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LUNES CLAVE

Es hora de la verdad: Alberto, el Grupo Clarín y Cristina

En medio de la campaña electoral, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner deberán marcar posición sobre el Grupo Clarín.

La fusión entre Telecom y Cablevisión, del Grupo Clarín, durante la Presidencia de Mauricio Macri, pone una situación muy incómoda al presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Kirchner en la recta final de la campaña electoral.

Según recuerdan trascendidos periodísticos -Letra P y Tiempo Argentino-, este lunes (7/11), el Ministerio de Desarrollo Productivo deberá responder a un pedido de nulidad de la Resolución 374/2018, que enmarca la fusión entre Telecom SA y Cablevisión Holding.

El dato es que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que aprobó en 2018 la operación, depende de la Secretaría de Comercio Interior, de Roberto Feletti, quien responde al kirchnerismo, pero dicho organismo está bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, de Matías Kulfas, quien reporta directamente a Fernández y en las últimas horas dijo a los medios que no tiene diálogo con la vicepresidenta Fernández de Kirchner.

De esta manera, el reparto de cargos en los ministerios con primeras líneas que responden a una pata del Frente de Todos pero con segundas y terceras líneas que chocan todas entre sí por responder a las otras 2 patas del oficialismo, vuelve a ponerse a prueba.

Todo esto en medio de una gran incomodidad en el oficialismo por los votos que, según entienden asesores, le está “comiendo” la Izquierda y que obligó al jefe de Estado y a su ministro de Economía, Martín Guzmán, a condenar el acuerdo con el FMI, por ejemplo, hasta que se dieron cuenta que eso terminó acelerando la corrida cambiaria, llevando al dólar blue a $200 y el Contado con Liquidación a casi $220.

El punto de partida de esta causa tan incómoda para la Casa Rosada y el Instituto Patria, es Liliana Zabala, la abogada que inició el reclamo en representación de Jorge Horacio Sombra, quien define a la unión como “fraudulenta”, tras haber detectado irregularidades en lo que implicó la última etapa de expansión del Grupo Clarín, el conglomerado mediático más poderoso de Argentina.

Tal como resumió la periodista Nazarena Lomagno, “Zabala suma grandes saltos legales. Su investigación derivó en dos líneas de acción: una judicial administrativa, la gran apuesta, y otra, la vía administrativa, a través de un pedido de impugnación, sin pasar por la Justicia”.

Más allá de todo el enredo judicial, resulta clave lo que planteó el periodista Esteban Rafele:

El Estado nacional, demandado en esta oportunidad, debe contestar el requerimiento judicial. Puede negar los hechos, lo que lo alinearía con el holding de Fintech y el Cablevisión Holding, ya que defendería la fusión. También puede requerir más prueba, para estirar los plazos. O puede validar la denuncia y pedir la nulidad de la operación, admitiendo una especie de culpabilidad. Pero, dice Zabala, “si el Poder Ejecutivo se allana y se declara la nulidad, las empresas fusionadas son responsables ante el Estado por los daños y perjuicios ocasionados”.

Ahora bien, el Grupo Clarín ya relanzó su cuádruple play: de Cablevisión/Fibertel y Personal, ahora se reestructuró en Flow y Personal.

Consultado por Tiempo Argentino sobre las posibilidades de que el Estado avale el pedido de nulidad, Agustín Espada, doctor en Ciencias Sociales e investigador universitario, no se mostró optimista: “Clarín es socio mayoritario del grupo, tiene un fuerte accionar judicial y ya están paquetizados los servicios. Es muy difícil que se pueda retroceder sobre los pasos dados”, determinó.

Tal como se recuerda en aquella nota, con la fusión, el Grupo Clarín pasó a dominar a nivel nacional el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha, el 35% de conectividad móvil y el 40% de TV paga.

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Alberto Fernández saliendo del almuerzo con empresarios de AEA el 18 de diciembre de 2019, donde estuvo Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, entre otros.

Alberto Fernández saliendo del almuerzo con empresarios de AEA el 18 de diciembre de 2019, donde estuvo Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, entre otros.

Guerra Clarín vs. ENACOM en la ONU

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual informó hace 2 semanas que solicitó a la Relatoría de Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que intervenga ante la suspensión judicial del Decreto 690/2020 obtenida por la empresa Telecom (Grupo Clarín) a partir de una medida cautelar de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La Defensoría pidió a la Relatoría de Naciones Unidas que "se expida" y "formule recomendaciones" al Estado argentino, en particular al Poder Judicial, en base a los llamados procedimientos especiales que la facultan para actuar ante violaciones de derechos humanos fundamentales, en este caso el acceso igualitario al servicio de Internet.

En la denuncia realizada durante el mes de octubre, a la que accedió la agencia estatal Télam, se advierte al organismo de la ONU que la decisión de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que suspende la aplicación del contenido del decreto 690/2020 del Enacom para la empresa Telecom Argentina SA afecta derechos garantizados en tratados internacionales al impedir "el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital".

"Esta Defensoría considera que la declaración de servicio público de Internet, la regulación de las tarifas (del wifi hogareño, por caso) y de una tarifa social para acceder a Internet, medidas dispuestas por el Decreto 690/2020 actualmente suspendidas, reafirman el derecho de toda persona a un nivel adecuado de vida para sí y su familia".

Con la firma de su titular, la periodista Miriam Lewin, la Defensoría detalló que la medida cautelar que beneficia a Telecom -dictada el 30 de abril de 2021 y prorrogada recientemente por seis meses más- "afecta derechos reconocidos" que están salvaguardados por la Declaración Universal de los DDHH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como también por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En medio de esta guerra por parte de un sector del oficialismo mientras otros guardan silencio, ¿qué harán Fernández, Kirchner, Kulfas y Feletti?

No son pocos quienes recuerdan cuando el 7 de diciembre de 2007, 3 días antes de entregarle el mando a su esposa, Néstor Kirchner ordenó a Guillermo Moreno firmar la fusión Cablevisión - Multicanal.

Insólito pero el 7 de diciembre de 2012, el kirchnerismo celebró la vigencia del artículo 161, de adecuación de la ley de medios:

7D. Aviso sobre la plena vigencia de la Ley de Medios (LSCA) a partir del 7 de diciembre.

Volviendo al presente, a fines de octubre de 2021, el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, informó a los demás miembros del tribunal que a partir de ahora intervendrá en causas de sus ex clientes, entre los que están Clarín, La Nación, La Rural, McDonald's, Quilmes, el Grupo De Narváez o el fondo Pegasus. El caso Clarín es clave: la Corte tiene que definir sobre el decreto que establece las telecomunicaciones como servicio público y el control de la fusión Telecom - Cablevisión.

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