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ACTO CON ALBERTO F.

Puertas adentro de la CGT: El manejo del Fondo Solidario de Redistribución

Vie, 08/11/2019 - 4:36pm
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Por Urgente24

La clave no es el ministerio de Trabajo, sino la Superintendencia de Servicios de Salud, manejado históricamente por José Luis Lingeri, quien estuvo hoy en el evento en la CGT. Las obras sociales, la deuda millonaria, el manejo del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y el plan sanitario de Alberto Fernández en general, será, al fin y al cabo, el que determine la relación de la central obrera con el futuro Gobierno. Y del cual dependerá también "el acuerdo económico y social".

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El evento estaba previsto para las 11:00 de hoy para que Alberto Fernández brinde su primer discurso como presidente electo en la CGT en el histórico edificio ubicado en la calle Azopardo al 800, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Los principales dirigentes gremiales intentarían a la vez dar una muestra de la "unidad sindical" solicitada por el referente del Frente de Todos durante la campaña electoral, y después de haberse alzado con el triunfo en las urnas.

La idea era que buena parte del espectro político del justicialismo también diera el presente. Así por caso Axel Kicillof y Verónica Magario, la formula que desbancó a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, llegaron para ocupar un lugar destacado.

En efecto, el arribo del gobernador electo a la sede de la CGT tuvo su particularidad o "una señal", como quiera entenderse: Luego del ingreso de Alberto, quien llegó en camioneta, entraron caminando justo por detrás Kicillof y Sergio Palazzo. En efecto, estaba previsto que ambos salgan juntos en auto desde la sede de La Bancaria alrededor de las 10 de la mañana. ¿Por qué decidieron ingresar a pie? ¿Hubo intención de mostrarse? O más bien, ¿de mostrar al "candidato de la CGT"? ¿Fue una señal de Kicillof?

Fue Héctor Daer (Sanidad), uno de los dos secretarios generales de la central obrera, amigo y referente de Fernández en el mundo gremial, quien los invitó de manera personal.

Hubo invitaciones también para medio centenar de dirigentes vinculados al peronismo. Desde los jefes del justicia nacional y de la provincia de Buenos Aires, José Luis Gioja, y Fernando Gray, respectivamente, a gobernadores afines, como el tucumano José Luis Manzur, e intendentes como Alejandro Granados, de Ezeiza, Gustavo Menéndez, de Merlo, entre otros.

El gastronómico Luis Barrionuevo, y titular de la CGT Azul y Blanca, ya anticipó que comiencen el encuentro sin él, porque no le daría el gusto a Fernández de escucharlo de cerca y aparecer en la foto junto al presidente electo. Al menos por el momento. Barrionuevo apoyó política y económicamente al candidato presidencial Roberto Lavagna, el ex ministro de Economía que quedó tercero en las pasadas elecciones generales del 27 de octubre.

No estarán los gremios enrolados en la CTA y ATE, ya que no forman parte del Confederal de la CGT. Aunque Baradel, el titular de SUTEBA, el gremio docente bonaerense, aseguró que tanto él como Hugo Yasky, ven con muy buenos ojos que Fernández se reúna con el plenario de secretarios generales de la central obrera más importante de la Argentina, como también lo hizo al estar presente durante el encuentro que Yasky organizó en el microestadio de Lanús cuando solicitó que la CTA regrese a la CGT después de 27 años de alejamiento.

El acto de hoy es una muestra de poder. La mayor parte del movimiento obrero recibiendo en su sede al presidente electo después de su gira por México.

La intención sería impulsar un acuerdo económico y social para los primeros seis meses de su gobierno. Además de confirmar que el próximo gobierno se recostará sobre la dirigencia gremial para conducir el primer semestre del año, en el que se deberá recomponer el salario, establecer un acuerdo de precios e intentar estabilizar el dólar.

En este sentido, se espera que Fernández plantee la necesidad de lograr una "tregua" hasta que se reactive la economía. La foto entre el exjefe de Gabinete y los sindicalistas no será menor: la Conferencia General del Trabajo de la República Argentina recibirá a un presidente electo tras 11 años.

Ello, puertas afuera. Puertas adentro, los dirigentes sindicales esperan otro acuerdo también: el del manejo del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) y el programa de los planes fuera del listado básico.

En la era K, Moyano los tuvo y le daba poder. Y Alberto conoció ese acuerdo claramente. En 2005, una nota de Carlos Pagni, en 'Ámbito Financiero' se destaca el acuerdo entre el difunto expresidente y el camionero, lo mostró claramente.

Luego, por una medida del Gobierno de Cristina Fernández, y frente al enojo de la CGT, quedó bajo la órbita de la flamante funcionaria de la Superintendencia de Salud. La exmandataria le transfirió a esta superintendencia el manejo de estos fondos de las obras sociales sindicales.

La medida dispuso la transferencia de la Administración de Programas Especiales, dispone que la APE deje de ser un ente descentralizado con régimen de autarquía administrativa, económica y financiera para pasar a depender de la gerencia general de la superintendencia.

El decreto fue publicado luego de que el titular de la CGT, Hugo Moyano, amenazara con realizar una medida de fuerza a nivel nacional si el Gobierno no respondía a los reclamos de la entidad, entre los que se encontraba la deuda con las obras sociales.

