Las mujeres y niñas indígenas, vulnerables a la moda del "etnoporno"

Un maestro de escuela de una zona indígena le regaló un celular a su alumna de 13 años, a quien le enseñó a usarlo y luego le pidió que le mandara fotos desnuda. Luego, otra mujer la extorsionó para que mandara más archivos multimedia mediante las redes sociales. 

Algunos intentaron linchar al maestro, pero el padre prefirió tomar la ruta legal "porque matar al maestro habría sido aceptar que éste había violado a su hija".

La abogada que lleva el caso, Martha Figueroa, le dijo a la BBC: "Esto es un crimen del maestro. Y es agravado porque está corrompiendo a menores y abusó de su poder como maestro". Tras varios meses de lucha, fue arrestado. "No se sabe si cumplirá sentencia porque ha interpuesto un recurso. Pero es un logro que al menos por ahora esté tras las rejas y no todavía enseñando en la escuela", agregó la letrada.

El Código Penal de México establece penas de entre 10 a 14 años a quien "fije, grabe, imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales en que participen uno o más menores de dieciocho años". Y establece el mismo castigo para quien reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite o transmita este material.

Muchas mujeres indígenas jóvenes llegan de sus comunidades al municipio de Chiapas para tener una mejor vida, pero tienen una alta vulnerabilidad al trabajo sexual, ya que no tienen ningún tipo de redes de apoyo.

El material pornográfico de indígenas chamulas es de fácil acceso. Se vende en los mercados, al lado de los puestos de películas piratas. En las ediciones se advierte: "En este material pueden aparecer personas que quizá conozca. Se recomienda discreción".

El Frente Nacional para la Sororidad, una organización feminista, encontró entre diciembre de 2018 y febrero de 2019 en Chiapas más de 800 videos de niñas y mujeres que no habían dado su consentimiento para publicarlos.

Chiapas es uno de los 17 estados de México donde se aprobó la "Ley Olimpia", que condena los delitos digitales sexuales con penas de hasta 3 y 6 años. La activista Olimpia Coral Melo fue quien inició y promovió la ley, expresó a BBC: "Las mujeres indígenas son las más afectadas por estos delitos y es una cuestión de desigualdad en lo económico, en la cultura, en el acceso a la tecnología. Muchas ni siquiera piensan en poner una denuncia, pues desafortunadamente, en su forma de pensar está el creer que deben ser utilizadas, que son fábricas de bebés y de amamantar".