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TEMA CERRADO

Archivan la causa por la visita de diputados libertarios a represores y ninguno será sancionado

Los seis diputados libertarios que visitaron a los condenados por represión no serán sancionados. Para la Justicia no hay existencia de delito.

La decisión llega once meses después del inicio de la causa, en la que se analizaban posibles irregularidades cometidas por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich.

El caso que puso en la mira a los seis libertarios

El caso había generado amplio revuelo político. El 11 de julio de 2023, un grupo de diputados oficialistas —entre ellos Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci— ingresó al Complejo Penitenciario Federal VII, donde mantuvieron encuentros con varios de los represores más emblemáticos del terrorismo de Estado, como Alfredo Astiz, Adolfo Donda y Raúl Guglielminetti.

La información se conoció días después gracias a una investigación periodística del portal Data Clave y a una presentación judicial realizada por el juez Daniel Obligado, responsable de la ejecución de penas del TOF 5. Posteriormente, se sumaron denuncias del fiscal Félix Crous y del abogado Pablo Llonto, quienes pidieron explicaciones sobre las condiciones en las que se había autorizado la visita.

Una red de vínculos en la mira

La causa no solo se centró en la visita en sí, sino en lo que parecía ser una red organizada de apoyo a represores, con participación de funcionarios, exjueces, abogados defensores y actores vinculados a la Iglesia. La diputada Lourdes Arrieta, que participó de la visita y luego rompió con el bloque libertario, denunció haber sido presionada para asistir y dijo haber sido amenazada.

Arrieta aportó al expediente judicial un conjunto de mensajes que revelaban coordinación política y judicial para obtener beneficios penitenciarios, como prisiones domiciliarias, y debilitar causas por delitos de lesa humanidad. En los chats aparecían nombres como el del sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo de un represor, quien oficiaba como nexo entre diputados y referentes del mundo judicial.

No habrá sanciones para los diputados

A pesar de esos elementos, el fiscal Mola determinó que no había delito. A su criterio, el SPF no había violado protocolo alguno, ya que la visita fue presentada como una “recorrida institucional” y no como un encuentro privado, lo cual —según sostuvo— permite una flexibilización de controles como el uso de escáneres, revisiones físicas o limitaciones al ingreso de celulares.

El Ministerio de Seguridad y el SPF justificaron que los diputados ingresaron bajo la figura de “inspección” y que por eso no estaban obligados a dejar constancia de su actividad ni a someterse a revisiones. Sin embargo, varias inconsistencias fueron señaladas por los querellantes: no se presentó informe oficial alguno, y algunos de los involucrados ya habían realizado visitas similares antes.

En los mensajes de WhatsApp aportados al expediente se explicita que uno de los objetivos era preparar un comunicado político en respaldo a los represores, y que incluso se llevaron un sobre con “ideas” para gestionar prisiones domiciliarias.

El fiscal Mola relativizó esos elementos y consideró que no había fundamentos suficientes para avanzar penalmente. La Cámara Federal avaló su posición, con argumentos similares: que la denuncia no era más que “judicialización de la política”.

Desde el sector querellante, la reacción fue crítica. Pablo Llonto consideró el cierre del expediente como una validación del “doble estándar judicial”: “El pueblo común es revisado hasta el alma. Pero los diputados, los jueces, tienen coronita. Es una burla”, dijo.

Visita a represores: archivada

La decisión de archivar la causa se inscribe en un contexto de crecientes cuestionamientos al rol del Estado en la garantía de memoria, verdad y justicia. Las organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por lo que consideran un retroceso en las políticas de reparación y persecución de los crímenes cometidos durante la última dictadura.

El expediente queda cerrado, sin sanciones ni responsables, mientras continúan sin esclarecerse las verdaderas motivaciones de la visita, ni los vínculos que la promovieron. Para algunos, se trató de una recorrida más. Para otros, de un capítulo más en una ofensiva política que busca reescribir el pasado.

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