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ACREEDORES BUSCAN EMBARGAR

Republicanos Unidos ejecutó la denuncia de Carlos Pagni

Carlos Pagni mencionó un expediente de acreedores que quieren cobrar y Republicanos Unidos hizo la denuncia. Ahora todo en lo de Julián Ercolini.

El juez federal Julián Ercolini recibió la denuncia contra funcionarios sospechados de transferir al exterior dinero no declarado, según un expediente denunciado ante la Justicia estadounidense de acreedores que ambicionan embargar para cobrarse acreencias sobre el Estado argentino bonaerense. El periodista Carlos Pagni fue quien difundiò el contenido de una presentación judicial en USA y la agrupación de JxC, Republicanos Unidos, fue a la Justicia.

Según una militante del espacio, la denuncia la presentaron los abogados Yamil Santoro, José Magioncalda y Juan Martín Fazio, por los delitos de evasión tributaria, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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Los 3 juntos denunciaron en el pasado a Juan Grabois por extorsión, asociación ilícita y resistencia contra la autoridad.

Pero en esta ocasión, Magioncalda no mencionó a Santoro.

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José Lucas Magioncalda es el presidente de Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociacion Civil (vinculada a Fundación Apolo) e integrante de Republicanos Unidos.

Juan Martín Fazio también es abogado y acompaña a Magioncalda en sus actividades. En su avatar destaca la frase "Nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado" (Bertrand Russell).

Republicanos Unidos (RU) es un partido político de Argentina, cofundado en noviembre de 2020, por Ricardo López Murphy.

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Republicanos Unidos fue la fusión de 4 agrupaciones políticas ya existentes;

  • Recrear,
  • Unidos,
  • Mejorar, y
  • una facción del Partido Libertario conducida por Agustín Spaccesi.

La nota de Carlos Pagni de la que se hace eco la acusación, menciona, entre otros, a:

  1. José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación;
  2. Diego Benítez, el director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires;
  3. Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires;
  4. Matías García, subsecretario de Obras Públicas;
  5. Ana María Bazán, de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires;
  6. Matías García, director del Servicio de Agua y Alcantarillado de Aguas Bonaerenses.

El recorte de Carlos Pagni en el diario La Nación, difundiendo el intento de cobro de abogados estadounidenses, comenzó así:

El abogado Dennis Hranitzky, del prestigioso estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires. Hranitzky representa a dos entidades, Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, que el 29 de marzo pasado ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por US$35,092,958.41. Son bonistas que no habían aceptado el canje ofrecido por Axel Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López. El abogado Dennis Hranitzky, del prestigioso estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires. Hranitzky representa a dos entidades, Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, que el 29 de marzo pasado ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por US$35,092,958.41. Son bonistas que no habían aceptado el canje ofrecido por Axel Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López.

La causa quedó en poder del juez Julian Ercolini, quien ahora correrá vista a la fiscalía para que determine si impulsa o no una investigación formal por el supuesto movimiento sospechoso de fondos.

Si bien por el momento la denuncia apunta a funcionarios públicos argentinos, también señala a ciertas corporaciones empresariales con conexiones políticas, aunque de momento no fueron sindicadas en el expediente.

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