Había sido la Subsecretaría de Relaciones Municipales del Ministerio de Interior la encargada de dialogar con los 2.306 gobiernos locales y fue el dique de contención de las protestas que despertó la eliminación del fondo sojero que iba a las intendencias.
Pasar por la oficina
A partir de ahora, la oficina preelectoral será la que determine caso por caso. Pero la clave del cambio reside más bien en que la inversión en obras públicas que Nación prevé ejecutar en el país, sin mediación de las provincias, se mantiene con relación al presupuesto de este año.
En ese contexto, hay provincias, como Tucumán, que triplican el dinero que recibían, mientras otras, como La Pampa, perderían un 30% neto.
Antes de adoptar el drástico corte general, el Presidente sopesó los sobrecostos, el manto de corrupción que rodea a la mayoría de las empresas constructoras que iban a tomar parte del PPP, tras haber sido denunciadas las coimas pagadas a funcionarios para su otorgamiento, y las dificultades de financiamiento por parte de los bancos del exterior, tanto porque no tienen permitido otorgar crédito a compañías que estén involucradas en causas penales, como por el estrechamiento financiero mundial, y sobre todo a los emergentes, que ejecuta la Reserva Federal de USA.
No fue fácil para un gobierno que no le sale una en materia económica privarse de cerca el 30% de las inversiones previstas para el año próximo, ya que en el cronograma original de PPP alcanzaban unos u$s2.789 millones.
Quedó en pie lo atinente a infraestructura de transporte, para la que la cartera que conduce Guillo Dietrich disponga de $180.000 millones provenientes del Tesoro, de financiamiento internacional, e iniciativas encuadradas en contratos de Participación Público Privada (PPP), así como fideicomisos aprobados en el Presupuesto de 2019 y que se nutre de préstamos que los bancos deberían hacerle para que a su vez lo derive a las empresas.
Transporte busca darles más plazo a fin de incentivarlas a que presenten su plan financiero de largo plazo, ya que tan solo para cumplir con los tiempos legales, los consorcios habían planificado un financiamiento de corto, en algunos casos con caja propia, para arrancar las obras.
En febrero, las empresas deberían comenzar a presentar los certificados de avance de obra, so pena de ser multadas si no lo hacen. Y la reincidencia podría llevar a dar por terminado los contratos, cobrar las garantías (de u$s100 millones) y quedarse con las obras en el nivel en que estén.
Pero no es la idea.
