José Florentín Bobadilla, uno de los cuatro futbolistas ex Vélez acusados de violación a una joven periodista de 24 años en marzo de 2024, recibió un revés judicial. El jugador, que actualmente milita en Central Córdoba de Santiago del Estero, recibió un pedido de detención y prisión preventiva por presentar una "falsa denuncia" y "entorpecer la investigación".
El pedido fue formulado por la querella ante la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Género I, a cargo de la fiscal Adriana Reinoso Cuello. Según el escrito, el ex jugador de Vélez habría incurrido en "manipulación de pruebas" y "denuncias falsas" para desviar la investigación y amedrentar testigos.
"El Imputado junto a sus letrados defensores manipularon indebidamente la prueba de cargo en su favor, para perjudicial maliciosamente la situación procesal de la víctima y sus allegados", sostiene la presentación.
Por qué piden prisión preventiva para el ex Vélez
Según la querella, las conductas del ex futbolista de Vélez configuran un riesgo procesal grave, por haber incumplido las restricciones impuestas y podría influir en coimputados y testigos. Por eso solicita que se revoquen las medidas actuales y se dicte prisión preventiva por seis meses en función del Código Procesal Penal.
Para la querella, los abogados de Florentín alteraron declaraciones de testigos para incriminar a terceros (Dra. Neme, Federico Petraglia y el diputado nacional Carlos Cisneros), además de utilizar rumores como pruebas.
Por otra parte, desmiente la versión de que se actuó de forma irregular para acceder y sustraer las cámaras del Hotel Hilton de Tucumán, lugar donde ocurrió el presunto delito.
También alega que filtró información sensible del expediente a medios de comunicación, exponiendo la identidad de la víctima y chats privados.
En paralelo a todo esto, la víctima denunció que la exposición pública la llevó a una crisis emocional y manifestó ante la fiscal que "piensa en quitarse la vida", reclamando medidas urgentes para frenar el hostigamiento. El escrito se apalanca en la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia de género y pide al tribunal actuar con perspectiva de género.