Femicidio de Micaela García: La Corte Suprema ordenó un nuevo juicio contra Pavón

La desaparición de Micaela García se reportó el 1 de abril de 2017. La Justicia la encontró muerta una semana después, con signos de violencia y agresión sexual. Por el homicidio fueron a juicio Sebastián José Luis Wagner, Néstor Roberto Pavón y Gabriel Ignacio Otero.

La fiscalía solicitó prisión perpetua para Wagner y Pavón por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y femicidio. Mientras que para Otero requirió la absolución debido al beneficio de la duda, en una postura compartida por la querella.

Luego, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay condenó con prisión perpetua a Wagner, a quien consideró culpable en los mismos términos que habían planteado los acusadores, y a Pavón a cinco años de cárcel por “encubrimiento agravado”. En cuanto a Otero, la justicia lo absolvió por ausencia de acusación.

Tanto la fiscalía como la querella apelaron el fallo para revisar el caso de Pavón ante la Cámara de Casación de Paraná. El órgano superior confirmó la perpetua de Wagner, pero anuló la sentencia de Pavón y ordenó someterlo a un nuevo juicio oral, porque existían elementos para evaluar su participación en el femicidio de Micaela García.

La defensa de Pavón apeló la decisión ante el Máximo Tribunal de Entre Ríos, que aceptó el recurso. El juzgado declaró el 31 de julio de 2020 que los recursos apelatorios de las partes acusatorias fueron mal admitidos, y en consecuencia anuló la orden de realizar un nuevo juicio contra Pavón.

Ante esta decisión, la querella y la fiscalía realizaron nuevas presentaciones, esta vez ante la Corte Suprema de la Nación. En esta instancia, los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti revocaron el último fallo por considerar que vulneró el derecho de la víctima y de los acusadores del proceso. En disidencia, Carlos Rosenkrantz consideró en disidencia que el planteo era “inadmisible” en virtud del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La Corte adoptó los fundamentos de la Procuración General, que señaló deficiencias de la sentencia recurrida en materia de género. Por un lado, el fallo no aplicó las disposiciones de la Ley 26.485, reglamentaria de la Convención de Belém do Pará, que garantiza a las víctimas de violencia de género la amplitud probatoria necesaria para acreditar los hechos denunciados. Por otro, observó que la decisión del tribunal no valoró las pruebas “de acuerdo con el principio de la sana crítica” y desestimó “arbitrariamente” los recursos de la querella y la fiscalía.

También, la Procuración destacó que el tribunal entrerriano no fundamentó adecuadamente su conclusión sobre la supuesta falta de pruebas para implicar a Pavón en el homicidio. Al tiempo que advirtió que la sentencia ignoró los argumentos de la Cámara de Casación provincial, que había encontrado indicios suficientes para ordenar un nuevo juicio contra Pavón.

El fallo de la Corte Suprema precisa que “La decisión impugnada fue dictada el 31 de julio de 2020, cuando ya había entrado en vigencia la ley 27.499 que lleva el nombre de la víctima del hecho que ha sido objeto de este proceso: ‘Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado’”.

La repercusión nacional que tuvo el femicidio de Micaela García generó que el Congreso sancione el 10 de enero de 2019 la Ley Micaela en su honor. La norma estableció la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública dentro de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. La Corte consideró que a pesar de su vigencia, la ley, “fue desatendida en la sentencia que aquí se recurre”.

Bajo esos parámetros, la postura de la Procuración manifestó: “la decisión recurrida no es un acto judicial válido en tanto convalida una sentencia que valora arbitrariamente la prueba y desconoce el derecho al recurso que la ley reconoce a la parte, máxime tratándose de una víctima de violencia de género respecto de la cual el Estado ha asumido una obligación reforzada que exige actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”.

Por esta resolución, ahora Pavón deberá volver a ser juzgado en un juicio oral, pero esta vez como partícipe del femicidio de Micaela García, en un procedimiento que tenga perspectivas de género y que lo podrá mandar a la cárcel con cadena perpetua, tal como está Sebastían Wagner desde el 2017.

Más contenido en Urgente24

Dato mata relato: Industria y construcción muestran que la recesión no terminó

Con Sergio Urribarri preso, la Corte anuló la destitución de la fiscal que lo investigó

Verano a Brasil en auto: Las opciones para cruzar hacia las playas

José Luis Espert echa leña al fuego, con dura crítica a la UIA