Amnistía Internacional elaboró un preocupante informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina, en el que advierte sobre la delicada situación de los Derechos Humanos en el país. Desde el abuso policial hasta el acceso a la conectividad en la educación, muchos asuntos de un discurso oficial que no se plasma en los hechos.
AMNISTÍA INTERNACIONAL
Derechos Humanos: Alarmante capítulo aparte para Argentina
Amnistía Internacional elaboró un capítulo aparte para la situación de los Derechos Humanos en Argentina, en el que advierte sobre una delicada situación.
31 de marzo de 2022 - 08:15
Capítulo aparte de Amnistía Internacional para la Argentina de Alberto y Cristina Fernández.
Amnistía Internacional publica anualmente el informe sobre el estado de los Derechos Humanos a nivel global, y allí es que la Argentina ha merecido un verdadero capítulo aparte en el que se observa que el discurso del gobierno nacional en materia de derechos humanos no se plasma en los hechos.
El documento aborda diversas áreas como los derechos sexuales y reproductivos, la crisis climática, la violencia institucional, la educación y conectividad, entre otros, durante el 2021 en nuestro país y los resultados fueron alarmantes.
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Mayor desigualdad producto de la pandemia de Covid- 19, pocas medidas efectivas para prevenir la violencia de género, fallas en la implementación del aborto legal en todo el país, persistencia de la violencia institucional, y falta de avances en las investigaciones de desapariciones forzadas son los principales déficits que identificó Amnistía Internacional en su último Informe Anual 2021/2022.
Paola García Rey, Directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, expuso sobre algunas claves del informe 'Retos en Derechos Humanos'.
Durante la pandemia las fuerzas de seguridad ocuparon un importante lugar en cuanto al control de las calles. Si bien los episodios de violencia institucional no aparecieron con el coronavirus, pueden haberlo agravado.
"Uno de los ejes es violencia institucional que es una de las cuentas pendientes desde la vuelta de la Democracia. Lo que estuvimos haciendo durante los últimos dos años fue relevar los casos que fueron sucediendo y aunque la pandemia no vino a empeorar la situación, sí delegó sobre las fuerzas de seguridad mucho control de las calles que hizo que se revelaran todavía más y entonces se vean más estos casos".
El informe recupera el estado de situación de causas que se vienen investigando hace mucho tiempo y que aún permanecen impunes. "Tal es el caso de Santiago Maldonado, de Facundo Astudillo Castro o casos más recientes como el de Lucas Gonzáles a fines del año pasado que fue disparado por una brigada de policía de la ciudad que circulaba sin identificación", recordó García Rey en diálogo con 'MdZ Radio'.
Un elemento común a ministros provinciales y nacionales, e incluso ex ministros de Seguridad es la defensa inmediata del personal policial cuando se cuestiona su accionar. Es un patrón que se repite."Lo que uno ve es cómo opera el sistema institucional para intentar cubrir cuando hay situaciones de uso abusivo de la fuerza. Vimos en el caso Fontana cuando policía de la provincia de Chaco entra a casa de familias indígenas y por la fuerza los llevan detenidos y hay denuncias de torturas".
Desde Amnistía trabajan la agenda para re entrenar las fuerzas de manera permanente. "De manera que cada vez que un agente de seguridad desenfunde un arma tiene que haber análisis e investigación de parte del Estado y que justifique el motivo por el cual se desenfundó el arma".
Parte del acceso a un derecho es saber que existe
En el apartado sobre Derechos sexuales y reproductivos hay un claro ejemplo entre banderas que el oficialismo se atribuye y hechos que ponen la implementación de las leyes lejos de su agenda. La ley 27.610 que legalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el Plan de 1000 días se aprobó a fines de 2020 y se exhibió muchas veces como una política importante entre las prioridades del gobierno nacional. Sin embargo no se hizo ni una sola campaña de información a la ciudadanía sobre cómo ejercer ese derecho.
En cuanto al plan de acompañamiento desde el embarazo hasta los primeros años de vida que se llamó "Plan de 1000 días" tampoco hay suficientes datos circulando. "Es poca la información a la que se puede acceder para conocer cuál es el nivel de implementación para entender cuál es el esquema de derivaciones para aquellas personas que quieran continuar con su embarazo".
Falsas promesas
El capítulo local de Amnistía Internacional, en el apartado referido a nuestro país, si bien destacó que para finales de 2021 había avanzado la vacunación y "alrededor del 79% de la población" contaba con dos dosis, consideró que "la pandemia profundizó las desigualdades existentes: la violencia contra las mujeres y las niñas y la falta de medidas efectivas para abordarla seguían siendo motivo de grave preocupación".
