HIDROCARBUROS

El proyecto de Galuccio/Cristina que 'acarrea' una guerra con los gobernadores petroleros

Según trascendió, el texto final de la iniciativa oficial para un nuevo marco regulatorio deja cerrada la puerta a que las empresas locales se asocien a las petroleras que inviertan en las provincias y sin tener que hacer desembolsos. Se trata de un punto al que se oponen los gobernadores, principalmente el neuquino Jorge Sapag.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). En una reunión privada, con funcionarios nacionales, empresas del sector y el presidente YPF, Miguel Galuccio, pero sin la presencia de los gobernadores interesados, el Gobierno habría presentado el texto final del proyecto para un nuevo marco regulatorio de la explotación petrolera. 
 
Se trata de un proyecto que había sido conversado con los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas, que habían presentado sus diferencias en cuanto a 2 aspectos fundamentales: la participación de las empresas locales, a lo que se oponía el CEO de YPF, y los topes a las regalías. 
 
De acuerdo al portal Letra P, el proyecto presentado este viernes en el Ministerio de Planificación, con la presencia de su titular, Julio De Vido, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y la flamante secretaria de Energía, Mariana Matranga, deja de lado la opinión de los mandatarios. El texto mete mano en el sistema de "acarreo" que le permite a las provincias obtener más beneficios sin tener que invertir y fija topes en el cobro de regalías en 12% y 3% como máximo en Ingresos Brutos. 
 
Se trataría de una iniciativa que imita una idea original de Galuccio y que había levantado polvareda entre los gobernadores petroleros. Principalmente había generado el disgusto del neuquino Jorge Sapag
 
El proyecto pretende adecuar el marco a las necesidades inversoras del país para el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales, que se encuentran principalmente en Neuquén, que alberga la mayor porción de la formación Vaca Muerta.
 
Uno de los puntos de la discordia entre el Gobierno Nacional y los gobernadores era el sistema de 'acarreo' mediante el cual las petroleras que obtienen áreas en sus provincias deben asociarse a las petroleras locales, sin que éstas deban realizar desembolsos. Para Galuccio esto esto es un obstáculo porque desincentiva la inversión. 
 
Para las provincias es un beneficio porque reciben otras ganancias además de las regalía. 
 
Sapag dijo el jueves que las provincias estaban en "un proceso de diálogo frustífero" con el Gobierno en pos de obtener un proyecto que satisfaciera a todas las partes. Pero si se confirma que el proyecto incluye el fin del 'acarreo' se topará con la negativa del gobernador, quien ya había manifestado  que no se trataba de "un esquema parasitario" y que no llevaba sólo un "costo económico" para el "productor", ya que la inversión sería devuelta por la petrolera local una vez que el proyecto comience a producir. 
 
De dar por terminado el sistema de 'acarreo' muy probablemente la ley, una vez sancionada, encuentre una fuerte resistencia en las legislaturas provinciales, que deben aprobar la adhesión de los Estados al nuevo marco regulatorio. 
 
De acuerdo a Letra P, el proyecto presentado este viernes no habla expresamente del 'acarreo'  sino que habla de futuros “acuerdos” entre el Gobierno y las provincias para diseñar un sistema licitatorio único en todo el país. Sin embargo, las petroleras presentes en la reunión ( Chevron, PAE, Total, Pluspetrol o Tecpetrol, entre otras) se habrían llevado la certeza de que ya no existiría aquel esquema de sociedades con las empresas provinciales. 
 
El punto a favor para las provincias sería la transformación en ley de los decretos 927, que exime de impuestos a bienes de capital que necesiten importarse para desarrollos petroleros, y el 929, que ofrece un amplio marco de beneficios para inversiones no convencionales y off shore, como libre disponibilidad de reservas y eliminación de retenciones sobre un porcentaje importante de las ganancias. 
 
Estos últimos aspectos son los que los gobernadores petroleros sí querían tener transformado en ley, ya que se trata de un plan de promoción de inversiones financiado enteramente por las arcas del Estado nacional.