MELANCOLÍA POR REPSOL
Cristina, Gallucio, Kicillof e YPF: 1 año después... las provincias lloran
El 16/04/2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de ley 'De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina' para la estatización de YPF., que se redactó de acuerdo al artículo 31 la Ley de Hidrocarburos 17319/67. En breve, entonces, se cumplirá 1 año de la YPF estatal. La Presidenta ya había entrevistado a Miguel Galuccio el 04/04/2012, para interesarlo en la conducción de la petrolera. Ella lo designaría al frente en mayo de 2012. Y para acompañarlo, o controlarlo, Axel Kicillof como Nº2. El objetivo era revertir la situación, promover las inversiones, recuperar la producción. ¿Cómo le va a Cristina, a Galuccio y a YPF con la expropiación? Si se tiene en cuenta que, a la fecha, todavía no ingresó el expediente judicial al fuero Contencioso Administrativo, pareciera que todavía hay confusión al respecto. Al parecer, nada ha cambiado. Y las provincias -que vía la Ofephi apoyaron la expropiación- no lograron los resultados prometidos. Pero, a decir verdad, el problema no es Galuccio ni los ejecutivos de YPF sino la sucesión de erradas decisiones en materia de precios relativos, de mercado de capitales y de inversiones que ha acumulado la Administración Kirchner desde 2003, y no revirtió aún.
09 de marzo de 2013 - 00:00
"De proseguir con esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos en un país inviable, por políticas empresariales y no por recursos, ya que somos el 3er. país en el mundo —según la agencia de petróleo de los Estados Unidos— luego de China y Estados Unidos en [materia de recursos de] gas. (...) Es la primera vez en 17 años que Argentina tiene que importar gas y petróleo".
Cristina Fernández de Kirchner por cadena nacional,
al explicar la expropiación de YPF.
"La expropiación de YPF permitirá recuperar la acción estratégica por parte del Estado, su capacidad de poder decidir de manera autónoma y de convocar a otros inversores”.
Martín Buzzi, gobernador de Chubut,
en nombre de Ofephi (Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos).
“Si todas las utilidades se reinvierten, porque ni la Nación ni las provincias buscan lucro, se podrá garantizar el abastecimiento de hidrocarburos, que es algo estratégico para el crecimiento que estamos viviendo. En esto se puede mejorar y mucho”.
Juan Manuel Urtubey, gobernador de Salta,
en nombre de Ofephi.
CIUDAD DE BUENOS AIRES (Economía & Regiones). La producción energética nacional se encuentra en una fase de prolongado retroceso en el área de hidrocarburos, fruto de una acelerada descapitalización que se caracteriza por el agotamiento de las reservas.
Hemos mencionado desde este mismo espacio que la producción interna de combustibles no alcanza para abastecer a la creciente demanda de insumos energéticos. Esta escasez de oferta surge como consecuencia de un marco regulatorio e impositivo heredado desde el año 2003.
Concretamente, la regulación de este mercado quitó los incentivos a invertir y a ampliar las capacidades de producción, de generación, exploración y distribución de gas y petróleo, a partir del congelamiento de tarifas de servicios públicos, de la aplicación de retenciones a las exportaciones y de la imposición de precios máximos a la venta minorista de combustibles en las estaciones de servicios.
Mientras tanto, la demanda se incrementó con el crecimiento de la economía.
En conclusión, la producción cae porque se reducen las reservas y estas caen porque la inversión en exploración se encuentra desincentivada por la política de precios minoristas regulados y por los impuestos a las exportaciones.
Es decir, la pérdida del autoabastecimiento energético surge como consecuencia de una oferta domestica penalizada y por una demanda sobre-estimulada con subsidios. Este creciente deterioro del saldo energético no sólo complica al resultado de la balanza comercial, sino que también compromete el frente fiscal que debe hacerse cargo de los costos más elevados de la energía importada.
A su vez, las importaciones energéticas representan una verdadera aspiradora de divisas, que sofocan estructuralmente al mercado cambiario.
Pero, además de los problemas implícitos de la escasez de energía para la macroeconomía Argentina, el devenir de la política energética afecta negativamente la salud económica y financiera de las provincias productoras de energía.
La política de precios regulados e impuestos a la exportación, desincentiva los sectores productores regionales y sobretodo, arremete contra las cuentas públicas de esas jurisdicciones que ven disminuidos sus ingresos por regalías.
Además el menor nivel de actividad (implícito en la caída de la producción de hidrocarburos) impacta en la recaudación provincial, haciendo que las provincias deban buscar fuentes alternativas de financiación como aumentos impositivos o emisiones de deuda.
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De esta manera, las provincias productoras sufren doblemente las consecuencias negativas de la actual política energética, puesto que además de padecer la caída de su nivel de actividad, pierden ingresos por regalías y recaudación propia. Todo confluye en otra manifestación del retroceso que ha padecido el federalismo fiscal en la última década.
La fuerte inversión de principios de la década del ´90 permitió que la producción se incremente hasta alcanzar un pico máximo de 47 millones de m3en 1998. A partir de allí, el estancamiento de nuestra economía que devino en la crisis de 2001, afectó al nivel de actividad del sector que cayó sostenidamente hasta la actualidad.
En ese entonces la producción estaba concentrada entre las provincias de Neuquén (36%), Santa Cruz (26%), Mendoza (14%), Chubut (13%), Rio Negro (4.4%) y Tierra del Fuego (4.2%).
