Discrepando con Bush

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Un memo acerca de las duras técnicas de interrogatorio muestran que un ex funcionario del Departamento de Estado de USA disintiendo con fuerza con la postura legal (si bien secreta) de la administración Bush del 2005 con la que se sostenía que un cierto tratado internacional contra la tortura no era aplicable a los interrogatorios de la CIA en países extranjeros.

 

Hasta ahora, el análisis de Philip Zelikow realizado en febrero del 2006 ha sido mantenido en secreto por ser clasificado como cómo confidencial. Allí se cuestionaban las controvertidas políticas de interrogación de la administración de Goerge W. Bush. En el momento en que escribió su crítica, Zelikow era secretario del representante de la Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, en cuestiones de terrorismo, ante el comité de diputados del consejo de seguridad nacional. 

 

El Departamento de Estado reveló el memo de Zelikow este martes (3/04) bajo la ley de libertad de información para ser incorporado al Archivo de Seguridad Nacional, un grupo sin fines de lucro de defensa de la apertura y la transparencia en el gobierno.

 

A finales de 2005, Bush firmó una enmienda promovida por John McCain. El senador republicano entendía que las normas internacionales referentes a los tratos crueles y degradantes debían aplicarse a las prácticas de interrogatorio de USA. Sin embargo, en mayo de 2005, el Departamento de Justicia hizo una secreta interpretación de la ley que exceptuaba a algunas prácticas de la CIA, como el submarino.

 

En su memorando de 5 páginas, Zelikow escribe que el Departamento de Estado antes había acordado la opinión con el Departamento de Justicia. Sin embargo, "esa situación ha cambiado ahora" a la luz de la enmienda de McCain”, escribió Zelikow.

 

"Nos parece a nosotros que varias de estas técnicas, por separado o combinadas, deben ser consideradas como un castigo cruel, inhumano o degradante", dijo Zelikow.

 

"Las técnicas que menos probabilidades de ser sostenidas son las técnicas que se describen como" coercitivas", sobre todo vistas de forma acumulativa, como el submarino, postrar en muros, sofocar y asfixia, posiciones de estrés y el confinamiento restringido", concluyó el análisis de Zelikow.

 

En una entrevista dada este martes (3/04) tras la publicación del documento, Zelikow dijo: "Yo creo que la opinión del Departamento de Justicia hacía una lectura extrema de la ley y dado que esta era secreta, la única manera de que el presidente podía escuchar una interpretación alternativa era que alguien como yo se la ofreciese”.

 

"Fue burocrática y personalmente torpe que un funcionario del Departamento de Estado impugnase una interpretación del Departamento de Justicia en el ámbito del derecho constitucional norteamericano, pero yo había trabajado anteriormente en ese área", dijo Zelikow, decano y profesor de la Universidad de Virginia.

 

Finalizando marzo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha rechazado investigar al ex presidente de los USA, George W. Bush, por las torturas denunciadas por varios presos españoles detenidos en Guantánamo al estimar que por ahora no existe ningún elemento que permita identificar a los responsables de los delitos. De más está decir que en USA el tema no es investigado judicialmente, por lo menos no imputando al expresidente y sus asesores. 

 

El fiscal español Pedro Martínez lo había pedido en un escrito remitido al juez Pablo Ruz después de que éste reactivara el pasado 13/01 la causa, abierta hace casi 3 años a raíz de la querella del español Hamed Abderrahman Ahmed y el marroquí residente en España Lahcen Ikassrien, que estuvieron detenidos en Guantánamo, contra Bush y otros altos cargos de la Administración norteamericana.

 

Entre ellos, el ex vicepresidente Richard Cheney, el ex secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld y los generales Michael Lehner y Geoffrey Miller, responsables del campo de detención.

 

Sin embargo, para la Fiscalía, "en este momento la investigación no ha aportado los elementos necesarios para poder identificar a los presuntos responsables de las lesiones sufridas por los querellantes".

 

Y, además, "no puede concretarse la imputación a personas cuya identidad se conozca" por los documentos aportados a la causa, en la que también se personaron posteriormente Abdul Latif Al Banna y Omar Deghayes, que también permanecieron retenidos en el centro.

 

En este punto, recordó al magistrado que su resolución ya excluía a los querellados al ordenar que, mientras recibía el informe de la Fiscalía, no la notificaría a los mismos. A la espera de dicho informe, Ruz también se negaba a ampliarla al exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), George Tenet, y a citar como imputado a Miller, precisa el fiscal que, no obstante, no se opone a que el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR en sus siglas en inglés) y el Centro estadounidense por los Derechos Constitucionales (CCR).

 

Ruz acordó reactivar esta causa ante la falta "absoluta" de respuesta a sus requerimientos de información a las autoridades norteamericanas y del Reino Unido sobre si están investigando los mismos hechos, a los que atribuía "un vínculo de conexión relevante con España".

 

Según el juez, los hechos denunciados por ellos pueden ser constitutivos de los delitos de torturas y contra la integridad moral y de otros contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado (crímenes de guerra).