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JAQUE A LA DEMOCRACIA

Ley de odio: la peligrosa limitación de los medios

A pesar de la negación de Gabriela Cerruti, el gobierno coquetea con una posible ley para regular "los discursos de odio". Los riesgos de su aplicación.

Desde hace unos días, las expresiones “ley de odio” o “ley mordaza” vienen copando totalmente la agenda mediática y política, a raíz de la instalación del relato kirchnerista que sostiene un vínculo directo entre el fallido atentado a CFK y los presuntos “discursos de odio” de los medios y dirigentes políticos opositores.

A pesar de que la portavoz oficial Gabriela Cerruti negó este martes (6/9) que el oficialismo se encuentra trabajando en una ley, en la última semana, referentes kirchneristas pidieron imitar legislaciones vigentes en Venezuela. La aplicación de esta ley, a modo de espejo del país latinoamericano, significaría una severa limitación a la libertad de expresión de los medios, y por lo tanto implicaría un jaque a la democracia.

Para entender mejor las implicaciones de esta norma, es necesario detallar la que rige en Venezuela. Su nombre completo es Ley del odio por la convivencia pacífica y la tolerancia ( curiosamente no respeta opiniones ajenas y diversas). La norma fue aprobada en 2017 y, apenas sancionada, recibió el rechazo de la OEA (Organización de los Estados Americanos).

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La ley de odio que rige en Venezuela tiene penas graves. Una opinión contraria al poder oficial, o un discurso que se considera de odio por un sector partidario de la sociedad puede derivar en 20 años de cárcel.

La ley de odio que rige en Venezuela tiene penas graves. Una opinión contraria al poder oficial, o un discurso que se considera de odio por un sector partidario de la sociedad puede derivar en 20 años de cárcel.

Además, tiene penas gravísimas, hasta 20 años de cárcel. “Una expresión de odio puede ser sancionada por un castigo penal superior a un asesinato”, afirmó el director de la ONG Espacio Público (organismo que registra a todos los presos por la ley del odio), Carlos Correa en diálogo con TN. Es decir, 20 años de cárcel por una opinión contraria al poder oficial, o por un discurso que se considera de odio por un sector partidario de la sociedad.

En el caso de nuestro país el gobierno, el FdT y líderes de opinión (medios oficialistas, Télam, C5N) pretenden utilizar de manera oportunista y totalmente arbitraria el concepto de odio y reducir el término al mero disenso político. La realidad es que, según las Naciones Unidas (ONU) no todo crítica es discurso de odio. Hay cuestiones de minorías religiosas, género, etc que sí tienen que ver con esa violenta retórica que están bien definidas por las Naciones Unidas (ONU) pero no aplica para las expresiones de las diversas apreciaciones políticas. “El discurso de odio es: cualquier tipo de comunicación verbal, escrita o conductual, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio con referencia a una persona o grupo sobre la base de quiénes son, su religión o etnia", detalla la ONU.

El mal uso del término lo protagonizó el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero que en sus redes sociales apuntó contra periodistas de TN quienes habían mostrado solo su inquietud ante el fallido atentado contra CFK. Más allá de que la justicia investiga un intento de asesinato, los conductores solo plantearon que había cosas en el caso inciertas. Pero Cafiero lo entendió como discurso del odio y twitteó: “Le gatillaron en la cabeza a la vicepresidenta. Pero el odio deshumaniza hasta llegar a un límite que creíamos inalcanzable”.

https://twitter.com/SantiagoCafiero/status/1566839283347927041

En este sentido, el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos (FdT), José Mayans que se reunió este martes con el Alberto Fernández, fue uno de los primeros políticos oficialistas en hacer alusión a una ley similar a la de Venezuela, tras exigir que se frene el juicio de vialidad contra CFK: “Hay gente que se sienta en un programa de televisión, te estigmatiza y no hay forma de defensa”, sostuvo en declaraciones a Radio 10. Un rato después, y por la misma emisora, el propio Nicolás Maduro defendió esa ley al afirmar que promueve que la sociedad “entre al combate de las ideas”.

Además, el presidente de Venezuela envió una carta de solidaridad a Cristina Kirchner, tras el pedido de condena de 12 años, en la que acusa implícitamente a la oposición de estar detrás de la violencia discursiva, llamándolos “enemigos de tu patria”. “[...]recio combate que libras contra los enemigos de tu Patria. Admiro profundamente la nobleza con la que has enfrentado semejante vendaval de injurias arrojado contra ti, dignísima heredera de Juana Azurduy y de Evita Perón”, expresó.

La misma portavoz Gabriel Cerruti en dialogo con LN + opinó: “Hay periodistas con nombre y apellido que son partícipes necesarios muy centrales de la construcción del odio en Argentina y que hagan una autocrítica y que ese discurso que les genera uno o dos puntos más de rating tiene profundas consecuencias sociales, discursos que generan otros discursos de persecución, de expulsión y de exterminio”.

