La herida del default de la deuda externa privada sigue supurando a pesar de la sutura extrajudicial anunciada por la Administración Macri a pocos meses de asumir, porque el arreglo que cerró con los principales fondos buitres acreedores no satisfizo al conjunto y se reabrieron demandas en los tribunales de Japón y Nueva York.
Acuciado por la carga del sobreendeudamiento en un contexto internacional desfavorable para las refinanciaciones a emergentes como Argentina, tuvo que salir corriendo a presentar en Tokio un plan de pagos a un grupo de tenedores de bonos japoneses que no aceptaron los canjes propuestos en 2005 y 2010 (sumaría el 1,4% de las poseedores originales), el cual consiste en abonar 150% del capital en juego, como se había hecho el trato con los fondos americanos en 2016.
La oferta implica un desembolso total de unos 2.817 millones de yenes (US$25,9 millones/22,7 millones de euros), según informó el embajador Alan Beraud, quien sostuvo que la voluntad del país es cerrar el 22 de febrero la controversia por la emisión de 4 series de bonos en yenes, conocidos como samurái, emitidos entre 1996 y 2000 y defaulteados en 2001.
Pero, además, uno de los principales fondos de inversión que había pactado por los bonos en default, Aurelius Capital Management, volvió a la carga en los tribunales de Nueva York y demandó al país en más de u$s83,7 millones, ante la falta de pago por bonos atados a la evolución del PBI, lo que podría abrir las puertas a una presentación judicial masiva de acreedores con este tipo de bonos entregados en los canjes ejecutados en las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, en cuyo caso el costo podría crecer hasta u$s1.800 millones, aproximadamente.
Durante 2005 y 2010, se había ofrecido cambiar parte de la deuda en default, que totalizaba US$95 mil millones, por los cupones atados al PBI y otros al IPC, opcionales, que pagarían dividendos cuando el crecimiento superara el 3% anual.
El acuerdo alcanzó al 92% de la suma reclamada por los acreedores, quienes entre 2005 y 2011 recibieron pagos en todos los años, con la excepción del 2009.
Gatillo del 3%
Parte de la reestructuración de bonos argentinos incluyó los varios y muy buscados vinculados al alza del PBI. Y cuando la Argentina crece por encima del 3,2% aproximadamente, en diciembre del año siguiente debe pagar intereses por esos bonos", explicó a Ámbito el analista financiero Sebastián Maril, de la consultora Research for Traders.
Aurelius querella al país aduciendo que el PBI real actual y la tasa de crecimiento real en 2013 excedieron el “escenario base” establecido en los valores, según indicó la agencia de noticias Bloomberg.
La demanda se origina por un cambio en la base de cálculo del PBI que se realizó en 2014, cuando se alteró desde 1993 hasta el 2004, con lo cual redujo el crecimiento en 2013 y evitó el pago del cupón.
Si se dejara en 2004 (como rediseñó la metodología Axel Kicillof) hoy daría más bajo el pago que si se llevase al 2012, como pretenden los fondos.
Durante el gobierno de Cristina Kirchner, hubiera correspondido pagar unos US$ 3.500 millones en intereses, pero Aurelius manifiesta, en su demanda, que debería haber cobrado en 2013, de acuerdo con la información del índice que hasta ese momento se usaba para medir el crecimiento argentino.
La metodología había sido impugnada por una investigación científica del PBI que realizara precisamente en ese año un equipo del proyecto Arklems+Land que apadrina la Universidad de Harvard y coordina Ariel Coremberg, y le fuera entregada a la comisión legislativa a cuyo frente estaba el diputado radical Alfonso Prat Gay.
Dos años más tarde, ya como ministro de Hacienda y Finanzas, hizo que la Secretaría Legal y Técnica de su cartera lo desmintiera ante la Justicia, descolocando todas las referencias al respecto que había hecho en campaña electoral Mauricio Macri cuando era candidato presidencial.
Un explorador se pierde en la profundidad de las selvas de Africa. Desesperado inicia una marcha sin detenerse para encontrar a quien lo rescate. De pronto, él se encuentra con una tribu de canibales que tiene como jefe a un moreno enorme y armamento prominente. Entonces, lo llevan hasta el jefe:
-Tú tener 2 opciones, muerte o dunga dunga -le advierte el jefe.
El explorador reflexionó y respondió:
-Antes que perder mi honor, elijo la muerte.
El jefe lo mira y sonríe:
-Bueno pero primero... un poco de dunga dunga.
Humor popular
En 2016 hubo cierta preocupación debido a que la Casa Rosada volvió a considerar cambiar el año base del PBI para calcular los pagos, algo que hubiera afectado al valor de estos títulos.
En los prospectos de emisión figura una cláusula gatillo del 3% para la participación en el comportamiento de la economía que se confunde en el marco de amesetamiento que caracterizó a ese período.
En todo caso, la corrección técnica al alza en el 4er trimestre de 2017 que surgió del recálculo oficial superó a la basada en las series empalmadas por el INdEC, después de su intervención por la emergencia estadística, pero no pasó de una transferencia de algo más de un punto al 1er trimestre siguiente.
Con la nueva base que ahora adoptó INdEC, el PBI de fines de 2017 se sitúa en $728.624 millones (constantes) a partir del reacomodamiento en el 4to trimestre, que transfiere algo más de un punto al 1ro en curso, lo cual mitiga un poco el derrumbe del indicador en el año que finalizó.
No había habido juicios, pero tampoco volvió a crecer Argentina jamás ni a pagar el cupón, si bien los bonos siguen cotizando.
Los intereses rondan los US$ 8.000 millones por todos los títulos en circulación, pero se puso un límite del 40% sobre el total de ese valor.
Los bonos del canje que ajustaban por IPC también resultaron perjudicados, debido a que el cambio en la metodología de medición no enjugó el atraso denunciado por los presuntos dibujos que se habrían efectuado en la repartición intervenida por el entonces secretario de Comercio Guillermo Moreno.
Y si no se juntaron colas de damnificados con cupones IPC en los juzgados fue porque el 70% de la emisión está en la cartera de inversiones de ANSES, la caja de los jubilados, representada por funcionarios del gobierno.