Desde la CGT, entonces, lo interpretaron como una profundización de la pelea del Gobierno con Moyano, sobre todo por que la designada al frente de la entidad desde entonces era Beatriz Liliana Korenfeld, muy cercana a Cristina.

En 2018, el Gobierno de Macri analizó un plan para modificar el esquema de distribución de los millonarios fondos a las obras sociales.

El proyecto apuntaba al cambio en el modo en que se reparten unos $ 2.300 millones mensuales a las obras sociales, en un plan para generar mayor control, equitatividad y transparencia a las transferencias y al destino de los fondos a estas dependencias, acción a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Con ese proyecto el gremio de Moyano dejaría de ser uno de los gremios más beneficiados en el reparto de fondos.

En el programa trabajaron técnicos del Gobierno y también de algunos de los sindicatos más poderosos de la CGT. El plan apuntaba a la creación de un organismo, la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que se encargaría de determinar cuándo una obra social debe recibir fondos para afrontar tratamientos de alta complejidad. Justamente uno de los objetivos del proyecto es combatir las irregularidades en el destino de los fondos, como la inscripción de  "pacientes truchos" para recibir plata por costosos medicamentos que no se compran.

Esa medida se sumaría a muchas otras que Macri ya dispuso en relación con las obras sociales, como la reducción del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), para compensar asimetrías entre las dependencias y la obligación de los jefes de estas asociaciones de presentar sus declaraciones juradas. Además de la baja de obras sociales con pocos afiliados y problemas económicos, en una fuerte reorganización del rubro.

Cuando faltaba menos de una semana para la victoria de Alberto, el sitio 'Gestión Sindical' publicaba los siguientes párrafos, con una conclusión que lo anticipaba de alguna manera, el encuentro de hoy:

"En el Frente de Todos prometieron medidas, incluyendo la creación de la agencia que Macri no pudo aprobar en el Congreso". (...) Se lanzó Obras Sociales Unidades (OSU), un espacio donde unas 30 entidades sindicales buscan "coordinar sus esfuerzos en defensa del sistema solidario".

"Según su documento fundacional, el objetivo de la OSU es "articular las políticas e intereses comunes de sus integrantes; estudiar y difundir la relación costo beneficio de las prestaciones sanitarias; analizar el impacto económico y social de las tecnologías sanitarias; promover la valoración clínica, ética y económica de la tecnología sanitaria y sus prioridades de utilización; producir y difundir informes, recomendaciones y protocolos de utilización de los nuevos procedimientos sanitarios; y contribuir a reducción de la litigiosidad por la cobertura de tratamientos y procedimientos sanitarios".

Además, la flamante organización se encargará de peticionar ante la autoridad y ser órgano de consulta de ésta respecto de la inclusión y eficacia de las prácticas cubiertas por la seguridad social.

"El sistema está desde hace tiempo al borde del colapso", sostuvo una fuente ante la consulta de Gestión Sindical. La formación de este espacio busca "poner las necesidades del sector en la agenda del próximo gobierno, desde el día cero", agregó la misma fuente. Los 3 mil millones comprometidos por el gobierno no alcanzan para sanear la situación, en un marco de aumento constante de insumos (el sector farmacéutico tiene una dolarización casi total de su cadena de pagos).

"Si cierran la 'canilla', el sistema explota", remarcó la fuente consultada. Las obras sociales sindicales atienden junto a las entidades provinciales (como el IOMA de Buenos Aires) y el PAMI al 60 por ciento de la población argentina. El resto se divide en el sistema público (un 30 por ciento que va variando según la situación del país) y la medicina privada (un 10 por ciento promedio).

El sector se financia con el aporte del 3 por ciento de los trabajadores activos u un 5 por ciento que paga el empleador, y con programas especiales que comparte con el Estado. La atención la determina el llamado PMO (Programa Médico Obligatorio), que genera un paquete de prestaciones para todas las entidades. Uno de los problemas es que el PMO se agranda –a partir de ley o de resoluciones –pero los recursos son los mismos. Otro punto de discordia son los fallos judiciales, que obligan a cubrir tratamientos o estudios de alto costo, y que desfinancian a las entidades.

Sobre este último punto, en el Frente de Todos trabajan para aprobar cambios en la forma de aprobar las prestaciones. Los equipos técnicos de salud que comanda Ginés González García confirman que una de las propuestas es tratar la llamada Agencia Nacional de Tecnologías de la Salud (AGNET), cuyo proyecto presentó el actual gobierno en 2016, como parte de una movida sanitaria y de seguridad social, que no pudo completarse.

El proyecto de ley fue girado el año pasado al Senado como parte de las leyes de la reforma laboral, pero nunca se trató, pese a que tenía el visto bueno de la dirigencia sindical, que cree que esta iniciativa servirá para frenar los amparos judiciales y el impacto de la incorporación de coberturas sin evidencia científica en la salud financiera del sector. "La vamos a tratar, pero con cambios", le anticipó a Gestión Sindical un integrante de estas mesas técnicas, que trabajan en el plan sanitario de Alberto Fernández.

Uno de los cambios posibles es incorporar otros sectores a la formación de la entidad. "Hasta ahora la ley prevé que los financiadores sean los que decidan en la futura agencia, tenemos que contraponer ese peso con la presencia de asociaciones de pacientes o sociedades científicas", afirmó.

"Será un eje central de la discusión con el futuro gobierno, y marcará la relación que tengan", concluyó el sitio.