Jueza intervino por la construcción del Puerto de contenedores de la Plata

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Por las diversas manifestaciones y denuncias públicas de organizaciones ambientalistas, la Jueza Gladys Mabel Cardoni, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de La Plata, tomó intervención por la contaminación y destrucción ilegal de 50 hectáreas de bosques en las islas Paulino y Santiago.

Las organizaciones Nuevo Ambiente;  Ala Plástica; Fundación Agroalimentos, junto a  quinteros, productores de la Isla Paulino y la Asamblea Defendamos al Monte, denuncian ciertas obras impulsadas por el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata que se están haciendo en el Partido de Berisso para un puerto de contenedores en la cabecera de Río Santiago Este.

Incluso un informe elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierte sobre el impacto negativo que esta obra puede tener.

Ocurre que las obras en cuestión, consisten en el dragado de los fondos de los canales y su vuelco masivo en las Islas Paulino y Santiago, así como cortes de las cabeceras de las mismas islas, obras avaladas por el Consorcio de Gestión del Puerto de La Plata.

 Las denuncias en la Justicia se centran por la contaminación y destrucción ilegal de 50 hectáreas de bosques en las islas Paulino y Santiago, producto de la gestión de las obras de la empresa TecPlata S.A.  “La polémica por el talado de árboles por el  Metrobus porteño en plena 9 de Julio y Tecnópolis es ínfimo frente al daño que hacen estas obras portuarias”, sostuvieron los ambientalistas.

Este viernes 8/03 a las 10 de la mañana, los ambientalistas serán recibidos por la Jueza Cardoni, quien citó también a autoridades del Organismo Para el Desarrollo Sostenible (OPDS) -órgano de contralor provincial-, la Defensoría del Pueblo bonaerense y representantes legales de la empresa Tecplata S.A. de capitales filipinos.

En diversos informes elaborados por la Universidad de Buenos Aires (UBA) ya habían advertido que debido a la contaminación medioambiental existente los barros extraídos del fondo del Río Santiago deben ser analizados profundamente y en su caso deben ser tratados, en forma previa a su disposición final.

Pero al margen de esto, lo más importante es que esa disposición final no se debió hacer y no se puede hacer en las islas Paulino y Santiago, porque tienen un doble estándar de protección: son humedales y bosques, paisajes protegidos por la legislación internacional, nacional y provincial, que impide alterarlos en modo alguno.

El Director del Instituto de Estudios Agroindustriales y Ambientales de la Fundación Agronegocios y Agroalimentos, el ingeniero Hugo Cetrángolo, señaló que “el estudio de la UBA prueba el modo incorrecto en que se están realizando las tareas de dragado y refulado, y determinó la presencia de contaminantes en los sedimentos extraídos del lecho del Río Santiago, los que están siendo depositados en la Isla Paulino. La forma en que se realiza la disposición ha implicado la destrucción del humedal y el bosque ribereño. Las obras del puerto podrían realizarse respetando la ley, lo que implica cuidar y no degradar el medio ambiente. Un ahorro económico puntual es inaceptable por estar apoyado en una conducta contraria a la ley. Esta situación podría y debería evitarse".

Habitantes, productores de la zona y  numerosas organizaciones no gubernamentales rechazan el impacto ambiental negativo producido por la forma en que se están llevando a cabo tales obras. “Nadie se opone a la construcción de la terminal portuaria, pero se rechaza la forma en que la empresa la lleva a cabo. Hace dos años venimos batallando para tratar de que hagan las cosas bien, no lo logramos, de ahí nuestras denuncias”, destacó Marcos Marini, productor afectado de la Isla Paulino.

“Nosotros creemos que la empresa busca hacer su obra rápido, ahorrando recursos económicos pero a costa del daño medioambiental hoy ya irreversible. Están removiendo sedimentos contaminados del lecho del Río Santiago y, sin tratamiento alguno, los están volcando en aguas abiertas y  mediante el refulado –expulsión- es depositado en la superficie en la Isla Paulino, mediante un sistema de cañerías. Todo este proceso  es ilegal, pues destruye el bosque ribereño y el humedal conformado por las islas Santiago y Paulino” argumentó Hugo Represa, abogado de los productores afectados. 

El letrado manifestó sobre las consecuencias sanitarias  de la obra para  la comunidad. “Están poniendo en riesgo la salud de la población".

Marcelo Martinez, presidente de la Asociación Nuevo Ambiente, sostuvo que “la consecuencia más significativa radica en la eliminación de más de 50 hectáreas del humedal y bosque sin ninguna posibilidad de reversión. Además se planean afectar 20 hectáreas adicionales. Esto impactará además en los habitantes y quinteros que habitan y trabajan en las islas Paulino y Santiago, sabemos que el daño está hecho pero estamos a tiempo para que las hectáreas que quedan no desaparezcan”.