Bajando impuesto a las naftas, Jair Bolsonaro corre a Lula

¿Este tipo de medidas tiende a un sendero económico estable o generan distorsiones explosivas?

El 22 de junio, el Congreso de Brasil aprobó un proyecto de ley impulsado por Jair Bolsonaro que limita hasta diciembre de 2022 el impuesto sobre la circulación de mercaderías y servicios de transporte (ICMS) que los gobiernos estatales aplican sobre los combustibles líquidos, el gas natural, la electricidad, las comunicaciones y el transporte público con el objetivo de sostener en gran parte el sistema de salud, educación y ciencia.

"Bolsonaro quiere dar 600 de ayuda y mil reales a camioneros pero hasta diciembre. ¿Cree que las personas pueden ser tratadas como ganado? Si el dinero cae en tu cuenta, tómalo y compra qué comer. Y cuando sea el momento de votar, dale una bnana."

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En la mayor parte de los estados brasileros el tope del impuesto está fijado entre el 17% a 18%, por lo que el gobierno les compensará tributariamente los ingresos que dejarán de percibir hasta el 31/12 reduciendo los pagos de las deudas que los estados tienen con el Gobierno Federal.

El proyecto fue firmado por el presidente Bolsonaro, quien impulsó fuertemente la propuesta, pensando en la difícil campaña de reelección que tiene por delante para las elecciones presidenciales de octubre. La inflación que ha escalado a los 2 dígitos anuales, impulsada por los precios de los combustibles y la electricidad, ha golpeado a la economía brasileña y junto con la pobreza se ha convertido en un tema electoral preponderante.

De cara a recuperar rápidamente popularidad para las elecciones, el presidente de Brasil, Bolsonaro está obligando a las estaciones de servicio a colocar carteles que informen sobre la reducción del precio de los combustibles. Con la entrada en vigor de la reducción impositiva, los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de San Pablo y Río de Janeiro bajaron ~15%.

Sin embargo, la expansión del gasto no quedó ahí. A principios del mes de julio, el Senado ignoró la norma electoral que impide la distribución por parte de la administración pública de bienes, valores o beneficios durante el año de la votación. La única excepción es en los casos de calamidad o estado de emergencia, y ese fue el mecanismo del que dispuso el gobierno en esta ocasión para aprobar la enmienda constitucional que le permitirá ir aún más allá a Bolsonaro y su equipo económico. Se descuenta que la ley sea aprobada en el Senado ya que la oposición no le quedó más remedio que acompañar el debate (aunque cuestionó que sea considerada a apenas 3 meses de las elecciones y no fuera aplicada durante los 4 años de gobierno).

Bolsonaro ha decidido encarar la cuenta regresiva hasta los comicios con una serie de beneficios y el mayor aumento del déficit fiscal desde 2015 en búsqueda del apoyo de la clase trabajadora, dado que aparece segundo en las encuestas, a más de diez puntos, del opositor de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).

Conocida como la Enmienda Constitucional Kamikaze, la medida ha sido resistida por el ala más neoliberal del gobierno y el ministro de Economía, Paulo Guedes. El exPresidente y candidato Lula da Silva, aseguró que con esta medida “Bolsonaro quiere comprar al pueblo" pero no resolverá los problemas estructurales de los brasileños.

ANP

La reducción del precio de los combustibles, que ya está ocurriendo por la caída de los impuestos de los estados, es una de las cartas de Bolsonaro para recuperarse en las encuestas frente al liderazgo de Lula. El intento de estimular la economía costaría a Brasil aproximadamente US$ 20.000 millones.

El decreto rige hasta diciembre de 2022, cuando termina el mandato del actual presidente de Brasil, y no habrá sanciones para quien no cumpla la determinación del gobierno, sino que habrá orientaciones por parte de la Agencia Nacional del Petróleo.

Los combustibles aumentaron 33% en un año, en el marco de la decisión del gobierno de liberar a la petrolera estatal Petrobras para que alinee los precios del petróleo al precio de importación.

Esta política de paridad internacional es fuertemente cuestionada por Lula, que acusa a los accionistas privados de Petrobras, sobre todo a los fondos estadounidenses, de tener más peso que el propio Estado brasileño en el Consejo de Administración.

Desde mediados de 2021 que brasileños en las regiones fronterizas cruzan hacia la Argentina y Paraguay para cargar nafta a la mitad de lo que cuesta en Brasil.

Medidas aprobadas

• Ampliar de 400 a 600 reales (US$ 75,7 - US$ 113) el programa Auxilio Brasil, creado por Bolsonaro el año pasado para reemplazar el programa Bolsa Familia, de Lula, que es recibido por los hogares de menores recursos. A su vez, aumentar los recursos de Alimenta Brasil, un programa que compra alimentos producidos por agricultores familiares para distribuirlos entre familias con emergencia alimentaria.
• Aumentar en 53 reales (U$S 10) el subsidio Auxilio Gas para la recarga de garrafas de 13 kilos (que cuesta unos 140 reales, o U$S 26,5), y destinar más fondos al subsidio al etanol. Ante el alza de los precios vinculados al transporte, se dispone una compensación a los gobiernos de los estados por el boleto gratuito de las personas mayores.
• Bono para los camioneros independientes, uno de los sectores más perjudicados por el aumento de los combustibles, en el cual Bolsonaro cuenta con mucho apoyo. Se trata de un pago único de mil reales (U$S 188,5) para compensar los gastos extraordinarios. En la misma línea habrá un bono para taxistas, cuyo monto está pendiente de definición.

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