LEY DEL AGENTE ENCUBIERTO

​Bullrich​ no reglamentó, Ducler muerto y Federici estaría preso

Si las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) hubiesen concretado la reunión que les solicitó Aldo Ducler y la ley de Investigación, Prevención y Lucha de los delitos complejos, estuviera debidamente reglamentada, a Mariano Federici, le corresponderían 8 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

El pasado martes 30/05, a las 11:45, Aldo Ducler quiso hablar con el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, para dejarle personalmente una nota en la que le ofrecía al gobierno de Mauricio Macri, información exclusiva sobre las cuentas en el exterior de ex funcionarios kirchneristas: el destino final de los famosos fondos de Santa Cruz; los nombres de los intermediarios y los pormenores de la venta de YPF, a la que consideraba "la mayor estafa en la historia argentina".

Ducler dejó la nota firmada con sus iniciales en mesa de entradas. Una secretaria recibió el paper con tarjetas personales con su nombre y el de su hijo, además de sus números de teléfono personales. Nadie los llamó. El titular de la UIF, confirmó la existencia de la nota, pero explicó que "al ser anónima no se puede dar curso". La considera anónima por tener solo las iniciales.

Dos días después el el jueves 01/06 a las 15:05, Ducler se desplomó en la vía pública: se descompuso en la esquina de Corrientes y San Martín. El financista Ducler falleció como consecuencia de una "isquemia", con un cuadro de varios infartos cardíacos anteriores y un corazón que pesaba casi el doble de lo normal. 

En su nota presentada ante la UIF, Aldo Dulcler sostenía que tenía información sobre la malversación de los fondos que la provincia de Santa Cruz había cobrado en 1993 por regalías petroleras y que se utilizaron para comprar YPF por parte del Grupo Petersen. El financista –que trabajó en esa operación – dijo que había que investigar una asociación ilícita de la que habían participado Néstor y Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Carlos Zannini, Julio De Vido y la familia Eskenazi, dueña del Grupo Petersen. Ducler pidió aportar esa documentación "dentro del marco de los artículos 13 y 14 de la ley 27.319".

El pasado 02/11/2016, el Senado convirtió en ley el proyecto por el cual se crean una serie de figuras legales, como las de agente encubierto y de agente revelador, para la investigación de delitos complejos, impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa fue aprobada por 34 votos afirmativos (macristas, radicales y afines, así como un sector del peronismo alineado con los gobernadores); contra 18 negativos (kirchneristas y el adolfismo) y 5 abstenciones (de los senadores Jaime Linares, GEN; Fernando "Pino" Solanas, Proyecto Sur; Magdalena Odarda, CC-ARI; Alfredo Luenzo, dasnevista; y María Fiore Viñuales (Partido Renovador de Salta).

La norma crea las figuras de "agente encubierto", policía con identidad oculta que se infiltra en las organizaciones criminales con el fin de identificar, detener o impedir un delito; "agente revelador", miembro de fuerzas de seguridad que simula interés en hacer un transporte, compra o consumo de bienes, armas o drogas, u otra actividad criminal, para identificar a los implicados y detenerlos.

Otras de las figuras es la de "informante", un civil con identidad reservada, que, a cambio de un beneficio económico, aporta datos sobre el accionar delictivo a la policía o la justicia; "la entrega vigilada" y "prórroga de jurisdicción", para autorizar al juez a postergar la detención de personas si considera que puede servir a la investigación.

El aquel momento los kirchneristas ya se declaraban en alerta. Según pudo reconstruir Urgente24 desde la versión taquigráfica de la sesión, el senador kirchnerista Marcelo Fuentes (FpV-Neuquen) alertó de que este tipo de iniciativa, tal como la impulsa el oficialismo, es "un peligro en esta etapa represiva el gobierno contra las organizaciones sociales y la protesta social".

Allí, puso especial énfasis en "el nivel de corrupción" existente en las fuerzas de seguridad e insistió en rechazar la propuesta oficialista, al decir que el país vive una etapa de "represión para el ajuste salarial y el ajuste previsional" y señalar: "Esta es la tercera pata del modelo de ajuste".

La cuñada de Máximo Kirchner, la ultra-kirchnerista Virginia García (FpV-Santa Cruz), postuló un dictamen alternativo en minoría y embistió contra la intervención del Ministerio de Seguridad en el manejo de los agentes y propuso que, en cambio, ellos estuvieran en jurisdicción del Ministerio de Justicia. García le temía a la mano dura de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la hora de reglamentar la norma como lo establece el artículo 4 de la ley 27.319. Se establece que "el Ministerio de Seguridad de la Nación dictará las disposiciones necesarias a fin de reglamentar las cuestiones atinentes a la procedencia y forma de contraprestación económica".

A más de 7 meses de su publicación en el Boletín Oficial, el pasado 22 /11/2016, la reglamentación nunca fue dictada por la cartera de "la piba" Bullrich. La falta de una reglamentación implica, en la práctica, que la figura de​ "Agente encubierto"​, el agente revelador e informante, no se puede aplicar.

Ahora bien, ¿Que hubiera pasado si la ley estuviera debidamente reglamentada?. Si las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF) hubiesen concretado la reunión que les solicitó Aldo Ducler 2 días antes de morir, los funcionarios estarían en un serio problema. Nadie duda que la difusión acerca de que Ducler quería acogerse a la figura de ​informante​, salió de las propias oficinas de la UIF.

