La suerte de Julio De Vido quedará en manos del Congreso: el juez federal Luis Rodríguez no hizo lugar al pedido de desafuero solicitado por el fiscal Carlos Stornelli en la causa que investiga irregularidades en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). La solicitud de Stornelli fue por presuntos delitos de "defraudación a la administración pública" y "malversación de fondos". Rodriguez consideró una exageración lo de Stornelli.
De todos modos, vale la pena repasar el procedimiento de los fueros, ya que muchísimo se ha especulado sobre el tema durante los días recientes. Según la Ley de Fueros N°25.320, promulgada en 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando, un juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abre una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador sujeto a desafuero, el tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida.
El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla, el tribunal deberá solicitar su desafuero. En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, sujeto a desafuero, no sea separado de su cargo.
La publicitada renuncia que están realizando algunos diputados a sus fueros no es necesaria sino que alcanza conque llegado el momento se pongan a disposición de justicia. Sólo la Cámara de Diputados o Senadores puede desaforar a un legislador, si lo solicita un juez nacional o provincial.
Ante la existencia de un delito y la necesidad de salvaguardar su buen nombre y honor, nada mejor que un legislador se pueda poner a disposición de la Justicia, para lo que no hace falta renunciar a los fueros.
Las decisiones anunciadas este viernes 07/07 por los candidatos del Frente 1Pais y el jefe del Bloque del Pro, diputado nacional Nicolás Massot, es una una sobreactuación política sin importancia jurídica.
El pedido choca con lo que establece la Constitución de la Nación Argentina. En su artículo 68 puntualiza que "ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.
El artículo 69 establece "ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado; excepto el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva; de lo que se dará cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho".
Dicho lo cual, por más presentaciones que se hagan, cualquier accionar judicial deberá recorrer, sin más atajos, los caminos que establece la Carta Magna.
La solicitud de desafuero debe ser girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene un plazo de 60 días para emitir dictamen. No obstante la Cámara (en este caso Diputados), deberá tratar la causa, dentro de los 180 días de ingresada, aun cuando no exista dictamen de comisión.
En el hipotético caso que Rodríguez hubiera pedido el desafuero de De Vido, sobre 34 miembros de la Comision de Asuntos Constitucionales que preside el diputado Pablo Tonelli (Unión Pro-CABA), la alianza Cambiemos tiene 14 votos (6 macristas, 6 UCR, 2 Coalición Cívica). Sumados los 5 de bloque de Sergio Massa, los 2 diputados que responden al gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, más Margarita Stolbizer, lograrían los votos necesarios para aprobar el dictamen por una mayoria de 22 votos. Luego de los 7 días reglamentarios, el tema estaría habilitado para tratarlo en sesión especial u ordinaria.
En el tratamiento del recinto, el panorama no parecía complicado a los deseos del Gobierno. La ley requiere una mayoría de 2/3 tercios de los presentes. "Los votos están", le dijeron a Urgente24, las diputadas Elisa Carrió (Coalición Civica-CABA) y Graciela Camaño (Frente Renovador-Buenos Aires).
Hoy, en el oficialismo y la oposición (excepto el Frente para la Victoria), están a la espera del pedido de desafuero del juez federal Luis Rodríguez. "Sin un pedido de la justicia no podemos avanzar en la contrucción de consenso para llegar a los 2/3 de los votos de los presentes", le dijo a Urgente24 la presidente del bloque de Federal Unidos para una Nueva Argentina, Graciela Camaño. Enseguida, ella aclaró: "La Constitución es clara. Cuando se requiere 2/3 del total del cuerpo legislativo lo dice expresamente pero no es lo que señala el artículo 70".
Según el artículo en cuestión es importante señalar que cada cámara del Congreso, con 2/3 de votos, podrá suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento.
Sobre la posición de su bloque Camaño afirmo: “La posición de nuestro bloque fue siempre la misma. El año pasado votamos un proyecto de resolución para que el juez no tuviera ningún impedimento en el allanamiento" (a la casa de De Vido).
Ahora bien, el juez Luis Rodríguez denegó el pedido del fiscal Carlos Stornelli. Cambiemos tiene un plan B: accionar la expulsión de De Vido del seno de la Cámara baja.
Elisa Carrió, con antiguos pleitos judiciales personales con De Vido, aseguró que"hay número para el desafuero" y si no hay pedido de la justicia, "habrá número para la expulsión. Pondremos buscados a todos los diputados que voten por la impunidad de De Vido". También agregó: "La expulsión la tenemos pedida, si Comodoro Py no actúa". La diputada de Cambiemos hizo estas declaraciones a la prensa, tras un diálogo con vecinos que tuvo junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en Villa Crespo.
