Alejandro Rúa es un abogado del universo del Frente de Todos. Se define como kirchnerista. Representó a Cristina Kirchner y Héctor Timerman en la causa por el memorándum con Irán, y a Amado Boudou en la que tiene que ver con las presuntas escuchas ilegales al exvicepresidente cuando estaba detenido en el penal de Ezeiza. Rúa también es socio en un estudio jurídico de Graciana Peñafort, quien no es otra que el alter ego de la Vicepresidente en la presidencia del Senado.
EN LA JUSTICIA
Dato revelaría el interés de Cristina en la causa de la foto
Una de las invitadas de Fabiola Yáñez a su célebre cumpleaños contrató los servicios de un abogado muy vinculado a la vicepresidente Cristina Kirchner.
18 de agosto de 2021 - 17:09
La foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez que destapó el Olivosgate y derivó en la imputación del Presidente.
Los lazos de Rúa con la política y, especialmente, con la Vicepresidente dispararon un mar de suspicacias cuando el abogado se convirtió en representante de Carolina Marafiotti en la causa abierta por el cumpleaños clandestino de Fabiola Yáñez en la quinta de Olivos en plena cuarentena de 2020.
El único vínculo de Marafiotti con la política y el Frente de Todos es -hasta donde se sabe- su amistad con la Primera Dama, de quien además es su estilista.
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Marafiotti optó por ponerse a disposición de la Justicia aparte de otro grupo que encabeza Yáñez y que solicitó la representación de los abogados Juan Fioribello y Mariano Lizardo, conocidos en el mundo de la farándula.
Resulta más que llamativo que Marafiotti, en cambio, haya recurrido a los servicios de un abogado de la política y con vínculos tan estrechos con la Vicepresidente. Ese dato abrió las especulaciones sobre si Rúa llegó hasta la estilista por alguna indicación de Cristina Kirchner.
En los corrillos descartaban cualquier coincidencia y apuntaban al interés -o preocupación- que la Vicepresidente pudiera tener sobre las derivaciones que causa de "la foto". La presencia de Rúa en la causa le garantiza a CFK el acceso al expediente.
La revelación de una fiesta con una decenas de invitados a la quinta de Olivos durante el aislamiento duro es la más reciente crisis que enfrenta el gobierno del Frente de Todos. El episodio se sumó a la causa judicial abierta a partir de la denuncia por las visitas presuntamente irregulares a la quinta presidencial durante la cuarentena estricta.
La causa es instruida por el fiscal federal Ramiro González, quien solicitó una serie de medidas de pruebas. El objeto procesal del expediente pretende determinar si se infringieron las normas dispuestas por el Poder Ejecutivo para mitigar la propagación del Covid-19.
Hasta ahora, el Presidente no presentó abogado.
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