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CORTA LUNA DE MIEL EN LA NUEVA ARGENTINA

Alberto F. y el peligro de desvanecerse en el camino

Mie, 27/11/2019 - 2:12pm
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De pronto, se habla más acerca de si Cristina Fernández de Kirchner es quien toma las decisiones de fondo que qué iniciativas tomará el nuevo Presidente de la Nación. Se especula más sobre quién será el nuevo ministro a cargo de la política económica que el debate sobre los proyectos de leyes y resoluciones conque Alberto Fernández iniciará la nueva gestión. Esto no es bueno para la Administración entrante. En especial cuando Urgente24 tiene plena convicción de que si no se avanza rápidamente hacia una suerte de reforma monetaria con plan de shock, la hiperinflación está a la vuelta de la esquina. Al respecto, algunas apreciaciones políticas acerca de lo que está ocurriendo:

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A tan sólo quince días de acceder al poder, el Presidente electo Alberto Fernández compromete estabilidad por gobernabilidad. Es decir, prefiere generar incertidumbre con su silencio respecto de la conformación de su futuro gabinete y de sus políticas de gobierno iniciales –ansiedades disparadoras de demandas variopintas e impredecibles- con el fin de maniobrar con la mayor autonomía posible el juego del poder. 

En la única área en la que el flamante Presidente se dio el lujo de plantear una posición clara, es en la política exterior. Pero nadie sabe aún, con certeza, quiénes integrarán los cargos institucionales en la nueva Administración nacional. La lista no es conocida ni por la futura oposición (que espera saber los nombres para 'trolear' contra ellos), ni por la mayoría de los dirigentes del propio Frente de Todos, espacio donde el nuevo Presidente parece tener las mayores dificultades para imponer su autoridad. 

Es en el campo de la política internacional donde se ve a un Alberto Fernández más definido en su rumbo. Tras su periplo latinoamericano tras las elecciones, el Presidente electo se diferenció de su predecesor y no dudó en alinearse con las fuerzas latinoamericanistas encarnadas en el Grupo de Puebla. Este posicionamiento significará una afinidad asociativa con los populismos que vuelven a emerger en la región, y un alejamiento taxativo de los gobiernos de corte republicano-liberal. 

La manifiesta enemistad entre Fernández y su par brasileño, Jair Bolsonaro, podría complicar la continuidad histórica del Mercosur, hecho que preocupa al establishment empresario argentino que exporta sus productos al país vecino, el principal socio comercial de nuestro país. 

Aunque pírrica, la victoria en Uruguay del conservador Luis Lacalle Pou supone un agravamiento de esta grieta en el bloque: Tanto Uruguay como Brasil –que ahora tendrán gobiernos afines- aspiran a establecer en forma bilateral tratados de libre comercio con otras naciones por afuera de la unión aduanera. Esta circunstancia podría generar desventajas estratégicas a la Argentina en el mediano plazo. 

En el ámbito de la región en sentido amplio se vive un clima de efervescencia e imprevisibilidad. Los levantamientos sociales y las crisis institucionales en Perú, Ecuador, Chile, Bolivia y, en la última semana, Colombia, marcan una importante crisis de la representación política en esos países y una corriente de cambio político que sin dudas condicionará la política exterior del futuro gobierno peronista. 

La cercanía manifiesta de Fernández hacia líderes como el Presidente mexicano Manuel López Obrador, el ecuatoriano Rafael Correa, el boliviano Evo Morales y –sobre todo- el polémico mandatario venezolano Nicolás Maduro, suponen un nivel de compromiso que podría complicar la siempre conflictiva relación argentina con los Estados Unidos. Se trata de un país del que el nuevo gobierno nacional dependerá para llevar a buen puerto las negociaciones de refinanciación de la deuda pública argentina con el Fondo Monetario Internacional. 

Los escarceos del nuevo oficialismo al poder geopolítico chino no contribuyen a calmar las aguas con el hegemón de Occidente. Aunque intenta lanzar frases que conformen a todos (a los gobiernos extranjeros, a los factores económicos del poder, a sus socios en la política interna), Fernández se está encontrando, en las últimas semanas, con las dificultades de equidistar entre universos ideológicos tan disímiles. El capítulo sustancial de esta intrincada red de relaciones internacionales está aún por escribirse.