Ocurre que la exclusión de un diputado o de un senador del la Nación puede producirse por medio de 2 mecanismos:
* Cuando un juez solicita expresamente su desafuero a la cámara respectiva y ésta se lo concede con los 2/3 de los votos de los legisladores presentes.
* El artículo 66 de la Constitución nacional, que faculta a cada cámara parlamentaria a "corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones". En dicho artículo se permite "removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de su seno".
En Diputados hay al menos 4 proyectos presentados en ese sentido: de Elisa Carrió (Coalición Cívica-CABA), Silvina Lospennato (Cambiemos-Buenos Aires), Eduardo Costa (UCR-Santa Cruz) y Soledad Sosa (Frente de Izquierda-Mendoza).
Todos se fundamentan en el artículo 188 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados que dispone: “en el caso de que la gravedad de las faltas lo justificare, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión, si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución. Resultando afirmativa, el presidente nombrará una comisión especial de cinco miembros que proponga la medida que el caso demande”.
En la Cámara de Diputados, uno de los antecedentes más relevantes es el del ex diputado nacional Ángel Luque (PJ-Catamarca), quien fue expulsado en 1991, tras el asesinato de la joven María Soledad Morales, del cual se lo acusaba a su hijo Guillermo. El cuerpo lo acusó de indignidad moral, luego que el el propio Luque sostuviera que tenía la estructura y el poder como para hacer desaparecer el cadáver de María Soledad si el asesino hubiera sido su hijo.
En 1998, 8 años después del crimen, Guillermo Luque fue condenado a 21 años de prisión por “violación seguida de muerte”. El 12/04/2010 la jueza catamarqueña Alicia Cabanillas le otorgó la libertad condicional tras 14 años entre rejas por su "impecable" comportamiento como presidiario.
El caso marcó un antes y un después. En 1999 se evitó la asunción de diputado electo Antonio Domingo Bussi. La Cámara baja rechazó su diploma, por considerar que su "participación activa en crímenes de lesa humanidad" y su peculado lo inhabilitaban moralmente para ejercer el cargo. La decisión final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en julio de 2007 finalmente dictaminaría que la Cámara de Diputados se había excedido en su facultad constitucional al negar la incorporación de Bussi. Su mandato, sin embargo, ya había terminado.
En abril de 2002, Diputados votó la expulsión por "desórdenes de conducta" de la justicialista Hilda Norma Ancarani de Godoy, misionera de origen pero llegada a la banca en 1995 como representante de la Provincia de Buenos Aires. La drástica determinación se correspondió con el mayoritario pronunciamiento del bloque justicialista que no quiso aceptar la renuncia que presentó Godoy para adelantarse y evitar de ese modo su destitución.
La unánime decisión de expulsarla de la Cámara a Godoy surgió luego de evaluar las denuncias por presuntos manejos irregulares de Adelantos del Tesoro de la Nación (ATN), por las declaraciones realizadas ante los periodistas del programa televisivo “Punto.Doc” –donde propuso usar una escopeta Itaka contra los reporteros– y por su vinculación a una causa judicial donde se investigaba el presunto robo de bebés.
Ancarani de Godoy se convirtió así en un dato estadístico y un lamentable recuerdo. Fue la primera mujer expulsada en la historia parlamentaria, desde la sanción de la ley que en 1947 posibilitó el voto femenino y el derecho a la mujer de ser elegida.
En 05/06/1996 la Cámara de Senadores aprobó el desafuero de Eduardo Angeloz por el plazo de 60 días. La decisión, que no tenía antencedentes y posibilitó que la Justicia de Córdoba pudiera procesar, e incluso detener, a Angeloz si encontraba los motivos suficientes en la causa donde investigaba su presunto enriquecimiento ilícito.
2 meses despues 06/08/1996, Eduardo Angeloz le pidió al Senado que votara una prórroga ilimitada de su suspensión y desafuero, hasta que concluyera el juicio por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito durante su desempeño como gobernador de Córdoba. El 21/10/1998, 28 meses después, por el beneficio de la duda y la falta de pruebas concretas, Eduardo Angeloz y otros 14 imputados fueron absueltos de culpa y cargo. Así, el ex gobernador de Córdoba pudo volver a ocupar su banca en la Cámara Alta hasta diciembre de 2001.
El caso más cercano de expulsión de un diputado de la Nación se dió en la noche del 23/05/2006. Luego de más de 8 horas de debate, los diputados aprobaron la impugnación de Luis Patti por falta de “inhabilidad moral”, por 161 votos a favor, 61 en contra y 4 abstenciones.
Junto al Frente para la Victoria votaron el ARI, el socialismo y algunos radicales. En contra, la UCR, ex duhaldistas y el PRO. Mauricio Macri, Esteban Bullrich y el actual diputado Pablo Tonelli, autor de la resolución contra Julio De Vido, fueron parte de los 62 votos que defendieron al represor. Hoy Luis Abelardo Patti se encuentra detenido con prisión perpetua por homicidios, secuestros y torturas cometidos durante la última dictadura militar.
