GNL: ¿Por qué el Gobierno suspende la privatización de importaciones?

El Gobierno decidió frenar la privatización de la importación de gas natural licuado (GNL) por lo menos hasta el invierno que se acerca. Enarsa seguirá comprando cargamentos para cubrir el pico de demanda. La marcha atrás no es ideológica, sino táctica. Con el mercado internacional alterado por la guerra en Medio Oriente y precios en fuerte escalada, delegar la operatoria en privados implicaba un riesgo inmediato: trasladar el shock externo a tarifas en pleno invierno.

En el oficialismo lo consideran, que la volatilidad del GNL cambió por completo el escenario. “No es momento de convalidar costos que encarezcan el sistema”, explican.

Licitación ajustada, pero sin ganador

El proceso para privatizar la operatoria había avanzado y tuvo competencia real. En la primera ronda, Trafigura ofertó US$4,91 por millón de BTU contra US$4,95 de Naturgy. En la mejora final, Naturgy pasó al frente (US$4,50 vs. US$4,57). Aun así, ninguna propuesta cerró.

El problema no fue solo el margen empresario, sino el contexto. Transferir el negocio al sector privado implicaba aceptar un pass-through más directo de los precios internacionales a tarifas y grandes usuarios, dinámica incompatible con el objetivo antiinflacionario del ministerio de Economía.

Gas 3 P

Contener la suba de tarifas evita, por ahora, que privados importen gas

Costo y tarifas

La decisión de sostener a Enarsa no elimina el problema, lo redistribuye. Si el Gobierno decide amortiguar el impacto en tarifas, deberá absorber la diferencia vía subsidios o mayor gasto fiscal.

Ahí aparece la tensión de fondo: Frenar el traslado pleno del costo del GNL implica, necesariamente, resignar parte de ese sendero.

Especialistas del sector lo plantean sin ambigüedades. El contexto actual incorpora no solo precios más altos, sino también mayor riesgo operativo. Y eso, en el esquema privado, se paga.

Invierno más dependiente de importaciones

Pese al salto productivo de Vaca Muerta, Argentina sigue necesitando GNL en los meses fríos. La infraestructura de transporte aún no alcanza para cubrir picos de demanda residencial, industrial y eléctrica.

Para este invierno se estiman entre 20 y 25 cargamentos, dependiendo de la temperatura y la disponibilidad local. Y el problema estructural sigue intacto: obras clave demoradas, como la etapa II del Gasoducto Perito Moreno o la reversión del Gasoducto Norte.

El resultado es conocido: dependencia estacional del mercado externo, justo cuando ese mercado está más caro e inestable.

Inflación en la mira

El telón de fondo es macroeconómico. Los precios regulados ya vienen mostrando presión —combustibles, transporte, tarifas— y cualquier salto adicional puede complicar la desaceleración inflacionaria que busca el Gobierno.

Consultoras privadas advierten que los últimos datos de inflación todavía reflejan “shocks puntuales”. En ese contexto, un ajuste tarifario derivado del GNL importado podía convertirse en un nuevo foco de tensión.

Por eso, la decisión es clara: evitar el traslado inmediato del costo, aunque implique postergar la liberalización del mercado.

Señal política: Gradualismo forzado

Para una gestión que hizo de la desregulación una bandera, el freno en el GNL expone un límite concreto: la macroeconomía.

El Gobierno no abandona su objetivo de retirar al Estado de funciones comerciales, pero reconoce que el timing importa. En un invierno con precios internacionales disparados, avanzar con la privatización podía ser más costoso —política y económicamente— que sostener el esquema actual.

Para resumir: La reforma sigue en marcha, pero el mercado manda. Y hoy, el mercado del gas no ofrece margen para experimentos. Javier Milei tiene poco margen de maniobra para equivocarse.