(Corta) luna de miel

Todas las señales indican que, tras asumir, Alberto Fernández no gozará de una luna de miel prolongada. Es cierto –concedemos- que prácticamente ningún Presidente la tuvo desde la última restauración democrática de 1983, con la excepción de Raúl Alfonsín y de Cristina Fernández de Kirchner. 

La mayoría de los analistas en los principales medios de comunicación creen que Alberto Fernández contará con menos de 100 días –quizás, hasta principios de marzo próximo- para definir un rumbo cierto a su plan de gobierno y lograr una estabilización, al menos provisional, del país. 

Varios argumentos abonan a esta idea. Por un lado, la incertidumbre en el rumbo económico empuja a los actores relevantes a exigir salidas inmediatas a la persistente recesión.

Las empresas extranjeras que operan en Argentina sienten inquietud respecto de las reglas de juego que planteará la nueva administración, tanto en materia impositiva como a nivel de costos laborales, la política fiscal y monetaria o la posibilidad de girar utilidades a sus casas matrices. 

En algunos casos extremos se preguntan –por lo que trascendió, sin fundamentos- hasta dónde el nuevo Gobierno respetará la propiedad privada. Los organismos multilaterales de crédito –con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza- y los tenedores de deuda argentina quieren saber si cobrarán sus acreencias o si, una vez más, la Argentina entrará en default. No quieren renegociar las condiciones en el pago de la deuda hasta saber con rigurosidad hacia dónde va el nuevo gobierno.

Mientras tanto, los sectores ligados a la producción (en especial, las PyMEs) aspiran a recibir algún alivio por la vía de la estabilización de la macro y el retorno del crédito blando, dos de las promesas de campaña más notorias del flamante mandatario, junto con el anunciado shock de consumo para las familias, la baja de la inflación, el adiós a los aumentos en las tarifas de los servicios públicos y la creación de nuevos empleos. 

Los productores agrícolas ya muestran los dientes frente a los crecientes rumores de aumentos a las retenciones agrícolas.

Son demasiadas demandas de los sectores sociales y económicos, mucha expectativa puesta en la resolución de la crisis, y poca información disponible sobre cómo se piensa arribar al escenario deseado, o, al menos, a dar una respuesta aceptable a dichas demandas.

Todos esperan enterarse, y nadie imagina aún, cuál será el plan económico que tendrá la Argentina desde el 10 de diciembre próximo. 

La situación no ayuda: Hay restricciones presupuestarias, iliquidez creciente, alta inflación y bajo nivel de reservas en el Banco Central. Cepo mediante, este 21 de noviembre éste alcanzó los US$ 43.538 millones, contra los US$ 24.862 millones que había recibido el Presidente Mauricio Macri al asumir, el 10 de diciembre de 2015. 

Ante semejante cuadro, florecen las dudas respecto de cómo hará Fernández para dar sustentabilidad a una gestión que, por ahora, promete expandir el gasto y estimular el consumo. Sus electores (y los demás también), quieren saber si valdrá la pena ilusionarse con la dulzura de aquellas mieles que el vencedor del último comicio había predicado, al menos en el nivel discursivo. 

El 'teorema de Raúl Baglini' aplicado al mismísimo Fernández (tras ganar, dijo: "El 10 de diciembre no es un día mágico, veremos cuántas reservas dejan"), indica la dificultad que tienen los presidentes para cumplir con sus promesas electorales. La incertidumbre sobre qué hará Alberto Fernández con su gobierno se acentúa cuando se observa hacia adentro de su propio espacio político. 

Por un lado, la firma de la Pax Sindical con la CGT y con la CTA, representada en la convocatoria a las centrales obreras a “formar parte” activa de la nueva administración, permitió al flamante mandatario contar con la moderación de los dirigentes: no reclamarán bonos de fin de año, ni presionarán por paritarias para actualizar salarios, ni harán huelgas o planes de lucha. 

