Un diputado K dice que la libertad de expresión "tiene límites" y pide cárcel para los "negacionistas" de la dictadura

En las últimas horas, el legislador se convirtió en noticia al proponer un proyecto para penar con prisión a quien niegue o minimice los crímenes perpetrados por la última dictadura militar, a la vez que considera que la libertad de expresión en la Argentina "no es absoluta" y "tiene límites". 

La iniciativa se disparó por una polémica que suscitó otra legisladora, la macrista Hebe Casado, quien hizo una comparación entre los 30 mil muertos por el coronavirus y esa misma cifra que históricamente se utilizó para cuantificar a los desaparecidos por el último gobierno de facto. 

"Son 30 mil, no como los otros 30 mil", escribió en su cuenta de Twitter la semana pasada la diputada del PRO. Esto motivó una avanzada del peronismo -que interpretó en las declaraciones de Casado un acto de negacionismo- para que se suspenda a la legisladora, lo que fue bloqueado por el oficialismo que responde al gobernador Rodolfo Suárez. 

Ahora Martínez Guerra recogió el guante y presentó en la legislatura un proyecto para sancionar con hasta 30 días de prisión a quien incurra en “negacionismo de delitos de lesa humanidad".

El legislador del Partido Intransigente pide concretamente agregar el artículo 81 bis al Código Contravencional de Mendoza (Ley N° 9099) y propone sancionar “con multa desde un mil quinientas (1.500) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F., o desde quince (15) días hasta treinta (30) días de arresto, al que públicamente de manera verbal negare, minimizare, justificare o reivindicare, la comisión de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina entre 1976 y 1983″.

En la misma sanción incurrirán los que por medio de entrega de folletería, publicaciones en redes sociales, medios digitales o tradicionales, inscripciones en carteles o en su vestimenta, promuevan la contravención prevista en el párrafo primero.

"En caso de que el contraventor sea funcionario público, sufrirá además sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el plazo de 5 años”, reza un fragmento de la propuesta.

La iniciativa del legislador kirchnerista entraría en colisión con el derecho a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución Nacional. 

Sin embargo, Martínez Guerra restringe ese derecho al considera que “tiene límites, no es absoluta y no todas las opiniones son respetables ni dan lo mismo", según recoge el portal Los Andes. 

"Bajo esta línea, existe un interés social relevante a proteger: la memoria y el reconocimiento de las víctimas; la protección de colectivos vulnerables; la búsqueda de la verdad histórica en los sistemas democráticos y la no repetición de las aberraciones del pasado", agrega. 

Y argumenta que "diversos países sancionan la apología y minimización de crímenes de lesa humanidad, los mismos realizan leyes acordes a los pedidos de organizaciones como la OEA, UNICEF y la Unión Europea entre otras. Cuentan con penas que van de un año a 15 de prisión o hasta 20 ( Alemania, Francia, Suiza, Austria, Bélgica, España, República Checa, Israel, Liechtenstein y Letonia, y EEUU o Perú , ellos poseen algún tipo de ley al respecto)”.

A nivel nacional, el presidente Alberto Fernández insinuó impulsar una ley contra el "negacionismo" respecto a los crímenes de la última dictadura. En su visita a Paris, en febrero, el jefe de Estado se comprometió a avanzar con una ley como la que rige en Francia desde 1990 y que prevé una multa de €45.000  y un año de cárcel contra "la expresión pública de tesis que contesten la existencia de crímenes contra la humanidad" -definidos por el Tribunal de Nuremberg en 1946- cometidos por la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

Esa ley -nunca discutida- penalizaría no sólo a quienes nieguen la cifra nunca demostrada de 30.000 desaparecidos (registros oficiales la ubican en menos de 10.000) sino también -según las palabra del presidente- a los "cultores de la teoría de los 2 demonios", que habló de la 2 "terrorismos": uno que ejercieron las organizaciones guerrilleras y otro que fue practicado por la Fuerzas Armadas como respuesta a la primera.