Volviendo al tema de Julio De Vido, fue Héctor Recalde, el presidente de la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados, quién esta semana salío a defenderlo. "Esto se enmarca en la persecución a los funcionarios de nuestro gobierno. Recalde habló de la intencionalidad política del Carlos Stornelli, a raíz del vínculo del fiscal con el Club Boca Juniors". Urgente24 pudo saber que Recalde llamaba cada día a la presidencia de la Cámara de Diputados para saber si había ingresado el pedido del juez Rodriguez.
El juez federal ya tuvo en su escritorio otra causa sensible contra De Vido, por enriquecimiento ilícito. Y lo sobreseyó. Rodríguez investigaba al ex ministro y a su esposa, Alessandra Minicelli, y evaluó que no había pruebas suficientes para condenarlos. Pero en 2015, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, revocó el sobreseimiento. Consideró que esa medida era "incompatible con el estado de duda" que presenta esta investigación incompleta. La causa se reabrió, y es una de las que oscurece el horizonte del diputado del Frente para la Victoria. El mencionado Hornos se anotó como posible sucesor de Alejandra Gils Carbó para la Procuración General.
El juez Rodríguez, sobre quien ahora están puestos todos los ojos, comparte un estrecho amigo en común con De Vido, el auditor Javier Fernández, padrino de su hija. Rodríguez asumió frente al Juzgado Federal N°9 en 2012, tras un discutido concurso que le valió varias impugnaciones en el Senado y una causa judicial que recayó en el juzgado de María Servini de Cubría. La jueza finalmente cerró la investigación. ¿Qué político no conoce a Javier Fernández? Sergio Massa no podría levantar la primera piedra. Tampoco Daniel Angelici.
Hay que recordar que el diputado Julio De Vido, junto a Roberto Baratta y otros ex funcionarios del gobierno anterior, están imputados por la malversación de una partida presupuestaria que entre 2005 y 2015 el extinto Ministerio de Planificación Federal derivó a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en Santa Cruz. Se habla de unos $26.000 millones.
El debate en torno a una normativa que legislara sobre inmunidades parlamentarias surgió a partir de la controversia que se generó luego del escándalo de corrupción del ex secretario de Obras Públicas, José López.
En aquella ocasión, la Justicia ordenó una inspección al domicilio del ex ministro de Planificación (quien tenía bajo su órbita el control de la obra pública), pero el funcionario kirchnerista apeló a sus fueros como diputado nacional para evitar el allanamiento. El juez Rodriguez ordenó un allanamiento sobre su domicilio y el Congreso demoró en aprobarlo.
Recien el 23/06/2016, con el aval de buena parte de sectores de la oposición “dialoguistas”, como el massismo, el bloque Justicialista, Progresistas, la izquierda y el oficialismo, Diputados consiguió aprobar un proyecto de resolución que permitía el allanamiento del domicilio del diputado Julio De Vido en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito
La votación fue 137 votos a favor y 49 en contra y 1 abstención (la de Julio De Vido).
Voto del allanamiento de De Vido
En la oportunidad, el Frente para la Victoria (FPV) no logró esconder sus propias grietas, con un faltazo superior a una veintena de los miembros del bloque que así eludieron defender públicamente al ex ministro de Planificación.
Hubo 69 ausentes en total, pero llamó la atención el faltazo de una veintena de diputados del Frente para la Victoria entre ellos Eduardo De Dedro, Nilda Garré, Sandra Mendoza, Cristina Alvarez Rodríguez, María Emilia Soria. También de los diputados del Movimiento Evita: Leonardo Grosso, Remo Carlotto, Araceli Ferreyra, Sivia Horne y Lucila de Ponti, que ese mismo día, el 23/06/16, abandonaron el Frente para la Victoria, para camuflarse en el bloque Peronismo para la Victoria.
La discusión tuvo dos carriles. Por un lado, el proyecto y la situación de De Vido en la causa que impulsa el juez Rodríguez; por el otro, la cuestión de fondo, donde el kirchnerismo acusó a la alianza Cambiemos de presionar sobre los jueces para perseguir a funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Iniciada la sesión, el propio Julio De Vido tomó la palabra y desmintió haberse amparado en la Ley de Fueros para negarle a la Justicia el ingreso a su domicilio y denunció una “brutal persecusión” lanzada sobre su persona desde la llegada de Mauricio Macri al poder.
