Lo de UTA pudo ser peor pero DOTA alivió a Javier Milei. En el otro tema, Fundación Capital: "Las autoridades buscan reeditar el escenario del blanqueo, sumando la búsqueda de una remonetización en dólares a los ya obtenidos desembolsos de organismos internacionales. Si bien habrá que ver qué tipo de medidas se impulsan, las autoridades parecen estar apostando por un ingreso de dólares que ayude a mantener el tipo de cambio más cerca del piso que del techo de la banda, funcionando como ancla para la desinflación." Lo de Ficha Limpia está más complicado: PRO VS. LLA compiten por quién recibe la medalla de la clase media porteña anti K en vísperas del comicio del 18/05. En cuanto al lavarropas de Luis Caputo, GAFI ya lo advirtió en 2024: "También se identificaron problemas con los informes de transacciones sospechosas de sectores de alto riesgo, como valores, bienes raíces y proveedores de servicios de activos virtuales, el uso limitado de inteligencia de los movimientos de efectivo transfronterizos y los bajos niveles de inteligencia relacionada con el financiamiento del terrorismo." Comienzo del VIVO del martes 06/05:
Tormenta por fotomultas: Del error de Mario Yemes al alerta sindical
Fue muy curioso el relato de Grupo La Provincia, de Mario Antonio Yemes, sobre los allanamientos ocurridos en la causa judicial sobre presuntas irregularidades en contratos de radarización vial: todo fue exactamente al revés del relato de Yemes.
Sin embargo, horas después el tema escala a los sindicatos municipales: la situación de las empresas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., del empresario Leandro Camani, contratadas por municipios a través de convenios con universidades nacionales, para desarrollar el negocio (más que servicio) de fotomultas.
Mundo Gremial: "San Isidro dio el primer paso y suspendió el convenio con la empresa de Camani. Se espera que lo sigan otros intendentes con contratos dudosos."
La Justicia provincial bonaerense investiga a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) por haber operado cinemómetros sin autorización legal. El fiscal Álvaro Garganta y el juez Juan Pablo Massi, y determinaron que muchas actas podrían ser nulas.
Hay otro expediente en el Juzgado Federal de 3 de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta, donde se investiga a 11 municipios —incluyendo La Matanza, General Pueyrredón, Morón, Zárate y San Isidro— por posibles maniobras de desvío de fondos públicos mediante convenios triangulados con universidades y empresas privadas. En particular, se analiza si hubo simulación de contratación directa para evitar licitaciones, una maniobra que la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe expresamente.
Muchas multas emitidas en los últimos años fueron generadas con cinemómetros instalados por empresas subcontratadas en convenios con universidades, una práctica que evita licitaciones y está prohibida por el Decreto 1023/01 (artículo 25, inciso d, punto 8). De comprobarse esta violación, las actas podrían ser anuladas y los municipios obligados a devolver lo recaudado.