Por el momento, a contramano de lo ocurrido en los últimos cuatro años, parece que se terminaron los atrasos salariales y las urgencias de los trabajadores. Dirigentes usualmente agresivos como Roberto Baradel (quien prometió que los docentes bonaerenses comenzarán las clases sin musitar el año próximo, aumentan los apoyos al nuevo gobierno y disminuyen las demandas sobre él, dos señales de robustecimiento de la estabilidad política para la nueva administración.

Pero no todas son buenas noticias. Por otro lado, algunos dirigentes sindicales de vuelo propio –como Hugo Moyano y su hijo Pablo- ya anticiparon su reclamo de un bono de fin de año por $ 20 mil para los camioneros, exigieron la reapertura de paritarias, y –como para que quede claro su poder de chantaje- organizaron piquetes para detener trenes y reclamar el desmantelamiento del ramal Belgrano Cargas, bajo la excusa de que “afecta la actividad económica” de su sector. 

En el mismo sentido, el dirigente piquetero Juan Grabois, líder de la CTEP, anticipó que los movimientos sociales permanecerán en la calle con sus reivindicaciones después del 10 de diciembre, advirtió que “hay mecha corta en la Argentina” y de esta manera marcó la cancha al nuevo Presidente. 

Delicado equilibrio

Si en la moderación demostrada por la mayoría de los dirigentes sindicales se perciben signos de estabilización, las demandas crecientes y no siempre viables de dirigentes tan distintos entre sí  como Moyano o Grabois –por seguir con estos ejemplos- generan estrés al nuevo régimen y son posibles fuentes de inestabilidad futura. 

En la definición de su futuro gabinete y la publicidad de su plan de gobierno para la primera etapa de su mandato, Alberto Fernández fijará su respuesta a éstos y la relación de fuerzas hacia afuera (y hacia adentro) de su propia coalición de gobierno. 

Estas mismas presiones que podrían condicionar la estabilidad de la futura administración (en tanto demandas crecientes hacia el nuevo mandatario con una baja de apoyos), desde el punto de vista estrictamente político pueden ser vistas también como amenazas directas a la futura gobernabilidad de Fernández. En esto encontramos una de las paradojas básicas que enfrenta el nuevo Presidente: No serían las acciones supuestamente antagónicas de sus opositores en el sistema político las que podrían generarle mayor daño, sino aquellas otras que podrían provenir del “fuego amigo.” 

En otras palabras, la dinámica de la política en estos días muestra un nivel de agresividad mayor hacia el nuevo Presidente por parte de algunos sectores ligados a su propia coalición, antes que desde la oposición de Cambiemos. Esta tensión interna de poder podría comprometer a futuro la gobernabilidad del nuevo Presidente.
  
Esta realidad se verifica en las dificultades que trasunta Fernández a la hora de nombrar a los miembros de su gabinete, en un tira y afloje cada vez más indisimulado con su futura vicepresidenta. Sobre el particular, el Presidente electo dio sólo dos precisiones: 

1) Que CFK no tendrá “participación alguna” en la distribución de los cargos; y 

2) Que él mismo dará a conocer su equipo el 6 de diciembre, apenas cuatro días antes de su asunción. 

Ante la falta de información veraz, los medios de difusión y las redes sociales se han convertido en mentideros y fuentes de especulación constante alrededor de los nombres tentativos para las posibles designaciones.

Sin tener demasiadas certezas respecto de quiénes serán en realidad los nuevos funcionarios –la lista cambia todos los días-, los periodistas postulan candidatos en forma caprichosa. Nadie sabe cuál es el asidero de las listas que circulan, ni quién paga su difusión, ni cuáles son las internas del poder político que se esconden detrás de ellas. 

Lo que subyace a toda esta confusión es una cruda compulsa de fondo entre el kirchnerismo encarnado en Cristina, y ese espacio aún difuso y débil que, poco a poco, pretende ocupar este líder invitado y sus acólitos, un conglomerado gelatinoso que los analistas de opinión dan en llamar, sin mucha originalidad, Albertismo: otro “ismo” más para un país signado por las divisiones.

