Aunque prometen mayor seguridad, las tarjetas sin datos impresos que emiten fintechs y bancos están generando rechazo en comercios de todo el país.
Una nueva polémica baila entre las calles y esta vez tiene como víctima a comerciantes y consumidores, que abonan sus compras con tarjetas. Las entidades bancarias, billeteras virtuales y financieras empezaron a implementar la impresión de tarjetas pero esta vez, sin el clásico grabado de datos de la misma en la parte trasera, alegando que ahora los plásticos son más seguros.
Esto en caso de un robo o hurto, protege los datos financieros del titular y evita caer en estafas, robo de datos y suplantación de identidad. El problema ahora lo tienen los comerciantes que ante el miedo de un posible desconocimiento de compra, no quieren entrar en el mismo juego que las entidades emisoras, y terminan metiéndose en un problema con el consumidor e incluso también, con la ley.
En Argentina, la Ley 27.253 obliga a los comercios a aceptar tarjetas de crédito y débito como medio de pago, siempre que se supere el monto mínimo establecido. Sin embargo, en los últimos meses comenzaron a circular nuevas tarjetas emitidas por entidades como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y hasta por el propio Banco Patagonia que no tienen el nombre del titular impreso.
Sin embargo, lo que parece una mejora en términos de ciberseguridad, está generando una ola de rechazo entre los comercios.
Los comerciantes argumentan que, sin nombre visible, no pueden verificar que quien usa la tarjeta sea realmente su titular, lo que podría derivar en futuros desconocimientos de compras y pérdidas económicas. Algunos incluso decidieron directamente no aceptar estas tarjetas colocando carteles en los comercios, lo que ha generado quejas entre consumidores y abierto un debate legal y comercial sin precedentes.
La emisión de tarjetas sin nombre impreso es completamente legal y está avalada por las principales redes de pago (Visa, Mastercard, Modo, etc.). La normativa vigente no obliga a que las tarjetas tengan nombre visible, sino que exige que pertenezcan a una red autorizada y sean válidas para operar.
Más aún, la reciente Resolución 87/2024 de la Secretaría de Comercio establece que los comercios no pueden manipular la tarjeta del cliente, deben acercar el lector o POS al consumidor para que éste mismo complete la operación, sin entregarle el plástico al vendedor.
En este marco, en la actualidad un comercio no puede exigir la presentación del DNI para realizar una compra con tarjeta, ni manipular la tarjeta del cliente. La normativa actual establece que los comercios no pueden exigir la presentación del DNI para acreditar identidad al pagar con tarjeta, y tampoco pueden manipular los plásticos. Los clientes son los únicos autorizados para manipular sus tarjetas y deben tener la terminal de pago cerca para realizar la operación.
De esta manera, si el comercio exige algo que ya no le corresponde, terminará vulnerando los derechos del consumidor y puede exponerse a ser denunciado ante Defensa del Consumidor.
Sin embargo y más allá de toda esta polémica, lo cierto es que por lo menos Mercado Pago, contiene un código QR en el reverso de sus nuevas tarjetas prepagas de color negro, en donde al escanearlo, se puede acceder al nombre del titular de la misma.
Según el Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor, los comercios no pueden discriminar medios de pago autorizados por la ley, y deben informar con claridad y anticipación si aceptan o no determinados instrumentos.
Sin embargo, incluso cuando informan que no aceptarán ciertas tarjetas sin datos grabados, muchos expertos consideran que esta práctica sigue siendo ilegal si se trata de una tarjeta válida y emitida por una entidad autorizada.
ARCA (la Agencia de Recaudación y Control Aduanero) también hace un seguimiento de los medios de pago que utilizan los comercios para detectar posibles evasiones o irregularidades, por lo que rechazar tarjetas también puede tener implicancias fiscales.
Desde el punto de vista del usuario, no tener el nombre impreso en el plástico es una medida de seguridad que reduce riesgos de clonación, fraude o robo de identidad. Además, cada operación requiere autorización biométrica o token digital, lo que refuerza la autenticación.
Sin embargo, los comerciantes denuncian que no tienen herramientas o el conocimiento para verificar que quien paga sea efectivamente el dueño de la tarjeta. Al no poder manipular el plástico ni pedir documentación, sienten que pierden el control de la transacción y que corren un riesgo innecesario.
Este conflicto está generando tensión en el ecosistema de pagos. Por un lado, las fintechs y los bancos aseguran que sus productos cumplen con toda la normativa. Por el otro, los comercios exigen mayor respaldo legal para evitar futuras responsabilidades por fraudes o estafas.
Mientras tanto, los consumidores quedan atrapados en el medio. Muchos usuarios reportan que, al intentar pagar con sus nuevas tarjetas, se encuentran con que no se las aceptan o les exigen mostrar identificación, lo cual va contra la normativa de no manipular el plástico. A su vez, no todos los usuarios que posean tarjetas, necesariamente manejan con experiencia el mundo virtual, por lo que, si esta situación la afronta un jubilado, que no puede abonar de otra manera por desconocimiento, la situación se agrava aún más, generando malestar entre las partes. Más aún si el plástico no poseé manera de verificar que le pertenece a su dueño.
En este escenario, algunos especialistas recomiendan que las autoridades intervengan con regulaciones claras que unifiquen criterios entre bancos, fintechs y comercios. De lo contrario, la innovación financiera podría verse limitada por la resistencia del canal comercial tradicional.
Hasta tanto eso ocurra, la recomendación es que los usuarios reclamen ante Defensa del Consumidor en caso de rechazo injustificado, y que los comercios se capaciten sobre las nuevas normativas para evitar sanciones o pérdida de clientes.
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