Repsol recurre la quita de YPF pero no evita el castigo de Fitch

En la junta de accionistas de Repsol celebrada la semana pasada, su presidente, Antonio Brufau, anunció que interpondría un recurso de inconstitucionalidad ante la Justicia argentina, contra la decisión de Cristina Fernández, que le expropió cerca del 51% del capital de YPF durante abril.

 

En la junta, Repsol, que ha demandado a Argentina ante distintas instancias judiciales y mercantiles por la decisión de su gobierno de expropiarle la participación mayoritaria en YPF, acordó suprimir la marca YPF de la nueva denominación de la petrolera, que volverá a ser Repsol a secas, al tiempo que ofreció a Cristina Fernández lograr una solución antes de la batalla judicial.

 

Ahora, la agencia de calificación crediticia Fitch ha rebajado el rating de Repsol, que pasa de BBB a BBB-, con lo que queda a solo 1 peldaño de ser un 'bono basura'. Fitch entiende que Repsol no percibirá del Gobierno argentino ninguna indemnización en efectivo por la expropiación de YPF ni a corto ni a medio plazo, y tampoco recuperará el dinero prestado al grupo Petersen para que comprara el 25% de YPF hace unos años.

 

La perspectiva asociada al rating de Repsol es negativa, teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la ejecución de su plan estratégico en la actual fase, así como la debilidad de la economía española, según un comunicado de la agencia.

 

Por otra parte, el presidente de Canarias, Paulino Rivero, anunció hoy en Bruselas que presentará la semana que viene una queja ante la Comisión Europea para que inste a España a retirar la autorización otorgada a Repsol para perforar en las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Rivero se reunió hoy con el comisario europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, al que planteó la posibilidad de «paralizar las perforaciones de Repsol en Canarias aprobadas por España».

 

El Gobierno de España autorizó hace tres meses a Repsol a efectuar prospecciones petrolíferas frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote, una decisión que se ha encontrado con el rechazo del gobierno de Canarias, del parlamento de la comunidad autónoma y de los cabildos de ambas islas.

 

Rivero remarcó en unas declaraciones a la prensa tras la reunión la «extremada honradez, honestidad y imparcialidad» con la que el comisario europeo ha afirmado que va a defender la normativa comunitaria. «Nos ha dicho que va a trabajar para que el interés general prevalezca por encima del interés particular y ha demostrado una máxima preocupación por lo que está ocurriendo en las aguas canarias», añadió Rivero.