¿Cuáles son las empresas detrás del lobby por la Ley de Glaciares?

La discusión en torno a la Ley de Glaciares volvió al centro del debate público en Argentina, impulsada por proyectos de reforma que, según distintos sectores, podrían redefinir el equilibrio entre desarrollo económico y protección ambiental. En ese escenario, la multinacional minera Barrick Gold aparece señalada como uno de los actores con mayor interés en los cambios regulatorios.

Sancionada en 2010, la Ley 26.639 establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce. La norma prohíbe actividades que puedan afectarlos, entre ellas la explotación minera, la construcción de infraestructura o la liberación de contaminantes.

Desde su origen, esta legislación generó tensiones con el sector minero, dado que limita la expansión de proyectos en zonas cordilleranas ricas en recursos.

Barrick Gold, una de las mayores productoras de oro y cobre del mundo, ha sido protagonista central de ese conflicto. La compañía impulsó acciones judiciales contra la ley poco después de su sanción, cuestionando su constitucionalidad y su impacto sobre la actividad extractiva. Sin embargo, en 2019 la Corte Suprema rechazó esos planteos, consolidando la vigencia del marco ambiental, según informó Economías Sustentables.

Barrick Gold y el mayor derrame minero de la historia argentina

A todo esto, Barrick Gold fue protagonista del mayor derrame minero de la historia argentina. En 2015, ante la falla de un sistema de seguridad, la compañía derramó 1.072 metros cúbicos (más de un millón de litros) de solución con cianuro, un componente altamente tóxico, en Río Potrerillos, San Juan, mientras extraía oro en su yacimiento Veladero, según publicó Infobae.

Actualmente, el proyecto Veladero es operado por la canadiense Barrick Gold y la estatal china Shandong Gold. En San Juan hay otros proyectos, según publicó Economías Sustentables: el Proyecto Vicuña, administrado por Lundin Mining y la anglo-australiana BH; el Proyecto El Pachón de la suiza Glencore, donde participa el fondo estatal Qatar Holding; y el proyecto Los Azules, operado por la multinacional Río Tinto- McEwen Mining.

La discusión de la ley de Glaciares hoy

Más allá del plano jurídico, el debate tiene una dimensión económica significativa. La minería se ha convertido en un sector estratégico para la generación de divisas en Argentina, con exportaciones que superaron los US$6.000 millones en 2025.

En este contexto, distintos actores empresariales y gubernamentales sostienen que la Ley de Glaciares, en su forma actual, restringe inversiones y limita el desarrollo de proyectos considerados clave para el crecimiento.

Las propuestas de reforma apuntan, principalmente, a redefinir el alcance del concepto de “ambiente periglacial” y a introducir criterios de evaluación basados en la “función hídrica” de cada zona. Esto implicaría que ciertos emprendimientos podrían avanzar si demuestran un impacto acotado sobre los recursos hídricos.

También se plantea otorgar mayor protagonismo a las provincias en la determinación de áreas protegidas, lo que ampliaría el margen para autorizar explotaciones.

Lo que ven las empresas

Desde el punto de vista empresarial, estos cambios representarían una oportunidad para reactivar inversiones en proyectos actualmente frenados.

Diversos análisis señalan que iniciativas mineras podrían incrementar significativamente las exportaciones y atraer capital extranjero si se flexibiliza el marco regulatorio. En particular, compañías con operaciones en zonas de alta montaña —como Barrick— serían potenciales beneficiarias.

Sin embargo, en el mundo del revés se empieza por el final. Según publicó La Política Online, el propio director para Latinoamérica de Barrick Gold, Marcelo Álvarez, dijo en mayo de 2025 en IAEF:

Con el RIGI no alcanza. La inversión en Argentina es mucho más compleja que hacerla en Chile. Entonces, el inversor entre ir a Chile, que ya tiene la infraestructura, o venir a Argentina, que tiene que construir las rutas y su propia línea eléctrica, va a tomar la decisión de ir a un país donde eso ya está. Con el RIGI no alcanza. La inversión en Argentina es mucho más compleja que hacerla en Chile. Entonces, el inversor entre ir a Chile, que ya tiene la infraestructura, o venir a Argentina, que tiene que construir las rutas y su propia línea eléctrica, va a tomar la decisión de ir a un país donde eso ya está.

Esto significa que a falta de infraestructura, las inversiones no florecerán a borbotones, a menos que haya un plan integrado. Ayer, el ministro de economía Luis Caputo anunciaba la concesión de 12.000 km de rutas nacionales en los próximos años, tal vez con eso ayude.

Los ambientalistas dan batalla

Del otro lado, organizaciones ambientales y sectores sociales advierten que estas modificaciones en la ley responden al lobby de grandes mineras y podrían debilitar la protección de recursos hídricos críticos. Denuncian que la normativa vigente ya fue objeto de intentos de “boicot” por parte de empresas del sector y alertan sobre antecedentes de contaminación, como los derrames registrados en la mina Veladero.

El trasfondo del conflicto refleja la tensión entre la necesidad de generar divisas y tal vez algo de empleo frente a la preservación de bienes naturales estratégicos. Mientras el gobierno impulsa a la minería como motor de crecimiento, el debate sobre la Ley de Glaciares expone los límites y costos de ese modelo.

La eventual reforma de la ley no solo redefinirá el marco ambiental, sino también el rol de actores como Barrick Gold en la economía nacional y el balance entre desarrollo y sustentabilidad.