El capítulo de sanciones (articulo 17), de la ley en cuestión establece que el funcionario o empleado público que indebidamente revelare la real o nueva identidad de un agente encubierto, de un agente revelador o de un informante, será reprimido con hasta 8 años de prision y más de $685.000 de multa, además de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos publicos.

En diálogo con periodistas, el titular de la UIF, Mariano Federici, señaló que "el 31 de mayo, el día siguiente de la muerte del señor (Aldo) Ducler, se presentó su hijo, Juan Manuel, para subsanar cuestiones formales de la denuncia que había presentado su padre en mesa de entradas del organismo, solamente indicando sus iniciales".

Agregó: "Nosotros tenemos la posibilidad de iniciar una actuación interna para determinar si existen elementos de convicción suficientes que ameriten, luego, una presentación en sede penal. Al momento, no se ha aportado más información que el documento que circuló públicamente, que narra de manera muy genérica ciertos hechos con la promesa de aportar eventualmente información adicional, pero esa información todavía no ha llegado a la Unidad."

Federici destacó que "no fue normal" el procedimiento adoptado por Aldo Ducler y su hijo al momento de presentar la denuncia en mesa de entradas del organismo, 48 horas antes de la muerte del financista.

"Cuando uno tiene una denuncia de semejante magnitud que formular, generalmente se llama por teléfono y se concreta una audiencia con las autoridades del organismo", expresó el titular de la UIF, quien agregó: "Es muy poco común que alguien venga con una denuncia de ese tipo y la presente en la mesa de entrada".

El titular de la Unidad de Investigación Financiera agregó: "Le aconsejamos a Manuel Ducler que se dirija a la Justicia para formalizar su voluntad de presentarse en el rol de 'informante colaborador', porque la UIF carece de facultades legales para sentarse a negociar los aspectos vinculados con esa figura. También gestionamos su custodia para que pudiera salir de la UIF protegido, gracias a la colaboración de la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich), que envió su propia custodia personal, que lo trasladó a Comodoro Py, para que él pudiera hablar ante la Justicia; creo que declaró ante el juez (Claudio) Bonadio".

Pero las incontinencias verbales de Federici, están a la orden del día. Ya en 2016 generaron revuelo algunas declaraciones suyas, en las cuales justificó de alguna manera la evasión y la fuga de divisas al sostener que es “entendible” la situación del “ciudadano que decide proteger sus ahorros o sus riquezas en jurisdicciones con leyes más seguras o con monedas más estables”.

Y no es extraño, ya que Federici viene de desempeñarse en el bufete de abogados encabezado por Juan Félix Marteau, dedicado precisamente al asesoramiento y defensa de empresas de diverso porte, algunas quizá con irregularidades. Entre sus clientes figura el Banco Masventas SA, que resulta ser el que cuenta con más sanciones por parte de la UIF.



En febrero pasado, el fiscal federal Federico Delgado, remitió un informe a la procuradora Alejandra Gils Carbó, en el cual le advertía sobre las demoras en la entrega de información solicitada a la UIF así como las diferencias de profundidad y extensión entre los informes referidos a personajes vinculados al kirchnerismo y aquellos referidos a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.

En el caso del titular de la Administración Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, por presunto giro millonario de Odebrecht, la UIF de Federici dio una respuesta tan parcial como acotada a lo solicitado y se excusó de enviar los informes completos “en virtud del secreto establecido en la ley de sinceramiento fiscal“, por lo que el juez no pudo tener acceso a los documentos que avalarían la información requerida. En cambio, en la causa denominada “La ruta del dinero K” y la investigación contra el ex secretario de Obras Públicas, José López, la UIF por iniciativa propia, sin esperar siquiera el requerimiento, presentó un informe de 35 páginas sobre un supuesto testaferro del ex funcionario.

En 06/03/2017, la Unidad de Información Financiera (UIF) informó a la Justicia que "de las participaciones accionarias en las empresas" offshore vinculadas al presidente Mauricio Macri "no surge elemento alguno que permita vislumbrar una hipótesis delictiva de lavado de activos".

El organismo dependiente del Ministerio de Justicia se expresó de esa forma en un informe que dirigió al juez federal Sebastián Casanello, quien investiga al presidente Mauricio Macri en una causa abierta a partir del escándalo de los "Panamá Papers".

El fiscal Federico Delgado pidió a la UIF que analice si a través de la sociedad Fleg Trading se transfirieron US$ 9 millones a SOCMA Americana S.A. (propiedad de los Macri) como pago por "el 99,9% de las acciones de Owners Do Brasil Corporations". La UIF sostuvo que "no está acreditado con ninguna probanza documental que el pago de la suma de US$ 9 millones hayas sido efectuado". El organismo aseguró que de la "vida social" de las empresas Kagemusha y Fleg Trading LTD "no surge la existencia de antecedentes o actividades que puedan vincular a infracciones de índole penal" al Presidente.

Lo concreto es que el abogado Mariano Federici, ex asesor del Fondo Monetario Internacional, siempre habla, y a veces por demás, tal como ocur​r​ió con la denuncia del financista fallecido Ducler. Si la ley 27.319 de Investigación, Prevención y Lucha de los delitos complejos, hubiera estado debidamente reglamentada, hoy el titular de la UIF estaría preso. Tal como decía la abuela: "para muestra sobra un botón". O un buchón.

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