LAS 5 DEL DÍA

Guerra con Brasil, Alberto desactivó a Vizzotti, BCRA vs. FMI y Moyano también contra el campo

Semana agitada: se reanudaron las negociaciones con el FMI, que ya le marca la cancha a la Casa Rosada y el BCRA sobre la emisión monetaria. El presidente Alberto Fernández, a su vez, desactivó a Carla Vizzotti para evitar otra polémica con el tema vacunas. Si faltaba algo: Hugo Moyano vs. Campo
martes, 12 de enero de 2021 · 10:22

1. Guerra comercial con Brasil

Luego de la prohibición para exportar maíz, que no fue tal porque la Rosada dio marcha atrás, el presidente brasileño Jair Bolsonaro decidió importar trigo de otros países que no son del MERCOSUR.

Esto le sumó tensión a lo que ya es una guerra comercial entre la Argentina y Brasil, que en un momento de la pandemia dejaron de ser principales socios comerciales.

Tituló Télam: Scioli expresa rechazo por el decreto de Bolsonaro que afecta a las exportaciones de trigo argentino

El embajador en Brasil, Daniel Scioli, expresó este lunes su "profunda preocupación y rechazo" al decreto del presidente Jair Bolsonaro que habilitó en forma permanente cuotas de importación de 750 toneladas de trigo sin aranceles para cualquier país fuera del Mercosur, lo cual afecta a las exportaciones argentinas.

El exvicepresidente, quien desde su llegada a la Embajada Argentina fue el encargado de acercar posiciones entre Buenos Aires y Brasilia, se refirió a la entrada en vigor del decreto 10.557 firmado por Bolsonaro y los ministros de Economía, Paulo Guedes, y de Agricultura, Tereza Cristina Dias.

El decreto autoriza en forma permanente y con cupo la compra de trigo sin aranceles a otros países que no sean del Mercosur.

"Se habilitó una cuota de importación mínima, de forma permanente, de 750.000 toneladas anuales de trigo de países de fuera del Mercosur, con un arancel de importación del 0%, un beneficio reservado a países del bloque", argumentó Scioli.

El trigo, recordó, representa el 15% del monto total de las exportaciones de Argentina hacia Brasil y es uno de los tres principales productos exportados.

2. Alberto F. desactivó a Vizzotti

Según Infobae, el “Plan Vizzotti” para aplicar 20 millones de dosis de la vacuna rusa hasta marzo fue descartado por Alberto Fernández

“Explicó mal las cosas”, contestó lacónico Alberto Fernández cuando le preguntaron sobre la viabilidad sanitaria y logística del inesperado plan descripto por Carla Vizzotti para vacunar hasta fines de marzo a 20 millones de argentinos con la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

“La decisión sanitaria más importante que nos tenemos que plantear es si queremos tener 10 millones de personas vacunadas a marzo con dos dosis o si preferimos tener 20 millones de personas con una sola”, señaló la secretaria de Salud. Y añadió: “En este contexto de pandemia es muy lógico pensar que se pueda vacunar a más gente con la primera dosis y diferir la segunda para cuando ya esté controlado el brote”.

Las declaraciones de Vizzotti sorprendieron en la quinta de Olivos, Balcarce 50 y el Ministerio de Salud. No hay manera de acceder ahora a 20 millones de unidades de Sputnik V -primera dosis-, su efectividad sanitaria es relativa porque se complementa con una segunda dosis, y la aplicación de semejante número de dosis terminaría -en un cálculo optimista- en marzo de 2029.

 

La Casa Rosada calcula que entre el 21 de enero y el 31 de marzo llegarán a Buenos Aires cerca de 15 millones de unidades -primera dosis-, y acorde al último parte del Ministerio de Salud, hasta el viernes 8 de enero se aplicaron 107.514 dosis (primera) de Sputnik V.

Es decir: como la vacunación inició el 29 de diciembre de 2020, la aplicación tendría un promedio de 200.000 dosis por mes. Lo que implica 2 millones de dosis en 10 meses. 20 millones de dosis -la hipótesis Vizzotti- en 100 meses. Y 100 meses, aproximadamente, significan un poco más de 8 años.

3. El FMI y la Rosada negocian emisión monetaria

Según Ámbito Financiero, en la reanudación de las negociaciones con el FMI, el organismo multilateral de créditos planteó un debate muy sensible para la política en general: la emisión de pesos y el proceso inflacionario.

Escribió Carlos Burgueño:

El tope de la emisión: primer debate clave del año entre Argentina y FMI

El Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) abrieron formalmente ayer las negociaciones para intentar llegar, lo antes posible, a firmar una “Carta de Intención”. Tal como adelantó este diario, hay una idea general de avanzar lo más rápidamente en las coincidencias que existen desde el cierre de las negociaciones de diciembre pasado. En especial la voluntad local, compartida por el organismo que maneja Kristalina Georgieva, de financiar gran parte del déficit fiscal de este año (y de los dos próximos ejercicios), con endeudamiento local en pesos y no en dólares. Y además, concentrada en el mercado local; sin mayores aspiraciones a colocar deuda voluntaria bajo legislación internacional. Al menos por el momento.