De vido explicó "hoy se está evaluando si me amparé en los fueros otorgados por la ley 25.320 para evitar un allanamiento en mi domicilio. La respuesta es clara hasta para los mismos promotores de esta iniciativa, que conocen perfectamente todo el expediente judicial, porque lo revisaron, no solamente la nota que leyó el señor diputado Tonelli, y saben que no lo he hecho, en ninguna oportunidad. Jamás he frenado un allanamiento o una requisitoria durante mis doce años como ministro. Tomaron conocimiento de que en el trámite de la investigación el juez ordenó varios allanamientos buscando documentación contable de la firma que en el año 2004 nos alquiló el departamento de la avenida del Libertador. Está claro que buscaban información sobre un contador que tenía domicilio fiscal en mi casa, cuando jamás había vivido en ella. Jamás habíamos recibido ningún tipo de correspondencia o documentación en relación con esta persona, nos enteramos el día del trámite".
El macrista Pablo Tonelli retrucó con el escrito de un abogado que se presentó en representación del ex funcionario citando la ley de fueros para que Rodríguez desistiera de ejecutar el allanamiento.
La diputada Diana Conti (FPV-Buenos Aires), fue quien llevó adelante la posición del kirchnerismo, acusó a Cambiemos de estar ejecutando “un acto de onanismo público” y acusó al radicalismo de una “intromisión indebida y marcación de la cancha a los jueces de Comodoro Py”. Fue luego que el diputado Diego Mestre (UCR-Córdoba) presentara un pedido de desafuero contra De Vido por la causa de la tragedia de Once. La presentación fue rechazada por el presidente de la Cámara, Emilio Monzó (PRO-Buenos Aires), porque ese tipo de presentaciones, según la legislación vigente, deben surgir del magistrado a cargo del expediente. En este caso, el juez federal Claudio Bonadío.
“La antipolítica no va a querer comerse sólo al kirchnerismo”, advirtió Conti, “salvo a los CEO´s y los poderes fácticos, que estuvieron siempre en la Casa Rosada salvo por breves interrupciones, se los va a llevar puestos a todos”.
Diana Conti y Fernando Sánchez (CC-ARI) protagonizaron uno de los cruces más calientes de la sesión. Urgente 24 pudo reconstruir la discusión desde la versión taquigráfica de la sesión. “La Constitución da inmunidad para defender la Constitución, no para defender a un delincuente”, soltó Sánchez. “Éste no es el último debate que vamos a tener en este sentido”, siguió, y enumeró una larga lista de causas que implican a De Vido: "la tragedia de Once, la compra de material ferroviario a Portugal, la “ruta del dinero K”, Sueños Compartidos o la importación de gas licuado”.
“Mientras los tuvieron mansitos y domesticados (a los jueces) no abrían la boca. Fíjense por qué ahora avanzan estas causas y otras, como la de la efedrina”, agregó Sánchez. Y cerró: “Por eso les empiezan a faltar diputados. Porque la solidaridad política no es solidaridad penal”.
Conti, notablemente ofuscada, lo acusó de hacer “una larga trayectoria amparándose en la pollera de otra diputada (Elisa Carrió)”, de “sacar lo peor” de sí mismo ahora que tiene “poder” y de levantar “la bandera de la antipolítica. Te vas a tener que meter la lengua donde no tenés pelotas para metértela”, explotó. Y sumó: “Ustedes están pagando la campaña sucia con guita de las corporaciones”.
Fernando Sánchez sobre De Vido
Carrió recogió el guante "Yo fui quien dijo que efectivamente De Vido era cajero de Kirchner, en 2004. Lo repetí y lo repito: el señor De Vido es el más grande cajero del ex presidente Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner a lo largo del tiempo. López solo es el valijero, como Uberti. ¿Pero sabe que pasa, señor presidente? Yo creo que esto huele a hipocresía. ¿Cuántos de todos los que están aquí sentados cenaron con De Vido para pedirle obra pública? Cuando me trataban de loca por decir que eso era una asociación ilícita había intendentes de todos los partidos que hablaban con J. J. López y les entregaba el 30 por ciento de las coimas. He visto al ex gobernador Binner abrazado con De Vido e inaugurando obras, y mientras tanto hablaba mal de mí cuando necesitaba audiencia. Yo lo he visto, señor presidente. En consecuencia, no voy a hacer leña del árbol caído. Quiero justicia y condena para el señor De Vido y para todos aquellos a los que denunciamos por asociación ilícita".
Apenas unas horas después de la votación, el juez Luis Rodríguez, ordenó dos procedimientos simultáneos, en el departamentos que Julio De Vido tiene en la avenida del Libertador al 2200 y en la casa del club de campo Puerto Panal, en la localidad bonaerense de Lima. La Polícia Federal, como era de esperar luego de tanta demora de Diputados, no encontró nada.
Según Carrió, el presidente Mauricio Macri "quiere justicia aunque caigan algunos de su círculo íntimo. Está haciendo (Macri) lo que le duele como hijo, primo y nieto", en alusión Franco Macri y Angelo Calcaterra, padre y primo del Presidente de la Nación, vinculados al sector de la construcción, que tanto frecuentó a De Vido.
