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Londres le declara la guerra a Ucrania por el petróleo ruso

Volodímir Oleksándrovich Zelenski​ no solo no logró ingresar a Ucrania a la OTAN y la Unión Europea sino que además no cuenta con el apoyo comercial que esperaba y perdió el 20% de su territorio.

La compañía aseguradora londinense que brinda protección al 90% del tonelaje marítimo mundial, Grupo Internacional de Clubes de Protección e Indemnización (IGP&I), está en pleito con funcionarios de Ucrania por tener asociados que exportan petróleo ruso, según lo informó The Guardian.

El Grupo Internacional de Clubes de Protección e Indemnización (IGP&I), es una mutual sin fines de lucro de Londres, compuesta por treces clubes miembros y una junta directiva, bajo un acuerdo de agrupación de siniestros. En su página web oficial, IGP&I explican sus tres funciones: acuerdos de repartos de siniestros o pooling, cooperación y puntos de vista en relación a responsabilidades de los propietarios de buques, y evidenciar necesidades colectivas de la industria aseguradora marítima con partes interesadas externas. En cuanto a externo, menciona a “organizaciones marítimas intergubernamentales, los gobiernos nacionales, las autoridades marítimas de todo el mundo y las industrias de seguros/reaseguros marítimos y marítimos”.

Dicho ello, en una carta enviada al IGP&I por parte de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción de Ucrania, apareció una lista de compañías navieras internacionales acusadas de ser “patrocinadores internacionales de la guerra” al permitir el trasporte de millones de toneladas de petróleo ruso, y se solicitó al comité de IGP&I una “consideración”.

En la carta de solicitud, funcionarios públicos de Kiev nombraron a cinco empresas navieras de Grecia, argumentando que éstas habían facilitado el transporte de 19 millones de toneladas de petróleo ruso valuado en 16.000 millones de dólares, en la pasada estación primaveral, y teniendo ello el símil costo económico que “2.350 misiles de crucero Kalibr”.

Ante dicho reclamo ucraniano, el presidente de IGP&I, Paul Jennings, lo rechazó justificándose epistolarmente de que los transportistas griegos actuaban legítimamente ya que no había ninguna disposición estatal desde la Unión Europea.

“Hasta donde sabemos, las empresas navieras que ha mencionado en su carta se dedican a un comercio que hasta la fecha sigue siendo legal según las leyes de la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos”, dijo Jennings en su carta a la que accedió The Guardian. Y agrego: “Específicamente, bajo el sexto paquete de sanciones de la UE, existen exenciones a las prohibiciones para permitir que algunos cargamentos de petróleo rusos sean transportados a la UE y tampoco existe una prohibición general sobre el transporte de cargamentos de petróleo rusos a terceros países”.

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Sin embargo, una empresa londinense de información financiera y bolsa de valores, London Stock Exchange Group (LSEG), demostró su fidelidad a Ucrania al conocer ante el conocimiento de la petición de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción de Ucrania a IGP&I, que instaba a ésta a hacer algo al respecto de las embarcaciones griegas asociadas y aseguradas que exportaban petróleo ruso.

La London Stock Exchange Group posee la bolsa de Valores de Londres, Refinitiv, LSEG Technology, FTSE Russell y participaciones mayoritarias en LCH y Tradeweb, siendo Refinitiv una empresa proveedora de datos, análisis e infraestructura para producir negocios de forma eficiente.

Por tanto, el jefe de la división de datos y análisis de LSEG, Phil Cotter, ratificó que su base de datos World Check -que ayuda a determinar el riesgo financiero, regulatorio y reputacional- incluye la Agencia nacional de Ucrania para la prevención de la corrupción proveyendo nombres de entidades "patrocinadoras internacionales de guerra”. En consecuencia, cada una de las compañías navieras griegas que trasladan combustible fósil ruso fue notificada en su base de datos y registradas como “financiadores del terrorismo”.

No obstante, una circular emitida desde Clubes IGP&I y que data del 11 de octubre tras cinco meses de las sanciones económicas de la Unión Europea (EU) a Putin, notificó a sus miembros que existía “un período de liquidación extendido para seguros y reaseguros relacionados con el transporte de productos ruso hasta el 5 de febrero de 2023 ”.

Por su parte, Oleksandr Novikov, director de la agencia anticorrupción ucraniana, sostuvo que no cuestionan la legalidad de las acciones de IGP&I, pero que esperan que digan algo al respecto. Asimismo, Novikok en el 2020 ya había pedido a los treces clubes miembros del Grupo Internacional de Clubes de Protección e Indemnización (IGP&I) que enviarán un mensaje a sus asociados para disuadirlos de hacer negocios con los rusos.

“Los armadores griegos son los primeros culpables de socavar las sanciones económicas al mover el petróleo ruso y sacar provecho del envío, pero no pueden ser los únicos culpables”, afirmó Novikov a The Guardian. “Es muy decepcionante cuando el debate sobre el transporte se replantea como uno de legalidad (…) Ya no se trata solo de regulaciones y sanciones estrictas; se necesita una gran unidad global y los actores privados, no solo los gobiernos, pueden hacer mucho”, sentenció el director de la agencia anticorrupción ucraniana.

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