Emergencia Fiscal y suspensión de embargos/ejecuciones ya por 180 días

No solo estamos preocupados por

> las tasas de interés que impiden el acceso al financiamiento mediante el crédito;
> la cadena de pagos en las empresas es cada vez mas extensa provocando el peor escenario que lleva a estas a reventar cheques en el mercado con tasas de mas de 40%;
> una disparada de la moneda estadounidense que freno las pocas exportaciones que algunas empresas tenían, y principalmente,
> las cargas sociales que su imposibilidad de pago en término, mediante el extorsivo impuesto al trabajo, en lo referente a las contribuciones y aportes a la seguridad social,

devienen en la astucia de AFIP de embargar las cuentas sin el respeto al debido proceso y la defensa en juicio y ejecutar a diestra y siniestra.

Lo lógico en un país que está a las puertas de la recesión y con la caída de la economía y el freno del consumo, es que, se tomen medidas acordes a los factores sociales que impulsan la economía y generan empleo genuino.

Esta lógica no sucede. Los embargos mediante el congelamiento de cuentas y las ejecuciones en contra de las empresas y los contribuyentes son llevadas a cabo, asquerosamente, por el AFIP y como declaro su director “vamos a reactivar los embargos”.

No es ético, profesional ni democrático que una figura política, al frente de un organismo nacional, genere miedo y desconfianza en la actividad empresarial que son estos quienes generan el 80% del empleo en el país y son un motor para la economía en baja.

Esto debe frenar porque está provocando el cierra de las empresas y de los negocios.

La Resolución 4.262 del 15/06 implementó un plan general que es mentira. Nadie accede a este plan general. Te marcan, como a un animal, con un Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) mediante un “Scoring” de letras que te mide el comportamiento y te aleja del sistema empujándote al cierre.

En las últimas horas ingresó en la Cámara de Diputados, un proyecto de Ley impulsado por el bloque de Sergio Massa, Frente Renovador.

Este proyecto, entre otros puntos, abarca:

> la liberación de paritarias libres;

> un bono de emergencia para los jubilados de la mínima, programas sociales, una tasa de subsidio para la exportación,

> un régimen de flotación a cargo del BCRA para contener el dólar, y

> lo más principal, necesario e imperioso para todos los contribuyentes y las 854.000 empresas en la Aargentina,

> la suspensión de 180 días de los embargos y las ejecuciones de AFIP.

Esta medida se está debatiendo en la Legislatura porteña y en la provincia de Buenos Aires.

Este proyecto se engloba en la llamada “Emergencia Fiscal”.

Mi opinión es que el Poder Ejecutivo, mediante las facultades que le otorga la Constitución Nacional con los Decretos de Necesidad y Urgencia, tiene la obligación de decretar la Emergencia Fiscal y la urgencia deficitaria, esto es, debe prohibir por decreto que por el término de 180 días se deje de embargar y de ejecutar a los contribuyentes y a las empresas por parte del AFIP.

Esta necesidad y urgencia fiscal la necesita la economía, el mercado, las empresas y el país.

En términos legales, contamos con una Ley Pyme Nº 25.300 que vino aportar estabilidad fiscal en el 2018.

Las empresas que se adhieran a la “categorización y/o beneficios Pymes”, desde el portal de afip.gov.ar con la clave fiscal, contaran con beneficios que significan un buen financiamiento y reducción de la presión fiscal.

El problema está en la operatividad de difusión del ministro de Producción y los órganos descentralizados que no se ocupan de alzar estos beneficios y promediar estas medidas.

La responsabilidad y culpabilidad de esta falta de fomentación benéfica a las empresas, no solo se la lleva el gobierno de turno, sino también, es partícipe necesario de esta omisión, el ministro de producción que, declarando que la “culpa del 60% de los problemas de la pymes es el estado grande y burdo”  no soluciona nada y no da cuenta que tiene una ley pyme que se encuentra en vigencia pero el problema, en rigor al bajo índice de adhesión, se debe a la omisión de los canales de comunicación de los organismos respectivos y de falta de capacitación de profesionales.

El 60% de las 854 empresas en la Argentina no aprovechan estos beneficios.

Las declaraciones pandilleras del director de AFIP provocan que el mundo empresarial, emprendedor, el comerciante y el monotributista un nivel de desconfianza en el sistema impositivo y fiscal que retrasa, rotundamente, la economía y el empleo.

Se necesitan medidas protectoras y que no impongan condiciones absurdas a los contribuyentes.

Si no se decreta la Emergencia Fiscal y se frenan los embargos y las ejecuciones de AFIP por el termino de 180 días, el deterioro de la actividad comercial es inmediato.

Si no dan una solución política y se adoptan medidas ajustadas a la realidad de las pymes, los negocios y los comerciantes, que son el motor de la economía y el empleo genuino, es muy difícil que sigan los negocios y las empresas abiertas.