CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El congelamiento de las tarifas de los servicios energéticos, luz y gas, fue impuesto en tiempos de la crisis económica, pero mantenido durante los gobiernos kirchnercristinistas a lo largo de casi una década. Esto generó una distorsión que obligó al Estado a desembolsar millonarios subsidios que no lograban compensar el desequilibrio creado en las empresas del sector.
LUZ Y GAS
Aumentos: Los especialistas hablan de “parche” y “demagogia” energética
Analistas consultados por Urgente24 se mostraron escépticos sobre el alcance de los beneficios de los aumentos tarifarios anunciados por el Gobierno. Opinan que con ese fondo “apenas se comenzará a tapar los agujeros” y que se recaudará “menos de un tercio” de lo necesario. Advierten sobre las “tensiones sociales” de las subas aplicadas “a las apuradas”.
23 de noviembre de 2012 - 16:18
El Gobierno defendió la aplicación con el argumento de que así se generaba un marco competitivo que benefició al crecimiento del PBI. Pero, en realidad esa política alimentó un atraso que impactó en el sistema, que se precarizaba a medida que aumentaba el consumo.
Es así que tras una década de tarifas congeladas, las empresas distribuidoras de energía eléctrica sólo se dedicaron a cubrir sus costos operativos y el pago de sueldos con el aporte estatal, relegando las obras necesarias para sostener una enorme demanda.
Aún con los subsidios, las distribuidoras llegaron este año a advertirle al Gobierno Nacional que de no mediar subas de tarifas entrarían en cesación de pagos, es decir en default. Ese fue el caso las distribuidoras Edenor y Edesur. En cuanto a la distribución de gas, Metrogas entró en concurso de acreedores y su situación financiera es de "extrema estrechez" lo que la podría conducir a un 2do default.
Así las empresas concesionarias de los servicios de distribución energética no pudieron garantizar las inversiones para ampliar la oferta en un escenario de 'cuello de botella'.
En este contexto hace 2 semanas se sucedieron una serie de apagones que afectaron a cientos de miles de usuarios de la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Si bien, el Gobierno alentó la teoría del sabotaje, la interrupción del servicio en medio de una ola de calor no desentonó con otras similares ocurridas en años anteriores.
2 semanas después de esos episodios, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, anunciaron este viernes (23/11) la creación de un fondo que destinaría $2.000 millones anuales a obras de distribución de electricidad y gas.
Según lo informado por los funcionarios, se crearán 10 subestaciones para el sur del Gran Buenos Aires y 4 subestaciones para barrios de Capital Federal con mayor incremento de la demanda. Por otra parte, en el segmento gasífero el dinero será destinado a ampliar cobertura de red de gas en distintos puntos del conurbano y ciudades del interior del país.
Se trata de obras, dentro del esquema general, de menor envergadura, que debían ser encaradas por las empresas a lo largo de estos años, pero que el atraso tarifario postergó.
Además, el financiamiento correrá por parte de los usuarios que verán aumentar sus facturas a pesar de que por un tiempo prolongado pagarán más por el mismo servicio. Algo similar ocurrió con el gas, cuando el Gobierno incorporó un cargo para pagar GNL importado mientras continuaba la caída de la producción local.
El alcance de la medida despertó el escepticismo en los especialistas consultados por Urgente24. Para el economista y consultor energético Eduardo Fernández el anuncio es "un parche" y que con los $2.000 millones "apenas se puede comenzar a tapar los agujeros del sistema".
Por otro lado, recordó que "todavía queda pendiente la recomposición de la rentabilidad de las empresas" que permita cubrir sus costos y llevar adelante las inversiones tendientes a aumentar la oferta. Para Fernández, los usuarios pagarán más por el mismo servicio que están recibiendo "aunque no van a pagar por la energía con el aumento" ya que aportarán a un fondo para obras que aún no han comenzado.
En tanto, consideró que los anuncios "no significan un reconocimiento implícito del Gobierno sobre el problema tarifario".
Sobre la situación de las empresas se refirió el exsecretario de Energía Daniel Montamat, quien aseguró que "los sectores regulados de la industria de gas y petróleo y muchas empresas generadoras eléctricas están cerca de la cesación de pagos" ya que "ya no solventan ni sus gastos operativos y necesitan ayuda del tesoro para pagar los sueldos".
Para Montamat, "hay que seguir de cerca la estructuración efectiva de la suba de precios" y estimó que si se trata de una "suba general" ésta "tiene que ver tiene con la asfixia de las cuentas públicas", es decir, con la necesidad de recortar subsidios.
"La verdad que un proceso de recomposición gradual debería haberse iniciado hace años con una tarifa social que excluya a los consumos más vulnerables. Si ahora todo se hace a las apuradas, puede generar más tensiones sociales", advirtió el especialista.
Por su parte, otro exsecretario de Energía, Emilio Apud, consideró que "la cifra a recaudar a través de un nuevo fondo no alcanzará a cubrir ni un tercio de las inversiones anuales necesarias para atender una demanda creciendo al 5% anual". "Estimo que con estos cargos recaudarán en el mejor de los casos unos US$ 100 millones anualmente", es decir alrededor de $500 millones, calculó el especialista.
De acuerdo a sus estimaciones, desde 2005, en el sector eléctrico "hubo una desinversión del orden de los US$ 800 millones, reflejada en el deficiente servicio que padece el conglomerado urbano de capital y GBA". "Actualmente y suponiendo que se recuperara la calidad del servicio de 2004, seria necesario invertir en distribución en esa área unos US$ 200 millones anuales ($1.000 millones, solo para el sector eléctrico)", le dijo Apud a este medio.
"Como el Gobierno debe cubrir los default de las distribuidoras con CAMMESA, al ritmo actual del orden de US$350 millones/año, veo que esa recaudación es muy probable que vaya a mitigar ese subsidio encubierto a las distribuidoras vía compensación a CAMMESA", opinó.
"En mi opinión es otro anuncio de corte demagógico y cortoplacista en línea con el relato oficial que los culpables de la crisis son las empresas y los ´90, cuando en realidad fue la política energética del kirchnerismo conducida desde casi una década por Julio De Vido", aseguró el exsecretario de Energía.
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