Sin embargo, y a poco de avanzar en el capítulo de financiamiento del déficit, comenzaron las diferencias. Para Argentina, la disposición debe ser una simple recomendación dependiente de la realidad del mercado financiero local e internacional. Para el organismo financiero, debe quedar en el papel de la “Carta” el tope porcentual sobre el PBI de la manera en que el país cubriría el déficit por fuera de la alternativa del endeudamiento externo. Especialmente en la idea de emitir pesos para cubrir el desequilibrio entre ingresos y gastos. El Fondo Monetario insiste en que este no puede superar el 1,5% del PBI. Argentina coincide con el crecimiento de la economía de un 5% pronosticado para este año, pero, si esa meta se supera, el país debería tener la alternativa de modificar el porcentaje y acercarlo más a las necesidades macroeconómicas del 2021.

Según los técnicos del organismo financiero, un porcentaje mayor al 1,5% (en cualquier circunstancia), sería peligroso para la estabilidad monetaria, inflacionaria y cambiaria. Y, en consecuencia, el gobierno de Alberto Fernández tendría que reducir su proyección incluida en el Presupuesto 2021, de un déficit total de 4,5% del PBI; el que se financiaría en un 40% con endeudamiento y 60% de emisión. Ese nivel, en el mejor de los casos, no podría superar el 30%. Esto es casi la mitad.

En consecuencia, el país tendría que emitir deuda por casi un 1,5% más que lo proyectado en el Presupuesto. La intención de Martín Guzmán es aceptar en lo que se pueda la “recomendación”, más si se toma a este capítulo como el principal escollo que existe entre la situación actual y la firma de la “Carta de Intención” entre Argentina y el FMI como principal insumo para un futuro acuerdo de Facilidades Extendidas Reloaded. El problema es que la alternativa de una mayor emisión de deuda está por ahora vedada políticamente, más si se tiene en cuenta que desde el Senado se prohibió explícitamente la alternativa de tomar deuda para cubrir gastos corrientes. Entendiendo además el déficit fiscal como parte de ese “gasto corriente”. Y más si la alternativa de tomar más deuda es en divisas y no en pesos, operación que de incrementarse en demasía absorbería la suficiente cantidad de moneda como para que el sector privado termine desamparado ante la posibilidad de tomar créditos productivos. Esto, en un año donde lo que busca el Gobierno es la recuperación económica de los privados (especialmente pymes), para el ala política del oficialismo es imperdonable.

El 1,5% tope de emisión no es un porcentaje caprichoso. Afirman desde Washington que es el fruto del análisis de los datos obtenidos durante la primer visita de Luis Cubeddu y Julie Kozac de comienzos de octubre del año pasado; sumado a la información cosechada en la última visita de la misión oficial del titular del caso argentino y la directora adjunta para el Hemisferio Occidental en noviembre del 2020. Ambos trataron el tema en varias reuniones con funcionarios del Gobierno nacional, pero la reiteraron con el laboratorio de análisis fiscal del propio organismo en la sede de Washington. Según las planillas de cálculo de los hombres y mujeres que trabajan en el Fondo, la situación monetaria local no puede soportar una emisión de pesos de más de 1,5% para el 20021, sin tener problemas de contención inflacionaria y cambiaria. Y reiteran: es soportable y aceptable el déficit de 4/ 4,5% del PBI; pero no un financiamiento del desequilibrio de más del 1,5%. Ya un 2% sería considerado insostenible y un 3%, trágico.

En privado, y no tanto, Martín Guzmán deslizó ante los observadores fiscalizadores del FMI; que su seria intención es mantener el control fiscal bajo control durante el 2021, pensando en un porcentaje más cercano al 4 que al 4,5%. Si esto fuera cierto, el problema entre lo que reclama el FMI y lo que figura en el Presupuesto, acortaría diferencias y se ubicaría 1% del PBI entre lo que el ministro de Economía quiere emitir y lo que el Fondo fija como límite. La reflexión local es que no puede haber peleas serias por una distorsión tan baja. Y que, en definitiva, a Mauricio Macri y su experimento 2018- 2019 le han perdonado cosas peores y más peligrosas para la economía. Incluyendo, a los ojos del Gobierno argentino, la posibilidad de utilizar unos u$s9.000 millones totales para contención del tipo de cambio; algo que no está permitido por la Carta Orgánica del organismo financiero internacional.

4. Otro guiño de Moyano a Alberto F

En pleno paro del campo, los camioneros salieron a bajarle el tono reportando que "el impacto fue nulo".

La Federación de Transportadores Argentinos (FeTrA), de estrecha relación con el secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, disparó contra los productores.

De acuerdo a Ámbito Financiero, "realmente llamó la atención el alto número de pedido de camiones para esta época del año porque incluso se asemeja a volúmenes de cosecha", explicó Pablo Agolanti, vicepresidente de FeTrA.

En la primera jornada del cese de comercialización de granos decretada por tres entidades de la Mesa de Enlace, 3.068 camiones descargaron granos en los puertos y había otros 3.000 en lista de espera. Estas cifras, por lo pronto, evidenciarían prácticamente un nulo impacto de la medida de fuerza en el comercio de granos local.

