La trama crece: La Justicia pide otra indagatoria a Diego Spagnuolo por nuevos hechos

El pedido se apoya en nuevos elementos incorporados al expediente, que -según la fiscalía- evidencian un esquema sistemático de desvío de recursos estatales en beneficio de un grupo reducido de empresas.

“Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo”, sostuvo Picardi en su dictamen. Y precisó que esas operaciones implicaron “la erogación de aproximadamente 75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial” .

Diego Spagnuolo no es el único en la mira

La causa no solo alcanza a funcionarios. La fiscalía identificó un entramado que incluye a más de veinte empresarios y unas treinta firmas que habrían operado de manera coordinada.

De acuerdo con la investigación, la estructura habría sido conducida desde el sector público por Spagnuolo junto a Daniel María Garbellini, mientras que desde el ámbito privado aparecen mencionados Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

Los hechos investigados se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, período en el que —según la acusación— se direccionaron compras de insumos de alto costo, conocidos como PACBI, para favorecer a proveedores previamente seleccionados.

El mecanismo incluía adjudicaciones millonarias a cambio de retornos y beneficios indebidos.

Qué investiga la Justicia: Compras direccionadas y sobreprecios

Uno de los ejes centrales de la causa es el análisis de 21 procesos de compra —denominados “reducidos”, “chicos” o “especiales”— que implicaron cifras millonarias. Solo en ese segmento se investigan operaciones por más de $30.337 millones.

La fiscalía sostiene que se montó un “esquema ilegítimo de direccionamiento de compras de medicamentos hacia empresas vinculadas o ‘amigas’, mediante la exclusión deliberada de competidores y la consecuente generación de sobreprecios”.

A esto se suma el análisis de insumos auditivos, donde se detectó una dinámica similar: una competencia simulada entre empresas que en realidad respondían a un mismo grupo económico.

Nuevas pruebas y más implicados

El avance del caso se profundizó a partir del análisis del sistema SIIPFIS y otras evidencias recolectadas durante la investigación. Estos elementos permitieron identificar nuevas maniobras con características similares a las ya detectadas.

“Además de todas las actividades ilícitas identificadas y de todas las personas que ya han sido imputadas en el caso, en esta oportunidad se detallan nuevas maniobras de similares características”, señaló el fiscal, quien también advirtió sobre la aparición de nuevos involucrados que hasta ahora no habían sido identificados .

Actualmente, la causa cuenta con 19 personas procesadas y más de 20 nuevas personas —tanto físicas como jurídicas— para las que se solicitó el llamado a indagatoria.

Insumos críticos y población vulnerable

Uno de los aspectos más sensibles del caso es el tipo de insumos involucrados. Se trata de dispositivos médicos de alto costo, esenciales para pacientes con discapacidad o enfermedades graves.

Entre ellos figuran prótesis de alta complejidad, implantes cocleares, materiales para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas.

Estos productos son gestionados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas en situación de vulnerabilidad que no cuentan con cobertura médica.

Según la fiscalía, el esquema investigado no solo afectó las arcas públicas, sino también a los destinatarios de esas políticas.

“En vez de cumplir con sus objetivos institucionales, los jefes de la organización criminal montaron allí un servicio ilícito de pagos permanentes”, advirtió Picardi .

Un sistema con discrecionalidad y cartelización

El dictamen también describe un funcionamiento interno atravesado por la discrecionalidad. Según la investigación, existía control sobre quién podía contratar con la ANDIS, acceso a información privilegiada y coordinación entre empresas para manipular licitaciones.

Incluso, se detectó participación directa de empresarios en decisiones institucionales, como la contratación de personal o la definición de adjudicaciones.

Para la fiscalía, la agencia terminó operando como “una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente” para beneficiar intereses privados .

La dimensión del caso

El expediente, que ya lleva siete meses de investigación, expone lo que el Ministerio Público define como una “enorme trama de corrupción”.

En palabras del propio fiscal, el caso obliga a mirar el impacto real de estas maniobras: “El Estado a disposición de intereses privados… jugando con la salud de la población más vulnerable. Todo a cambio de la repartija de millones y millones de pesos” .

Con nuevas pruebas sobre la mesa y más implicados en la mira, la causa ANDIS entra en una nueva etapa que podría profundizar uno de los expedientes más sensibles en materia de corrupción vinculada a políticas sociales.

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