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Por afuera de la transición, Macri activa DNU que le quita los testigos protegidos a Alberto F

Jue, 14/11/2019 - 7:47am
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Por Urgente24

Como lo habíamos adelantado en Urgente24 el 6/11, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia cuya firma es inminente, Mauricio Macri pasará a la órbita de la Justicia el manejo del programa de testigos protegidos que hasta ahora era responsabilidad del Ministerio de Justicia de la Nación. De esta manera, no dependerá del gobierno de Alberto Fernández cuando este asuma el próximo 10 de diciembre. El cambio de jurisdicción había sido un pedido de los arrepentidos en las causas en la que se investigan presuntos ilícitos cometidos por el gobierno de Cristina Fernández y que temían por su seguridad cuando Macri dejara el poder. En la Justicia hay malestar por el cambio. Desde el Gobierno nacional dijeron que se había conversado con Alberto Fernández y que sus asesores judiciales están de acuerdo, pero el presidente electo rechazó la medida.

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Este miércoles (13/11) el presidente Mauricio Macri estampará su firma en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual le transfiere el programa de Protección de Testigos al Poder Judicial y lo quita de la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, con lo cual no dependerá del gobierno de Alberto Fernández, quien expresó que no avala la decisión y no fue consultado.

El traspaso fuera de la estructura del próximo gabinete había sido un pedido de los testigos bajo el programa de protección que se encuadran como ‘imputados colaboradores’ en causas que atañen al kirchnerismo y que temen por su seguridad bajo el gobierno de Alberto Fernández.

Según el diario Clarín, el tribunal de Casación Federal quedaría a cargo de los testigos y de los “arrepentidos”.

Además, el matutino sostiene que “miembros del equipo de asesores judiciales de Alberto Fernández están de acuerdo con el sentido de la modificación”, sin embargo, citando el artículo en Twitter, el Presidente electo negó haber sido consultado sobre esa medida y la tildó de fake news: “Solo para no dejar pasar una noticia falsa. Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo. Ya es hora de dejar de desinformar. Lo digo por el bien de todos”.

Además, Clarín precisó que Macri dilató durante una semana la firma del decreto porque “se privilegió el diálogo”, según citó el diario de fuentes del ministerio de Justicia.

Pero el tema no habría estado nunca en las negociaciones de la supuesta transición y Macri sólo esperaba el mejor contexto para emitir el decreto, lo que ocurriría en las próximas horas en medio de la crisis en Bolivia y una sesión en el Congreso argentino para repudiar lo que algunos denominan como un ‘golpe de Estado’ en el vecino país.

La decisión de decretar el cambio de jurisdicción para el programa de testigos protegidos fue a partir del pedido de varios imputados colaboradores que declararon en causas de corrupción que involucran a exfuncionarios kirchneristas, como José López, Oscar Centeno, Leonardo Fariña, Alejandro Vandenbroele y Laura Muñoz.

Tanto en la Casación como en la Corte Suprema la mayoría de los jueces se mostraron disconformes con la medida, según el diario La Nación. Las principales objeciones eran que se trata de una estructura demasiado grande de la que deberán hacerse responsables, sin tener el control de las fuerzas de seguridad, que dependen del Poder Ejecutivo.

Incluso, algunos magistrados del máximo tribunal penal del país sostuvieron además que ellos deberían evaluar los dichos de los arrepentidos para determinar su continuidad en el sistema y que eso podría chocar con la obligación de tenerlos bajo su cuidado.

Entre los argumentos que sostienen la determinación, según fuentes de la Casa Rosada, se destaca que desde la sanción de la ley del arrepentido el programa incorporó testigos que brindaron información en procesos judiciales vinculados a delitos que se habrían cometido en el ejercicio de la función pública en el Poder Ejecutivo.

 

 

Eso, según la mirada de la administración macrista, "podría generar la incongruencia de que el diseño de los planes de seguridad respecto de los testigos e imputados sometidos al cuidado del sistema se encuentre a cargo de aquellos que dependan jerárquica y funcionalmente de personas involucradas en dichas investigaciones judiciales".

Macri también dispuso –según el matutino- que se transfieran "los recursos necesarios para atender el cumplimiento del programa", que serán incluidos en el presupuesto general para la administración nacional que administra el Consejo de la Magistratura, que además recibirá la totalidad de los bienes, activos y patrimonio afectados al programa, que a partir de ahora será liderado por un director que deberá nombrar la Cámara de Casación Penal.