Ahora bien, la devaluación de 2002 elevó la participación del sector petrolero en el producto bruto geográfico (medido a precios corrientes) e incrementó la participación de la regalías en la estructura fiscal de las provincias productoras.
La devaluación resultó fundamental para corregir los déficits fiscales de estas jurisdicciones, dado que además de licuar gastos (sobre todo en personal), triplicaba los ingresos en pesos por regalías.
Paralelamente, la política monetaria laxa de Estados Unidos, provocó un fuerte avance del precio de los commodities en general y del petróleo en particular.
De modo que el precio internacional del crudo se incrementó un 220% entre el 2003 y el 2008, alcanzando su record histórico de casi US$ 100 el barril en ese año.
En pocas palabras, el precio record junto con la devaluación del peso -que triplicaba los ingresos del sector medidos en moneda local- podrían haber incentivado la producción interna.
Sin embargo, con el objeto de contener el costo de vida y estimular el nivel de actividad (brindando energía barata), la actual administración desdobló el precio interno respecto del internacional, mediante retenciones a las exportaciones y precios máximos a las ventas minoristas.
A modo, de ejemplo en 2008 el precio internacional duplicaba con creces al precio promedio doméstico: mientras el barril de crudo (WTI) cotizaba a US$ 100 en el mundo, el precio interno ascendía a U$S 47.
Esta política generó desincentivos a invertir en el sector, haciendo que la producción se reduzca hasta su mínimo histórico de 29 millones de m3 en 2011. Lógicamente, las provincias cuyas exploraciones habían sido más antiguas, comenzaron a tener rendimientos marginales decrecientes y se vieron más afectadas por el proceso de desinversión.
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Tal es así que las principales regiones petroleras (Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Rio Negro) redujeron su participación en la producción nacional.
Por lo tanto, la caída de la producción afectó tanto a los productos geográficos (PBG) como a las cuentas públicas provinciales que dependían en gran medida de estos ingresos.
Paralelamente, el ingreso por retenciones a las exportaciones de crudo (no coparticipables) representó/a una fuente adicional de recursos para la Nación; lo que implicó/a una redistribución de ingresos desde la provincias petroleras hacia el Gobierno Nacional.
Ni el efecto (nominal) de la devaluación, ni el aumento del precio internacional (que arrastraba el precio doméstico) alcanzaron para contrarrestar la caída en la producción de crudo.
De modo que los ingresos por regalías del consolidado de provincias petroleras cayeron sostenidamente, en términos relativos. Es decir, el ratio de regalías sobre ingresos corrientes se redujo desde un de 18% en 2004 a 9% en 2012. Incluso, algunas provincias -como Neuquén, Mendoza y Tierra del Fuego- sufrieron aun más la pérdida de recursos.
A modo de ejercicio, analizaremos la pérdida de regalías por la producción de petróleo que perciben las provincias productoras como consecuencia de la actual política energética.
Recreamos un escenario con la dinámica de precios internacionales desde el 2003 hasta la actualidad, suponiendo que no hay ninguna política explícita de desdoblamiento y supondremos que la producción se incrementa al 5% anual, cifra equivalente al promedio de aumento anual de la década del ’90.
Cabe resaltar que hemos seleccionados sólo las regalías petroleras dado que -en términos agregados- representan aproximadamente el 80% del total; mientras que las regalías por la extracción de gas, gas licuado y gasoil representan en promedio un 15%, un 4% y un 1% respectivamente.
En este contexto hipotético, con precios libres y producción creciendo al 5%, el ingreso por regalías crecería exponencialmente6y alcanzarían un record de US$ 3.600 millones en 2012, lo que representa un 20% del los ingresos corrientes del consolidado de las provincias petroleras.
Esta cifra duplica con creces a la recaudación por regalías efectivas proyectada para 2012; tanto en valores absolutos (US$ 1.620 millones) como en porcentaje de los ingresos corrientes (9%).
A su vez, en términos consolidados las regalías recalculadas representarían el 18% del gasto primario total, el 34% del gasto en personal y el 38% de los ingresos por coparticipación de las provincias petroleras.
La brecha entre la recaudación por regalías observada y la re-calculada es todavía más significativa para aquellas jurisdicciones dependientes de su producción petrolera, como Neuquén, Santa Cruz y Chubut, en donde el ratio entre la recaudación por regalías (recalculadas) y los ingresos corrientes alcanzaría un 51.4%, 51% y 37% respectivamente.
Por el contrario, el re-cálculo tiene menor incidencia en las provincias del norte, como Jujuy, Formosa y Salta, en donde la producción de petróleo no tiene tanto peso relativo en la estructura productiva y la coparticipación representa la principal fuente de recursos para el fisco.
Los fondos que las provincias pierden con la actual política energética podrían incluso revertir el sistemático deterioro de las finanzas subnacionales.
Todas las provincias petroleras presentaron, en forma agregada en 2012, déficit financiero y primario de $3,333 millones y $2,480 millones respectivamente.
No obstante, introduciendo el re-cálculo de regalías, el resultado fiscal sería superavitario en $5,300 millones (financiero) y $6,200 millones (primario).
Además, el aumento de la producción petrolera de estas jurisdicciones, hubiera estimulado el nivel de actividad de las economías regionales, impactando en el resto de la recaudación provincial y mejorando el resultado fiscal de las provincias.
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