Fuerte revés para la Argentina: El juicio por la expropiación de YPF seguirá en USA

El gobierno argentino, primero con Mauricio Macri y luego con Alberto Fernández, pretendía que la causa sea trasladada a los tribunales de nuestro país debido a que ya existe un juicio en curso con numerosas medidas de prueba, iniciado por una denuncia de la ex diputada de Cambiemos Elisa Carrió y a cargo del juez federal Ariel Lijo, en el que se investiga un supuesto fraude en la compra de las acciones de YPF por parte del Grupo Petersen en 2008.

Según publica Ámbito.com, la jueza dictaminó además que el próximo 19 de junio las partes volverán a reunirse en su tribunal, y donde deberían procurar un acuerdo sobre la forma de liquidar el dinero; ya que en octubre de 2016 la magistrada ya había fallado a favor de los demandantes; sentencia que quedó firme en las dos apelaciones que en su momento hizo el gobierno de Macri.

Se descarta que Argentina rechazará liquidar el dinero que se reclama y que se reservará el derecho de apelar ante la Cámara de Nueva York o, incluso, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de USA. Aunque ninguna de estas instancias le garantizan al país triunfar en la causa; sí le darán un tiempo imprescindible para rearmar la estrategia judicial y quizá hasta dos años hasta llegar a diagramar un cronograma de pagos.

Además, podría haber otra complicación para el país: es que si Preska siguiera la jurisprudencia que en su momento mantuvo su antecesor Thomas Griesa; le podría prohibir el pago en Wall Street de las liquidaciones de deuda dentro del programa de renegociación que está encabezando el ministro Martín Guzmán. Así lo decretó el juez ya fallecido durante el "Juicio del Siglo" contra los fondos buitres, obligando al país a llegar a un "default técnico" en 2014 por decidirse, para evitar embargos, liquidar los vencimientos de deuda en Buenos Aires durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En julio del año pasado, Preska le había pedido a las partes que expusieran sus argumentos sobre lo que la ley estadounidense denomina "forum non conveniens". Así, el Estado argentino tuvo que argumentar por escrito por qué no es conveniente que esta demanda prosiga en la Justicia de Nueva York y Burford por qué sí lo es. Esa decisión había sido interpretada de manera positiva porque la Argentina ganó tiempo en plena campaña electoral

Sin embargo, ahora la magistrada falló en contra de la Argentina, lo que implica un duro revés.

El Gobierno argentino sostuvo que Petersen es una empresa ficticia española formada y controlada por ciudadanos argentinos "que entró en un conjunto muy dudoso de acuerdos evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF", por lo que "deberían ser anulados ab initio".

El pedido de nuestro país de trasladar el juicio a los tribunales argentinos ya fue rechazado a fines de junio por la Corte Suprema de Justicia de USA.

A principios de 2019, la defensa argentina perdió el primer round de la batalla legal con Burford. Frente al reclamo económico del hedge fund, los abogados de la Procuración y de YPF plantearon que la reestatización fue un hecho soberano del Estado que está contemplado en el artículo 17 de la Constitución Nacional, en la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera y en la Ley 26.741 (de Expropiación de YPF). En rigor, no discutieron directamente la jurisdicción del caso, sino la naturaleza del Derecho que está en juego. Preska sostuvo, en cambio, la posición de Burford, que alegó que la expropiación le produjo un perjuicio de índole comercial. De nuevo, lo que se discutió en esa primera contienda fue la naturaleza del derecho que estaba involucrado y no la jurisdicción, por más que, en los hechos, lo que estaba en juego era dónde correspondía litigar. 

Ahora, con la decisión de Preska de continuar el juicio en territorio estadounidense se materializará un hecho infrecuente: un magistrado de USA –formado en base al derecho sajón del common law– deberá aplicar sentencia sobre la base del sistema legal argentino, que se apoya en el derecho codicado. 

Desde 2015 Burford -un bufete de acción global que cotiza en la bolsa de Londres, al que muchos comparan por su accionar como un “fondo buitre”- lleva adelante una demanda contra el Estado argentino por supuesto incumplimiento del estatuto de YPF al realizarse la expropiación del 51% de las acciones de la compañia durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en 2012.

Burford está a cargo de parte de las demandas de dos socios minoritarios (Eton y dos empresas quebradas Petersen, que al momento del juicio no pertenecían al Grupo Petersen de Argentina), que argumentan que YPF debió hacer una oferta pública a los minoritarios y no sólo “arreglar” con el socio mayoritario al momento de la expropiación, la española Repsol.