de una causa en desarrollo, con lo cual no puede sostenerse -como pretende la recurrente- que estamos en presencia de una intromisión indebida de la justicia en esferas que son de exclusiva competencia de otro órgano del Estado”.
Al profundizar en este punto, el camarista añadió: “No están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”.
En ese contexto, Irurzun resaltó: “esta sede no interviene para discutir aspectos propios de las acciones colectivas que tramitan en aquél fuero y que tienen como objetivo la continuidad de un sistema de entrega de alimentos por parte del Estado Nacional, sino investigar los hechos ilícitos denunciados y adoptar -en base a ellos e incluso desde el inicio de la causa- aquellas medidas que tiendan a evitar la consolidación, continuidad o extensión del daño".
“Bajo tal perspectiva, sin desconocer que se tomaron acciones para distribuir los productos cuyo vencimiento está más cerca pero sin perder de vista que aún existen otros productos cuya caducidad se encuentra próxima, entiendo que corresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, entiendo que c orresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, encomendándole a su vez que ajuste y reencamine la pesquisa de conformidad con el objeto penal denunciado”, agregó.
Por su parte, el juez Farah sostuvo que Casanello partió de la base de su competencia penal para la averiguación de los delitos denunciados y de la estrecha relación entre ello y los alimentos almacenados que no estaban siendo entregados.
Se entendió que la medida cautelar “puso el acento en expresas previsiones de uno de los tratados internacionales con jerarquía constitucional que resultan de aplicación al caso por existir en el país una situación de pobreza de alcances significativos y por haberse demostrado la existencia de numerosos alimentos adquiridos y almacenados para ser destinados a paliar aquella situación”.
Además, se explicó en el fallo, Casanello no ordenó la entrega de los alimentos, sino que encomendó “al Ministerio de Capital Humano que, en el marco de sus competencias, elabore un plan de distribución” de los alimentos almacenados en 2 depósitos concretos.
Esta diferencia “pone de manifiesto una actitud de prudencia del Juez de Primera Instancia, que debe ser destacada".
Denuncias contra Juan Grabois y Leila Gianni
Ayer, la Cámara hizo una audiencia con las partes -para escucharlas antes de la decisión que tomó hoy- y en esa reunión Juan Grabois, que es el denunciante, se cruzó con Leila Gianni, la funcionaria de Capital Humano que representaba a la ministra Sandra Pettovello.
Los fuertes cruces entre ambos continuaron a la salida de la audiencia y quedaron filmados. Luego, Juan Grabois, en sus redes sociales, hizo un descargo hablando de este escándalo: "francamente, hubiera preferido no profundizar el formato agresivo que se ha convertido en la regla del debate público, pero son gente muy provocadora, muy jodida y yo tengo sangre. Me hierve de indignación frente a tanto cinismo y tanta crueldad. Me hierve la sangre ante tanta mentira e impunidad. Voy a intentar no responder en su mismo registro en el futuro, no prometo nada porque modocito no soy y el bullying de los libertarios-domadores no hay que dejarlo pasar. En cualquier caso, por favor, no olvidemos que lo importante es que a nadie le falte para comer y el Gobierno está incumpliendo su obligación constitucional con una alevosía repugnante".
Gianni, por su parte, se encargó de retuitear comentarios de apoyo, con críticas a Grabois por llamarla "puta del poder".
En su fallo de hoy, los jueces también hicieron un llamado de atención sobre las conductas de los dos y los denunciaron ante el Colegio Público de Abogados -los dos son abogados- y ante el Ministerio de Capital Humano, donde Gianni es secretaria legal.
Los camaristas dispusieron, por mayoría, “el libramiento de oficios con copia del presente pronunciamiento al Colegio Público de Abogados de esta ciudad y al Ministerio de Capital Humano de la Nación a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Juan Grabois y Leila Gianni en la audiencia celebrada ante esta Sala”.
La reacción de Grabois, hace instantes: