Cada vez, más movimientos en el Tercer Poder y la situación judicial de CFK no "mejora"...

La insistencia con la "ampliación de la Corte", de Horacio Verbitsky en 'El Cohete a la Luna', a propósito de la reposición provisoria de los jueces Bruglia y Bertuzzi, que volvieron a la Cámara Federal, y la insistencia de Cristina Fernández de Kirchner de avanzar a fondo con la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, para quitar el requisito de la mayoría agravada que hoy se necesita para nombrar procurador, contra lo que pidió Daniel Rafecas, candidato de Alberto Fernández, generan cada vez más tensiones en el poder judicial.

Se suma a ello que los jueces Bruglia y Bertuzzi, que decidieron volver al trabajo tras el fallo de la Corte que los confirmó de modo interino y luego de la marcha del 8N donde fueron respaldados, evalúan postularse para retener sus lugares. ¿Cómo impedirlo?

Por ahora, permanecerán en el cargo dejando de lado la opción de la renuncia. La Sala I de la Cámara federal porteña, que integran Bruglia y Bertuzzi, es una de las instancias más importantes en el esquema judicial porque es la que se encarga de revisar las decisiones de los jueces de instrucción y de confirmar o no sus fallos. Intervienen en casos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico, entre otros delitos federales. Su decisión es la instancia previa para que el juez del caso avance hacia la elevación a juicio oral. Fue lo que hicieron con la causa de los Cuadernos de las Coimas, por ejemplo, y por eso Cristina Kirchner buscaría desplazarlos.

También ratificaron procesamientos en otros expedientes por presunto lavado que involucran a los hijos de la ex presidenta. Además, los camaristas intervinieron en causas contra ex funcionarios K como Amado Boudou, Julio De Vido y José López, entre otros.

La permanencia de los camaristas en sus despachos será hasta que se realicen los concursos en el Consejo de la Magistratura, como ordenó la Corte, y se elijan nuevos jueces.

Por eso, el oficialismo en el Consejo busca apurar los concursos. De hecho su presidente, el juez Alberto Lugones, dijo que "en seis meses" deberían estar terminados.  

Mientras, Bertuzzi y Bruglia, quienes comenzaron el trabajo de análisis sobre varios fallos que serán resueltos por el tribunal en los próximos días, según publicó el diario 'Clarín' citando fuentes judiciales, tomaron la decisión de la Corte como una derrota, dado que ambos esperaban una validación sin condiciones por parte del máximo tribunal respecto de sus traslados. 

Sin embargo,  entendieron que podían permanecer en la Cámara Federal porteña pero sólo hasta que se cubran los cargos a través de un concurso, del que podrán participar.

El único que votó por su ratificación sin plazos fue Rosenkrantz, titular del Alto Tribunal, quien nuevamente, quedó en soledad.

Frente a esa interpretación, la resolución de la Corte se instaló como un triunfo político para las intenciones de la vicepresidenta.

"Por su lado, Germán Castelli, el tercer juez que buscó desplazar el kirchnerismo, también se reintegró a sus funciones en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) desde este lunes. El TOF 7 es el responsable de realizar el juicio contra la vicepresidenta en el caso de los Cuadernos de las Coimas. El magistrado atribuyó la discusión sobre su traslado a las causas penales en las que debía intervenir cuya principal imputada es Cristina Kirchner", publicó ese matutino.

La semana pasada, la Corte no se pronunció sobre el planteo de fondo de Castelli, sino que postergó la resolución a la espera de que la justicia en los Contencioso Administrativo resuelva su reclamo. Tras esa definición, el máximo tribunal hará lo propio. Con esta medida, estaba en condiciones también de regresar al TOF 7, algo que concretó este lunes. 

El dilema, planteado por el diario 'La Nación', es el historial de demoras y sospechas que acumulan lo concursos de jueces para cubrir vacantes en los tribunales que investigan las principales causas de corrupción, en los últimos tiempos.

Y si bien, el presidente del Consejo, Alberto Lugones, dijo esta semana que apuestan a hacer un concurso transparente y rápido, para tenerlo terminado en seis meses, los antecedentes son poco alentadores.

Hoy, 3 de los 12 juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py están vacantes. "A la renuncia de Sergio Torres se sumaron este año la muerte de Claudio Bonadio y la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral. Para cubrir el juzgado de Torres, se abrió un concurso que se frenó en febrero, cuando se detectó un episodio insólito: en el examen escrito que les tomaron a los candidatos a jueces apareció una prueba sin nombre que no pudo ser asignada a ninguno de los 77 concursantes. Se abrió entonces una auditoría. La diputada Graciela Camaño, presidenta de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, dijo a La Nación que esa auditoría terminó el mes pasado y que se pudo identificar al dueño del examen, pero que de esa investigación surgieron otras "irregularidades" que motivaron la apertura de un sumario.

"La auditoría nos dejó una serie de inquietudes metodológicas y nos advirtió sobre irregularidades. Por eso, mandamos a hacer un sumario", relató Camaño. Entre esas "irregularidades" -explicó- se advirtió que varios de los exámenes habían quedado cargados en las computadoras que se usaron para las pruebas y eso conspiraría contra el anonimato del proceso. Además, Camaño ordenó una auditoría sobre el "sistema informático" que se usa en los concursos para revisar cómo se sortea a los jurados", contó el matutino.

Para la segunda vacante, la de Bonadio, cuando acababa de detectarse el problema del concurso anterior, los consejeros decidieron entonces no acumular la nueva vacante a aquel proceso. Abrieron otro. Así, de mínima, el error o irregularidad ya produjo un primer efecto en los trámites para cubrir los juzgados que desvelan al poder. Acumular o no vacantes es decisión del Consejo, pero haber abierto un nuevo concurso habilita a postulantes que no se presentaron en el anterior (o que les fue mal) a concursar en el nuevo. En el segundo concurso, que por ahora es para dos cargos, está pendiente sortear a los jurados para empezar con el proceso.

El último trámite para cubrir la vacante de un juzgado federal de instrucción de Comodoro Py duró 3 años. El anterior, que era para 4 cargos, 7. También estuvo sospechado de trampas. Hubo incluso una causa penal para investigar lo ocurrido, que fue cerrada por la jueza María Servini.

En cuanto a la Cámara Federal, cuenta también 'La Nación', por orden de la Corte ahora se abrirá un nuevo concurso, pero ya hay uno en trámite que marcha lento. Hace más de dos años que se tomaron los exámenes. Ahora, lo que falta es definir a los candidatos a jueces que el Consejo le propondrá al Presidente. Para aprobar cada terna, es necesario una mayoría especial (dos tercios de los consejeros presentes), mayoría que el oficialismo no tiene por sí solo. Este es un punto en el que suelen trabarse los concursos. Pero además, en este caso, no está claro cuántas vacantes hay que cubrir: el trámite era para dos, pero es posible que después del fallo de la Corte vuelva a la Cámara Eduardo Farah, que integraba el tribunal hasta que fue trasladado.

En el Consejo está en marcha además un concurso para nombrar nuevos jueces en los tribunales orales federales de Comodoro Py. Cada causa penal empieza su camino en los juzgados de instrucción (cuyas principales decisiones revisa la Cámara Federal) y sigue en los tribunales orales, donde hoy están, por ejemplo, las principales investigaciones de corrupción contra el kirchnerismo -la mayoría, esperando ser juzgadas-.

El concurso para los tribunales orales es para 7 cargos. De acuerdo con el propio Consejo, "la extensión del plazo para la conclusión del procedimiento venció el 26/12/2018". Los exámenes, en este caso también, fueron hace más de dos años. Y este es otro concurso donde no está claro cuántas son hoy las vacantes.

Mientras... en el Senado

Mientras tanto, la comisión de Justicia del Senado, cuyo titular es el legislador ultrakirchnerista Oscar Parrilli, continuará en la tarde de hoy con la discusión de dos proyectos de la oposición -con pedidos de retiro que el oficialismo rechazó- que el Frente de Todos usa de base para modificar la mayoría de dos tercios que necesita, en la actualidad, el cargo de procurador general. Es decir, el jefe de los fiscales.

El oficialismo intentará estirar las reuniones informativas al menos hasta que se pronuncie, en la segunda mitad del corriente mes, el consejo consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por el Alberto Fernández, y que aparece en línea con las intenciones del kirchnerismo con respecto a la Procuración General.

El debate en cuestión se da en medio de las idas y vueltas con respecto a la candidatura para dicha plaza del magistrado federal Daniel Rafecas, quien se opone a los cambios en la mayoría de los dos tercios -el cristinismo quiere ir a fondo con las modificaciones, pero la Casa Rosada quiere sostener a su postulante-, en una situación que también generó revuelo y una fuerte interna en la oposición macrista, tras una nueva "reaparición" de Elisa Carrió en los medios.

La semana pasada, tres "expertos" expusieron en la comisión y al menos dos coincidieron en suavizar las mayorías -el otro no se opuso, sino que hizo foco en apuntar esfuerzos hacia el control estricto del Ministerio Público-, siempre y cuando deje de ser vitalicio el cargo del procurador.

"Si se opta por un mandato de cuatro años, con cambio de Gobierno y de procurador, el número de la mayoría se puede relajar", expresó el titular del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, Ernesto Binder.

Según publicó el diario 'Ambito Financiero', el especialista recordó que "todos los países de América Latina que pasaron a un sistema acusatorio abandonaron la idea del carácter vitalicio del Ministerio Público", y agregó que ya tomaron ese camino Santa Fe, Salta, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, Binder dejó claro que "si uno va a los modelos de seis años y que el procurador trabaje con Gobierno de distinto signo, es mejor tener el número de los dos tercios para que tenga consenso de la dirigencia política".

"Me parece bien que pensemos al próximo procurador vinculado con el Poder Ejecutivo y con la política criminal. No está mal que se imponga una limitación al período. No podría decir si es mejor cinco o seis. Me parece un tema menor el de las mayorías", manifestó el abogado Maximiliano Rusconi.

El tercer disertante fue el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta. "Si hay un límite en la periodicidad de los mandatos, el problema de las mayorías se relativiza", consideró. Y advirtió: "No hay nada peor que tener un procurador interino como regla. Hay que tener un procurador que esté legitimado".