7D: Clarín responde y acusa al gobierno de desmantelar el fuero judicial

el Gobierno Nacional salió este jueves (22/11) a acusar al Grupo Clarín por haber recurrido a la Corte de Justicia con una denuncia por "privación de Justicia" dado el vaciamiento que produjo el Ejecutivo sobre el fuero Civil y Comercial que debe resolver el pedido de extensión de la medida cautelar que beneficia al holding mediático en cuanto a la Ley de Medios.

En conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Julio Alak, acompañado de miembros oficialistas del Consejo de la Magistratura, denunció que la "estrategia" el Grupo Clarín es "mantener una cautelar eterna" sobre el artículo 161 de la ley,es decir, el de la desinversión.

La empresa que dirige Héctor Magnetto presentó este miércoles (21/11) un extenso escrito ante el Supremo Tribunal en el que  alegó “un ostensible estado de indefensión y privación de justicia” producto de las recusaciones de magistrados, excusaciones y renuncias lo que impide conformar el tribunal que debe resolver el pedido de extensión de la acción de amparo que vence el 7/12, fecha denominada '7D'.

Para Alak, "Clarín pretende que la Corte se convierta en legislador y lo exima de cumplir con el artículo 161". "La Corte tiene la facultad de interpretación de la ley y no la sanción de las normas en la Argentina", agregó.

De acuerdo a su visión, el grupo mediático solicitó un "per saltum con forma de avocación". La avocación es un instrumento del derecho administrativo para la traslación del ejercicio de la competencia para resolver en un asunto concreto, desde un órgano jerárquicamente inferior hacia otro que sea superior.

Alak comparó la presentación de Clarín con otra que ya hizo el ejecutivo respecto a la "normalización de la designación de jueces" en el fuero Civil y Comercial, lo que fue rechazado por el Supremo Tribunal.

Comunicado del Grupo Clarín:

“El Grupo Clarín rechaza y repudia las expresiones del ministro de justicia Julio Alak y del senador Marcelo Fuentes, y ratifica que seguirá ejerciendo su derecho constitucional de acudir a la Justicia pese a todas las maniobras oficiales para vaciar los fueros competentes, evitar las resoluciones judiciales e imponer jueces adictos.

Calificar con exabruptos como ‘sedicioso’ o de ‘incumplidor de la ley’ a quien hace lo que la Constitución y el estado de derecho prevén, es otro modo de desviar el foco sobre la maniobra, inédita en democracia, que ha llevado adelante el Gobierno para desmantelar un fuero judicial completo. Justamente el fuero que la Corte Suprema ha considerado competente para decidir sobre la constitucionalidad de dos artículos de la ley de medios.

[ pagebreak ]

El Grupo Clarín concurrió a la Corte en los términos del artículo 24, inciso 7 del Decreto 1285/58, que establece que es dicho tribunal quien decide ‘sobre el juez competente cuando su intervención sea indispensable para evitar una efectiva privación de Justicia’.

Esa es, sin dudas, la situación en la que el Grupo Clarín se encuentra hoy, ya que los jueces naturales que deberían fallar sobre el juicio de fondo, así como sobre la protección de sus derechos mientras se define aquel juicio, han sido sistemáticamente corridos, uno por uno, por una acción sistemática y coordinada del Gobierno Nacional. En efecto, mediante amenazas, presiones, recusaciones y denuncias falsas, el Poder Ejecutivo ha logrado vaciar un fuero completo, provocando el desplazamiento de 10 magistrados y dejando al Grupo Clarín sin la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial eficaz, oportuno e independiente.

Acusar a quien acude a las instituciones del país, del modo en que su ordenamiento jurídico indica, de violentar principios democráticos o de no cumplir la ley, es una señal de desprecio a la Constitución y la división de poderes más propia de los autoritarismos que de las democracias.

Como ha dicho muchas veces, Clarín cumple la ley y respeta la Justicia. Por eso, ante el estado de indefensión judicial al que lo han sometido las maniobras del Gobierno, sólo está pidiendo, de acuerdo a lo que marcó la propia Corte Suprema el 22 de mayo pasado, que sus derechos se mantengan protegidos mientras se define el juicio de fondo, dadas las recientes dilaciones derivadas exclusivamente de las maniobras del Estado Nacional, ya que desde el 26 de septiembre pasado la causa está lista para dictar sentencia”.