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PANORAMA

Alberto ya no sorprende, la furia de CFK y el puente de Massa

El Presidente tilda a Macri de antidemocrático, pero recibe a 2 dictadores. Revés K en el affaire de los chats. Massa busca despejar fantasmas.

Alberto Fernández quiere espantar al electorado de centro mostrando a Mauricio Macri abrazado a Jair Bolsonaro y emparentándolo con “los que no aprecian la democracia”, según aquel video que divulgó el propio mandatario. Con esa herramienta de campaña, Fernández pretende atraer -otra vez, por espanto- algunos de los muchos votos que le faltan al Frente de Todos para garantizar su continuidad en el poder después del próximo 10/12. Pero apenas unos días después de la publicación de ese clip fue la propia administración Fernández la que confirmó que el mandatario, en el año en el que la democracia argentina cumplirá 4 décadas, recibirá en la Casa Rosada por 2da vez a Miguel Díaz-Canel, heredero de la dictadura inaugurada hace casi 65 años por los hermanos Castro en Cuba, donde el partido gobernante -el comunista- es el único con derecho a existir. A la Argentina también llegará otro dictador, el venezolano Nicolás Maduro, cuyo régimen ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por violaciones a los Derechos Humanos. También la oposición venezolana vive amenazada por el régimen chavista. La ONG Foro Penal contabilizó a fines del año pasado alrededor de 260 presos políticos. Pero en la Casa Rosada no quieren ofender a un histórico aliado del kirchnerismo. Gabriela Cerruti, portavoz oficial, apenas balbuceó que "no nos parece del todo bien, pero mucho menos nos parece del todo mal" lo que ocurre en Venezuela. También pudo decir “estamos a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo”. Cerruti también intentó poner en igualdad de condiciones a los 2 dictadores con los otros presidentes que visitarán Buenos Aires para la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), este martes 24/01 en el Hotel Sheraton, al afirmar que todos fueron elegidos democráticamente en sus países. La contradicción entre el mensaje que Fernández quiso enviar en relación a Macri/Bolsonaro y el que finalmente transmite con la invitación y defensa a Díaz-Canel y Maduro difícilmente pueda sorprender a alguien a esta altura del partido. Aún así, es notable. Hubo reacciones opositoras. Patricia Bullrich pidió la detención de Maduro y Horacio Rodríguez Larreta le solicitó al Presidente que no se abrace con dictadores.

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Alberto Fernández y Miguel Díaz-Canel, en la visita del dictador cubano en 2019. 

Alberto Fernández y Miguel Díaz-Canel, en la visita del dictador cubano en 2019.

A la reunión de la CELAC llegarán otros mandatarios de la región, como el brasileño Luiz Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, la hondureña Xiomara Castro y el chileno Gabriel Boric. La visita del presidente trasandino tuvo de antesala un escándalo que involucró al embajador argentino en Santiago, Rafael Bielsa, quien reprochó ante una comisión del Senado local que no se le haya comunicado con anticipación sobre la suspensión de un megaproyecto minero por cuestiones ambientales. Para Bielsa, el proyecto minero y portuario ‘Dominga’ se vinculaba con la relación bilateral. En La Moneda estos comentarios fueron interpretados como una intromisión lo que disparó una llamada urgente de la canciller chilena, Antonia Urrejola, a su par argentino, Santiago Cafiero. Bielsa también fue citado a dar explicaciones a la sede diplomática chilena. Quienes lo vieron salir de allí lo notaron muy enojado. Ausente de la cumbre de la CELAC estará, en cambio, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien parece ya no ser tan amigo de Alberto Fernández luego de que el voto argentino para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fuera para el brasileño y exFMI Ilan Goldfajn, lo que enfureció al líder del partido Morena. Aquella desavenencia quedó expuesta en la suspensión de un viaje a México que Fernández tenía previsto para noviembre pasado. Goldfajn era el candidato de USA. La invitación a la cumbre en el Sheraton también se giró a la Casa Blanca. Pero Joe Biden declinó asistir a pesar de que había sido invitado personalmente por Fernández cuando se celebró en Los Angeles la Cumbre de las Américas. Biden, no obstante, enviará una representación encarnada en el asesor especial Chris Dodd. Washington seguiría con atención algunas cuestiones particulares de la Argentina. Varios medios pusieron en boca de un vocero del Departamento de Estado un llamado al Gobierno a “respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”. Se refería al intento del Ejecutivo de someter a juicio político a los integrantes de la Corte Suprema. En la Casa Rosada fue fácil desentenderse del llamado de atención toda vez que no se trató un pronunciamiento oficial.

