CÓRDOBA. La plataforma de transporte por alquiler Uber tendría planeado ampliar su desembarco en ciudades de Argentina a pesar de la resistencia de los tradicionales servicios de taxis y remis locales. A las capitales se sumarían otras populosas urbes, como lo son Río Cuarto y Villa María en Córdoba.
UBER
Las ciudades de Argentina que se sumarán al mapa de una app de transporte
A pesar de la resistencia de la industria del taxi, la plataforma estadounidense prepara más desembarcos en diversas ciudades.
Esos dos municipios, que encabezan las listas poblacionales del “interior”, podrían comenzar a tener la opción de Uber como transporte para los pasajeros. Y también para aquellos choferes interesados en operar mediante ese servicio.
Precisamente Córdoba es una de las provincias en la que mayores conflictos ha tenido la plataforma para instalarse formalmente. Con Córdoba capital resistiendo el desembarco legal de Uber desde 2020, el plan de la empresa estadounidense es comenzar a dar servicio en los otros centros urbanos cordobeses.
En ese sentido, Uber mantiene una disputa legal con la Municipalidad de Córdoba, que ha planteado la ilegalidad de la operación de dicha empresa dentro de la capital provincial. Actualmente, las autoridades labran multas millonarias para los conductores que operan la aplicación, con retención de vehículo incluida.
Esa tensa relación entre la capital provincial y Uber tiene de por medio el sistema de “chapas” de taxis que administra la comuna.
Taxistas que se suman a Uber
La otra cara de la realidad la plantean aquellos taxistas que se han sumado a operar mediante la plataforma. Se trata de vehículos oficializados por la Municipalidad de Córdoba pero que no rechazan acordar viajes mediante el servicio ofrecido por Uber, que generalmente provee ofertas más rentables que la tarifa tradicional.
En ese sentido, los taxistas cordobeses que operan Uber aseguran un incremento del 50% en los ingresos de su actividad, que en teoría se mantiene por fuera de la legalidad marcada por la Municipalidad. Así, una buena porción de los conductores legales de alquiler reclaman una legislación que reconozca tanto la “tarifa de calle” propuesta por el Municipio, como la “tarifa privada”, acordada entre las plataformas y los usuarios.