Actualmente, FeTra está solicitando la actualización de la tarifa del flete de granos y espera una resolución en las próximas semanas. “Queremos sentarnos a dialogar con los representantes del campo porque el aumento de los costos ha sido muy importante en los últimos meses”, cerró Agolanti.

5. Temen que se repitan los incidentes en el Capitolio

Según The New York Times, los funcionarios de todo el país están en alerta máxima preparados para cualquier derrame del violento asalto de la semana pasada al Capitolio de Estados Unidos. Las legislaturas estatales ya se han convertido en el objetivo de los manifestantes en los últimos días.

De acuerdo al reporte del medio estadounidense, Era el día de la inauguración de la sesión legislativa de 2021, y el perímetro del Capitolio del Estado de Georgia el lunes estaba lleno de policías estatales con equipo de camuflaje completo, la mayoría de ellos con rifles tácticos.

Al otro lado del país, en Olympia, Washington, decenas de soldados de la Guardia Nacional con equipo antidisturbios y escudos formaron una falange detrás de una cerca temporal. Frente a ellos bajo la lluvia torrencial estaba un pequeño grupo de manifestantes, algunos también vistiendo uniforme militar y portando armas. "¡Honra tu juramento!" ellos gritaron. "¡Lucha por la libertad todos los días!"

Y en Idaho, Ammon Bundy, un activista antigubernamental que una vez dirigió a sus partidarios en la ocupación de un refugio de vida silvestre federal en Oregón, apareció afuera de la casa estatal en Boise con miembros de su organización portando carteles de "se busca" para el gobernador Brad Little y otros. por cargos de "traición" y "sedición".

“En un momento de incertidumbre, necesitamos que nuestros vecinos estén al lado y continúen la guerra que se está librando dentro de este país”, declaró el grupo de Bundy en un mensaje a sus seguidores.

Los funcionarios en las capitales de los estados de todo el país se están preparando para un derrame del violento asalto al Capitolio de los Estados Unidos la semana pasada , y las legislaturas ya se están convirtiendo en blanco de los manifestantes en los tensos días alrededor de la toma de posesión del presidente entrante, Joseph R. Biden Jr.

Atrás quedó una gran medida de la bonhomía que suele acompañar al inicio anual de la temporada legislativa, reemplazada por una marcada inquietud por la posibilidad de ataques armados y brechas en la seguridad alrededor de los poderes públicos que durante mucho tiempo se enorgullecen de estar abiertos a los electores.

“Entre Covid y la idea de que hay personas armadas y amenazando y hablando en serio, definitivamente no fue el comienzo normal de una sesión”, dijo la senadora Jennifer A. Jordan, legisladora demócrata en Georgia que observó a los oficiales de policía reunidos afuera el Capitolio del Estado en Atlanta el lunes desde la ventana de su oficina. "Por lo general, la gente está feliz, hablando entre ellos, y no tenía esa sensación".

Docenas de capitales estatales estarán en alerta en los próximos días, luego de los llamados de una combinación de organizaciones antigubernamentales para acciones en los 50 estados el 17 de enero. Algunas de ellas provienen de organizaciones de extrema derecha que albergan una amplia agenda antigubernamental y ya han estado protestando contra los cierres estatales de Covid-19 desde la primavera pasada. El FBI envió esta semana una advertencia a las agencias policiales locales sobre la posibilidad de protestas armadas en los 50 estados.

En una videoconferencia de prensa el lunes, el gobernador Gavin Newsom de California dijo que "todos están en alerta máxima" por las protestas en Sacramento en los próximos días.

La Guardia Nacional se desplegaría según sea necesario, dijo, y la Patrulla de Caminos de California, responsable de proteger el Capitolio, también estaba pendiente de cualquier violencia en ciernes. “Puedo asegurarles que tenemos un mayor nivel de seguridad”, dijo.

En Michigan, la policía estatal dijo que habían reforzado su presencia alrededor del Capitolio del Estado en Lansing y continuarían así durante semanas. La comisión que supervisa la Cámara de Representantes votó el lunes para prohibir el porte abierto de armas de fuego dentro del edificio, una medida que los legisladores demócratas habían estado exigiendo desde el año pasado, cuando manifestantes armados que desafiaban los cierres del gobierno Covid-19 irrumpieron en el edificio.

Dos de los involucrados en las protestas fueron luego arrestados en lo que las autoridades dijeron que era un complot para secuestrar a la gobernadora Gretchen Whitmer y llevarla a juicio.

La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, recurrió a Twitter para advertir al público que se alejara de la Cámara de Representantes, diciendo que no era seguro.

Las imágenes de la legislatura del estado de Wisconsin en Madison mostraron grandes hojas de madera contrachapada preparándose para cubrir las ventanas de la planta baja. En St. Paul, Minnesota, el Statehouse ha estado rodeado por una cerca de alambre de gallinero desde principios del verano pasado, cuando estallaron protestas por la justicia social por el asesinato de George Floyd en la vecina Minneapolis.

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