Y en este sentido, la organización destaca las altas cifras de pobreza que, según cifras oficiales, para junio de 2021 alcanzaba al 40,6% de la población, y la tasa de desempleo que ascendía al 8,6% en el tercer trimestre del año pasado.
"El 2021 debería haber sido un año de recuperación. En cambio, dejó un legado de profunda desigualdad. Si bien podemos mencionar esfuerzos como el plan de vacunación para contener el COVID o la continuidad de avances en políticas de género y diversidad, la inestabilidad y las falsas promesas siguen haciendo mella en los derechos humanos tanto de la población de nuestro país como en la de toda la región", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en diálogo con el sitio 'Infobae'.
Y agregó: "Hubo algunos avances la ley para la interrupción voluntaria del embarazo, etiquetado frontal, el cupo laboral trans, el documento no binario. Sin embargo, hay deudas pendientes que pareciera no podemos superar. Sancionamos leyes de vanguardia que luego no se implementan".
"La igualdad y violencia de género, el respeto a las diversidades, la inclusión de los pueblos indígenas y sus derechos colectivos sobre sus territorios, el fin de la violencia institucional y la correcta ponderación de la justicia climática como eje imprescindible para pensar un futuro sustentable que apuntale el desarrollo armónico de nuestra sociedad, son algunos de los ejes que destacamos en nuestro informe", añadió.
Violencia contra las mujeres
Tras brindar datos de la violencia de género en Argentina, advierte que " a esta altura, es una crisis endémica que ningún gobierno ha podido resolver".
Menciona que, en 2021, se registró un femicidio cada 30 horas. Esto equivale a 289 víctimas mortales confirmadas, que incluyen 24 femicidios vinculados, nueve personas Trans y 15 suicidios feminicidas, según datos del Estado. El 15,2% de las víctimas había denunciado previamente a su atacante. Según el Observatorio de Femicidios de la oficina del Defensor del Pueblo de la Nación, el 65% de los femicidios fue cometido en la vivienda de las víctimas, el domicilio compartido o en un entorno familiar.
"Esta situación se vio agravada por la falta de respuestas efectivas y eficientes por parte del gobierno ha podido resolver. Tanto las políticas públicas para abordar la violencia de género, como la ausencia de una perspectiva tal entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a la hora de responder o aplicarlas adecuadamente no parecen estar funcionando", se advierte en el reporte. Y subraya: "El Estado tiene incontables oportunidades para incidir y desarticular los procesos de violencia de género que atraviesan las víctimas, antes de que se consume un asesinato por motivos de género".
Para Amnistía, "lamentablemente, la relevancia que se le ha dado públicamente a la lucha contra la violencia de género se contrapone con los bajos índices de persecución y juzgamiento que se registran históricamente en Argentina y en la región en general".
Según los datos del Informe, en nuestro país, solo el 15,5% de denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias. "Este patrón se reitera en otros países de la región. La impunidad en los delitos de violencia sexual envía el mensaje equivocado, de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece el sentimiento de inseguridad, así como una persistente desconfianza en la justicia".
Amnistía también hace visible en su Informe la violencia de género online. Tras destacar que las redes sociales fueron el escenario primordial de importantes campañas por los derechos de las mujeres en todo el mundo, como el #NiUnaMenos, #MeToo, #TimesUp y #Cuéntalo "la falta de acción de los Estados y las empresas para garantizar el respeto por los derechos humanos y hacer frente a la violencia y el abuso online no contribuye a que las mujeres usen su voz para ‘generar un cambio en el mundo’, sino que las empuja hacia una cultura de silencio".
El trabajo señala que "la proliferación de acciones concertadas y de cuentas mecanizadas –a través de bots y trolls– hicieron la experiencia más hostil, potenciada por las insuficientes medidas adoptadas por la plataforma para morigerar los casos de violencia de género online y la falta de regulación por parte del Estado".
El estudio pone el foco, también, en el abuso sexual infantil. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel mundial, una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños sufre violencia sexual en las infancias. "En la Argentina, según datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef (2019-2020), el 11% de las mujeres de 18 a 49 años declaró haber sido víctimas de abuso sexual durante su infancia o adolescencia. Extrapolando esta estadística a las infancias, al menos una de cada diez niñas y adolescentes sufren violencia sexual", advierte el Informe.
Asimismo, señala que "cada año alrededor de 80.000 adolescentes tienen un hijo/a y siete de cada diez adolescentes no han deseado ni planificado ese embarazo. Entre quienes son menores de 15 años, ocho de cada diez no lo ha hecho, en su mayoría consecuencia de abusos y violencia sexual".
El Informe menciona el caso de la actriz Thelma Fardin y la denuncia que presentó en 2018 contra el actor Juan Darthés, quien se radicó en Brasil a partir de esa acusación. Para Amnistía, su caso marcó un punto de inflexión en Argentina:
Educación sexual integral
A 16 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), según Amnistía "persiste una brecha significativa entre el marco normativo y su implementación real. Solo el 4% de estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos básicos, prioritarios y obligatorios de la ESI.