Guerra

La guerra que proclamó contra el Poder Judicial se volvió tan central para el Gobierno que lo llevará hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El camporista Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, presentará un documento en Ginebra en cumplimiento del Examen Periódico Universal de Naciones Unidas. En el mismo ofrece la visión de Cristina Kirchner sobre los “discursos odio” y la supuesta persecución a través de “lawfare”. La Vicepresidente, por su parte, ya sepultó esa denominación y optó por el término, más directo, “mafia mediático-judicial” para referirse a esas cuestiones. Lo utilizó para definir el archivo de la causa contra el Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, denunciado por los presuntos intercambios que mantuvo con el ahora en uso de licencia ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, respecto a varios temas que el máximo tribunal estaba tratando y resultaron en fallos adversos para el oficialismo, como el del Consejo de la Magistratura y el de la coparticipación. Una de las denuncias la hizo el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, quien consiguió que un juez amigo ordenara que Robles entregara su celular. Finalmente, ese magistrado se declaró incompetente dado que ya había denuncias similares en Comodoro Py. En los tribunales porteños, el fiscal Carlos Stornelli determinó que no podía tomarse los chats al considerarlos de origen ilegal. El juez Sebastián Ramos obró en el mismo sentido para furia de CFK.

Los chats son uno de los elementos que el Gobierno tomó como prueba para el juicio político contra la Corte. Otra contradicción supina de Alberto Fernández: mientras el Presidente se jacta de no valerse de los “sótanos de la democracia”, es decir, del espionaje ilegal, como elemento de poder, al mismo tiempo convalida un producto de esos “sótanos”, calificado por la Justicia como tal, como argumento para avanzar contra Rosatti y los otros 3 cortesanos. De nuevo: ya nadie se sorprende de las incoherencias presidenciales. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá el próximo 26/01 para tratar todas las presentaciones contra la Corte. La mayoría oficialista cambió su composición. Se bajó la massista Vanesa Massetani, que adujo un problema familiar que le impedirá desarrollarse en la Comisión. La reemplazará Ricardo Herrera, quien responde al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Quintela es la antítesis de Sergio Massa. Mientras el ministro de Economía todavía se guarda su opinión sobre el intento de jury, Quintela instaló en la puerta de la gobernación riojana gigantografías con las caras de los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti a modo de escrache y de reclamo del juicio político.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1616437324421668864

Un puente

Massa sigue en otros menesteres. Recibió a la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias para tratar la crisis de la sequía. En el sector estimaron las pérdidas en US$15 mil millones. Massa les prometió medidas para el 01/02. Los ruralistas habitualmente combativos con el Gobierno salieron de la reunión con cierta satisfacción por haber sido escuchados. El ministro, por otro lado, defendió la intervención del sindicato de Camioneros en el control del programa ‘Precios Justos’ al asegurar que lo que hace es “abastecer el proceso de información” de la rama logística. El argumento no le bastó a Elisa Carrió, que lo denunció por supuestamente apelar a una "patota paraestatal" para "eludir los mecanismos legales” de control de precios. La presencia de los camioneros en los controles también puso en alerta a supermercadistas del interior del país que advirtieron sobre la posibilidad de que estos operativos desalienten la incorporación de nuevos actores al programa oficial. Hugo Moyano respondió que se quiere "demonizar al movimiento obrero".

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El ministro de Economía, Sergio Massa, y demás funcionarios reunidos con la Mesa de Enlace el viernes. 

El ministro de Economía, Sergio Massa, y demás funcionarios reunidos con la Mesa de Enlace el viernes.

Massa también quiere despejar sospechas sobre la recompra de deuda por US$1.000 millones que anunció esta semana. Desde Juntos por el Cambio solicitaron informes a partir de la viralización de un dato: que el volumen de los bonos a recomprar sufrió un fuerte salto en la previa del anuncio. Las suspicacias giran alrededor de si los compradores contaron con información privilegiada. Ante esto, el ministro de Economía dispuso que la Comisión Nacional de Valores (CNV) investigue si hubo una filtración. También ordenó que se invite a “los bloques parlamentarios de la oposición para el seguimiento y toma de conocimiento de la investigación en curso”. Es un puente que Massa tiende a JxC, no sólo para disipar fantasmas sobre la operación de la deuda, sino también para conseguir que los opositores no bloqueen las sesiones extraordinarias en las que el ministro busca aprobar proyectos de su interés, como el blanqueo de capitales, incentivos para la exportación de GNL o el monotributo para el sector tecnológico. Massa, sin embargo, no tiene obstáculos sólo en la oposición. Volvieron las quejas del cristinismo por el acuerdo con el FMI. Andrés ‘Cuervo’ Larroque, reapareció y pidió “resolver la trampa” que supone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se referiría al ajuste que no permite incrementar el gasto con lo que mejorar las perspectivas electorales del oficialismo. No le debe haber causado ninguna gracia al sector que se referencia a la Vicepresidente que el Gobierno haya sobrecumplido en 2022 la meta fiscal pactada con Kristalina Georgieva.

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