“Las y los periodistas y la dirigencia tienen un rol social que les endilga una responsabilidad democrática; no pueden hacerse los inocentes o los sorprendidos”, escribió, por su parte, Victoria Donda en una columna publicada por Infobae. “Por eso nos urge como sociedad tener una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas".

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La titular del INADI Victoria Donda propuso una " herramienta legal que sancione los discursos de odio".

La titular del INADI Victoria Donda propuso una " herramienta legal que sancione los discursos de odio".

En otra columna de opinión la titular del INADI había asociado directamente el atentado contra CFK con los discursos de referentes opositores: “La pistola en la cabeza de Cristina es la pistola en la cabeza de nuestra democracia, es la pistola en la cabeza de nuestro pueblo, y las armas de los odiadores las cargan los Macri, las Bullrich, los Milei, las Granata y los López Murphy”.

En esta línea, Carlos Correa, director de la ONG espacio público, en la misma entrevista con TN repudió la ley vigente en Venezuela y ejemplificó los peligros de su aplicación. Entre paréntesis: Uno de los interrogantes que se desprende en torno a este debate es:

¿Quién decide en los discursos políticos qué es el odio o qué no lo es? ¿Una mayoría regida por su fanatismo ideológico que entienden que toda crítica hacia sus ideas o creencias es violenta u “odio”?

“La norma tiene una definición vaga e imprecisa en cuanto a lo que se considera delito de odio”, aclaró Correa. “En Venezuela la norma se fue aplicando contra la crítica legítima que es parte de la democracia. Muchas veces se aplica para castigar a quienes hacen alguna crítica contra quienes están en el ejercicio del poder”, agregó.

Correa además contó una serie de ejemplos en los que se advierte la intolerancia del gobierno Venezolano con el humor político. Relató que se intentó aplicar a una parodia de unos bomberos que criticaron al presidente Maduro, a un poeta que manifestó su disconformidad con el gobierno y contra líderes sindicales. A su vez afirmó que está tratándose de aplicar a personas que formulan críticas desde las redes sociales o en medios de comunicación interpersonal como Whatsapp, y surge otra pregunta ¿Cómo se garantiza en esos casos la privacidad del usuario?

Asimismo, remarcó que en los últimos dos años hay varias personas, que por incumplir la norma, “están sometidas a procesos judiciales. Hay personas están privadas de su libertad, detenidas. Tiene una sanción previa". Pero las consecuencias perjudiciales de la vigencia de la ley del odio en una sociedad democrática no terminan allí.

La ley tiene un efecto importantísimo en el debate público porque si uno ve que lo pueden sancionar por expresar algo contrario a la mayoría o al gobierno podría inhibirse, tendría miedo a decir algo y empezaría a regirse bajo el espiral de silencio en la sociedad (la teoría es de Elizabeth Neumann); muy peligroso en la democracia, en la que el ciudadano por temor a ser cancelado por sus pares o sancionado por una justicia arbitraria tiende a callar. En esa sociedad no se garantizaría de ninguna forma la libertad expresión y diversidad de opiniones.

La proposición de los referentes de FdT aterra porque este tipo de leyes se utiliza en Venezuela (espejo deseado por muchos de los K), como se mencionó, para castigar a quienes piensan distinto del poder oficial. De ahí que es peligroso la defensa de regularizar estos supuestos “discursos de odio”.

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Sergio Berensztein advirtió sobre la norma de odio: "Esta ley implicaría una reversión hacia el autoritarismo en una sociedad con fragilidad institucional muy significativa".

Sergio Berensztein advirtió sobre la norma de odio: "Esta ley implicaría una reversión hacia el autoritarismo en una sociedad con fragilidad institucional muy significativa".

Es interesante destacar las palabras del analista político Sergio Berensztein sobre este tema: “En un sistema democrático hay que garantizar la libertad de expresión. La política necesita de la crítica. Definir qué se puede o no decir es imposible sobre todo en temas políticas. No hay manera que mejore la política pública y el debate sin críticas”. Y continuó: "Cuando el gobierno sea oposición van a reclamar que no haya regulación. Cuando no tenés el poder, no te va gustar que te regulen que podés decir y que no".

Y ,por último, alertó: “Esta ley implicaría una reversión hacia el autoritarismo en una sociedad con fragilidad institucional muy significativa".

En este mundo digitalizado, con spams, fuentes anónimos, discurso infundados y fakes news, que sumergen al ciudadano en un escenario de angustia e incertidumbre, sin dudas, algunos sectores indolentes se ven tentados a formular soluciones vagas y simplistas. Sin embargo, el contexto complejo requiere del trabajo arduo y la cooperación entre los gobiernos para encontrar una solución eficaz que frene la proliferación de las noticias falsas que nada contribuyen al debate público. Pero el establecimiento de una ley de odio sería totalmente contrario a un sistema democrático, cuyo buen funcionamiento se garantiza a través de la libertad de expresión, diversidad de opiniones y un periodismo crítico.

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