Por su parte, siete de cada diez docentes sostienen que necesitan más capacitación en materia de violencia de género, abuso sexual infantil y diversidad sexual, identidad y expresión de género, lo que pone en evidencia la falta de políticas públicas para fortalecer la formación en la Ley".
La ESI es considerada por Amnistía como "una herramienta central para que los niños, niñas y jóvenes puedan tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, sexualidad y salud, aprender a construir relaciones equitativas, comprender la importancia del respeto de la diversidad, prevenir situaciones de abuso sexual, identificar episodios de violencia y conocer métodos para prevenir embarazos no intencionales, entre otras cosas". En este sentido, lanzó un petitorio para exigir a las autoridades que se garantice la ESI en todas las escuelas del país.
Violencia Institucional
El Informe de la ONG con sede en Londres advierte que, al finalizar 2021, quedó pendiente de aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación la ley de Abordaje Integral de la Violencia Institucional por parte de funcionarios policiales en los Servicios de Seguridad y Penitenciarios.
"En los últimos años, Amnistía Internacional relevó casos en todo el país. Muchos de los que se siguieron registrando a lo largo de 2021 ilustran prácticas abusivas, fuertemente arraigadas y extendidas por parte de las fuerzas de seguridad de todo el país", advierte.
Y menciona, entre otros, los casos de Lucas González, el joven de 17 años, baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio de Barracas, y el de la familia qom, a cuya casa ingresó por la fuerza y sin autorización legal un grupo de policías en el barrio chaqueño de Fontana, imputados luego por los delitos de vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, detención ilegal, falsedad ideológica y encubrimiento. El capítulo argentina del Informe anual de Amnistía incluye, también, los casos de Mauro Coronel, Blas Correa, Josué Lagos, y la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, ocurrida a finales de 2020.
El reporte sobre derechos humanos menciona, además, el caso de Santiago Maldonado, ocurrido durante la gestión de Mauricio Macri, y que fue calificado por su familia, el kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos como "una desaparición forzada de persona", en el marco de un operativo represivo de efectivos de Gendarmería nacional. Su cuerpo fue encontrada en el río y la Justicia determinó que la causal de su muerte fue "asfixia por sumersión" y que "habría permanecido desde su desaparición en el medio acuático".
Sin embargo, en 2019, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió reabrir la causa. Si bien descartó que haya existido el delito de desaparición forzada de persona, dejó abierta la posibilidad de que uno o más gendarmes –como así también algún miembro de la comunidad mapuche- hayan abandonado a Maldonado en las aguas del río Chubut.
"A finales de año seguía pendiente la decisión de la Corte Suprema en el caso de la posible desaparición forzada de Santiago Maldonado, que tenía 28 años. (…) La causa continuaba paralizada y en total impunidad. Seguía preocupando la falta de reformas que apunten a promover políticas públicas institucionales para fortalecer los mecanismos para la búsqueda efectiva de personas desaparecidas y la investigación judicial de presuntas desapariciones forzadas", sostiene el último Informe de Amnistía Internacional.
Crisis climática
Amnistía Internacional recuerda en su reporte que durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (en septiembre de 2021, Argentina anunció su compromiso de mejorar en casi un 26% sus contribuciones determinadas a nivel nacional (ndc, por sus siglas en inglés) en comparación con sus ndc de 2016, y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. "Sin embargo, estos objetivos siguen siendo insuficientes porque no se ajustan al compromiso global de reducir el calentamiento global a 1,5 °c".
"Las intensas olas de calor, sequías e incendios en grandes extensiones de tierras en todo el país volvieron a poner en la agenda la necesidad de tratar en el Parlamento, con la mayor celeridad posible, la Ley de conservación de humedales", que representan el 21% de los territorios nacionales. "En 2020, casi 1.200.000 de hectáreas fueron afectadas por el fuego. Si bien en 2021 esta cifra disminuyó, los incendios masivos en la provincia de Corrientes y la declaración de emergencia del Poder Ejecutivo Nacional (Decreto 6/2022) dieron cuenta de que el peligro de nuevas emergencias ígneas está latente".
"Desde 2013 se presentaron en el Congreso diversos proyectos de ley de protección de humedales que, sin embargo, fueron perdiendo estado parlamentario. En 2020, se presentaron 13 proyectos y uno de ellos avanzó con el apoyo de más de 380 organizaciones de la sociedad civil y colectivos. A pesar de haber tenido dictamen conjunto de comisiones en la Cámara de Diputados, no fue tratado en el recinto y recientemente perdió estado parlamentario".
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