El Gobierno va contra la jueza que expuso las falencias en las detenciones

La jueza Andrade tenía a su cargo a 114 detenidos puestos a disposición por las fuerzas federales que intervinieron en la represión que se desató cuando los manifestantes - jubilados, hinchas y barras de distintos clubes de fútbol, y militantes políticos-, cortaron calles adyacentes al Congreso. Hubo además destrozos, y patrulleros y contenedores de basura incendiados. El dato más relevante fue el impacto que recibió el fotoperiodista Pablo Grillo, quien está internado en grave estado.

La jueza liberó a los detenidos fundado en que la información que recibió por parte de las fuerzas de seguridad al respecto fue "deficitaria". También ponderó el derecho a la protesta, y otros "fundamentales" que, dijo, "se encontraban en juego".

Ante la liberación de los apresados, el Gobierno Nacional, que estuvo a cargo del operativo frente al Congreso, atacó a la jueza Andrade.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pidió por una aplicación de la ley "con más dureza" y se quejó del argumento de la magistrada. "Si se detienen 130 o 140 personas, no sé exactamente el número, y en pocas horas una jueza dice que como estaban defendiendo derechos, no se puede fijar la flagrancia si no se vulnerarían derechos... Si se entiende la ley de esa manera es muy difícil combatir la violencia de sectores extremos porque en definitiva la Justicia los libera”, dijo.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni apuntó directamente contra Andrade y la trató de "cómplice" de quienes "destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de Segurida". “La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices”, publicó en su cuenta de X el portavoz.

En tanto que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, fue el encargado de verbalizar que la jueza será denunciada ante el órgano que puede remover a los magistrados en el ámbito de la Cápital Federal.

"En lugar de investigar quién envió a esos barras a sembrar el caos, decidió liberarlos en menos de 8 horas. Se analizará su actuación ante el Consejo de la Magistratura de CABA por posible incumplimiento de sus funciones”, tuiteó el ministro.

Sin embargo, en su fallo, la jueza Andrade explica que si tuvo que liberar a los detenidos fue por falencias del dispositivo de seguridad que se desplegó en los alrededores del Congreso. Puntualmente, se refiere a la comunicación sobre los motivos de las detenciones.

En bases a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la Argentina, la magistrada recuerda que "cualquier detención tiene que estar debidamente registrada en el documento pertinente, señalando con claridad las causas de la detención, quién la realizó, la hora de detención y la hora de su puesta en libertad, así como constancia de que se dio aviso al juez de instrucción competente, en su caso, como mínimo (considerando 76)".

"No puedo soslayar, en esta línea, que la información que me fue puesta en conocimiento fue absolutamente deficitaria", agregó.

La jueza dijo en su fallo que "a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial".

"Se dejaron de brindar detalles sobre la hora y lugar en el que ocurrió la detención, como así tampoco se lograba informar con relación a qué delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar en donde serían alojados. En algunos casos el delito se informaba después", agrega y sostiene que "ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos".

Dijo que tampoco se informaron en la mayoría de los casos "el lugar donde se realizó la detención, aludiendo en forma genérica a “los hechos del Congreso de la Nación” y que "a diferencia de lo que sucede con otros detenidos en “flagrancia”, no se aclararon las circunstancias de detención ni los motivos, al menos con algún tipo de detalle".

Andrade es aclara que ese "déficit en la información suministrada" no se le atribuye al fiscal del caso, sino, y es enfática, "a las características del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad".

"Por ese motivo, el cese de las detenciones pedido por la defensa pública tuvo favorable acogida, independientemente de los planteos que puedan luego reeditarse o suscitarse en el marco de las investigaciones que la fiscalía, en ejercicio de la función que le es propia (investigar) pueda llevar adelante", agrega y aclara que esta decisión no resulta una opinión sobre la cuestión de fondo.

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