El caso del cumpleaños clandestino de Fabiola Yáñez en la quinta de Olivos durante la cuarentena dura de 2020 -conocido como el Olivosgate- metió a Alberto Fernández en un laberinto en el que el propio Presidente parece empujarse más hacia su interior.
ZAFAR
Olivosgate: El berenjenal judicial de Alberto Fernández
El Presidente buscará cerrar la polémica del Olivosgate con un gesto, pero sin reconocer el delito que cometió.
Por esta horas el jefe de Estado diseña la estrategia que presentará ante el fiscal Ramiro González, que investiga los sucesos de la noche del 14/07 del año pasado, cuando en medio de las restricciones sanitarias impuestas por el Ejecutivo su titular recibía a una decenas de personas para agasajar a su pareja.
Fernández recurrió nuevamente a los servicios del mediático Gregorio Dalbón, quien ya lo asesora en el pleito que mantiene con Patricia Bullrich, a quien acusó de difamarlo.
Y aquí empieza el berenjenal.
Según hizo trascender el jefe de Estado a los medios, está dispuesto a llegar a un acuerdo con el fiscal y donaría parte de su salario presidencial como reparación. Pero los trascendidos agregan que Fernández insistirá en que no cometió un delito cuando violó la cuarentena, en clara colisión con el artículo 205 del Código Penal que el mismo mandatario invocó en sus DNU que implementaron el aislamiento.
Recorrido
Hasta ahora, el recorrido de Fernández en el caso ha sido sinuoso. El Presidente inicialmente redujo el episodio a "un error, un desliz" y pidió disculpas. Pero se mostró reacio a colaborar con la Justicia. "Sólo le debo respuestas al Pueblo", dijo en un discurso posterior al escándalo.
Luego impulsó la versión de que "no hubo delito", apoyado además por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, porque del evento social de Olivos no resultó ningún contagio de Covid-19. "Lo que investiga la justicia federal es lo que se llama un Delito de Peligro Abstracto. Por lo tanto, como está probado que no hubo contagios durante el brindis, no hay configuración de la figura penal”, hizo trascender el profesor Fernández.
Pero un delito de "peligro abstracto" (en el que no son importantes los efectos de la acción) es un delito al fin. Además, la acusación no versa sobre la propagación del virus, sino sobre la mera infracción a la normativa vigente, la misma con la que el Presidente prometió "meter presos" a quienes la violaran.
24 horas después, surge, nuevamente desde las usinas del Gobierno, que el Presidente ahora busca un acuerdo con el fiscal, lo que implica una admisión de la comisión del delito, aunque se insistirá en que no lo hubo.
“No hay delito. Sin embargo, el Presidente quiere hacerse cargo ante la justicia”, explicó Dalbón, a infobae.com. "Si no hay delito, ¿por qué Alberto Fernández lo reconocería?", preguntó ese medio. Dalbón respondió: "Estoy defendiendo a un hombre inocente. No tengo dudas. El Presidente quiere hacerse cargo por una cuestión ética y moral".
Sueldo
Ese "hacerse cargo" implicaría llegar a un acuerdo con el fiscal mediante el cual el Presidente realice una "reparación voluntaria" por la violación a la cuarentena y así cerrar la causa. Esa "reparación" se haría mediante la donación de parte de su salario. Es algo que Fernández ya tiene decidido hacer, independientemente de como avance la causa, sostiene clarín.com. La donación iría al Instituto Malbrán.
Ese medio agrega que en el Gobierno aseguran que no está descartado que lo haga antes de las primarias, pero estiman que será después del 12/09.
Se insistirá en que no hubo delito, con el antecedente del caso similar de Facundo Moyano, en la que el mismo fiscal González dictaminó que “la insignificancia del comportamiento denunciado no afecta gravemente al interés público”.
De esa forma, el Presidente busca cerrar la causa que explotó en la inminencia del proceso electoral. La "reparación" no sólo apuntaría a la infracción sino también a recuperar -con el gesto- votantes que se alejaron del Frente de Todos por el escandaloso episodio.