De acuerdo con lo publicado hasta ahora, la primera intención de Fernández habría sido la de buscar en la conformación de su gobierno un esquema de equilibrio entre las corrientes que integran el nuevo oficialismo, compuesto por el ex Frente para la Victoria, el peronismo ortodoxo, el massismo y los propios allegados de confianza de Fernández. Así, nombres como los de Santiago Cafiero, Vilma Ibarra, Marcela Losardo, Gabriel Katopodis o Matías Kulfas (todos asesores o dirigentes cercanos al flamante Presidente), se complementaron con los de kirchneristas históricos como Eduardo De Pedro, Agustín Rossi y María Eugenia Bielsa, y con massistas como Diego Gorgal, Daniel Arroyo y Malena Galmarini, esposa del líder del Frente Renovador. 

En las últimas horas trascendió, incluso, que tanto el ex candidato presidencial por Consenso Federal, Roberto Lavagna, como su hijo Marco, formarían parte de la nueva administración, uno desde el Consejo Económico y Social y el otro desde la titularidad del INdEC. Son novedades que demuestran la elasticidad de los justicialistas para alinearse tras el ungido de turno, una vez dirimidos los procesos electorales.

Mientras la futura vicepresidenta estaba de viaje en Cuba por motivos familiares la semana pasada, los voceros oficiosos del espacio albertista insistían con la mención de Guillermo Nielsen ocupando un rol relevante en el futuro gabinete económico, posiblemente como ministro del área, y con el actual gobernador tucumano, Juan Manzur, como posible titular en la cartera de Salud. Sin embargo, apenas CFK arribó a Buenos Aires, ambas postulaciones –que se daban casi como hechos cerrados- fueron abruptamente desmentidas: La ex Presidenta las habría vetado. Eso sí: El nombre que sigue en danza (pero aun no consigue aterrizar) es el de Carlos Zannini, kirchnerista ortodoxo, en la Procuración del Tesoro.

El Congreso como escenario del poder kirchnerista

Si ésta es la dinámica que le espera, Fernández deberá negociar en forma constante con su mentora política para obtener los apoyos que necesita para gobernar. Más, si tenemos en cuenta que Cristina y su hijo Máximo controlarán el Congreso:

Tal como corresponde, la nueva vicepresidenta será la titular de la Cámara Alta. Pero la Presidencia Provisional del Senado (segundo cargo en la sucesión presidencial) quedaría en manos de Oscar Parrilli –al menos, es el nombre más repetido-, mientras que el jefe de la bancada oficialista sería el formoseño ultrakirchnerista José Mayans. 

El dominio de CFK en el nuevo oficialismo legislativo es tan abrumador, que en el camino quedó el cordobés albertista Carlos Caserio, un fiel representante de la liga de los gobernadores del peronismo ortodoxo, quien no tuvo más remedio que ceder su lugar de futuro jefe de la bancada peronista tras haber sido “invitado” por Fernández para integrar su gabinete.  

En Diputados se repite esta ecuación. El titular de la cámara será Sergio Massa, quien por su posición institucional quedaría relativamente al margen de la definición de las leyes. Gracias a la salida de Rossi (quien volvería a ser ministro de Defensa) Máximo Kirchner lo reemplazará al frente del bloque oficialista. Así, él acumulará todo el poder de una bancada que plantea unificar a todo el oficialismo, la cual en principio no contará con sub bloques ni con divisiones internas. Todos alineados bajo un mismo comando, que no será el del Presidente Fernández. 

Para neutralizar posibles disidencias internas en debates parlamentarios o cuestionamientos a las políticas gubernamentales, en el seno del nuevo oficialismo se producirían dos desplazamientos muy interesantes entre los miembros transversales de la coalición: Victoria Donda dejaría su banca de diputada y pasaría a ocupar un lugar en el gabinete nacional, y Fernando Solanas se alejaría del Congreso para ser designado embajador argentino ante la UNESCO (París), o sea, muy lejos de la estratégica área hidrocarburífera de Vaca Muerta, a la que el nuevo gobierno espera convertir en uno de los ejes de gestión y fuente de futuras riquezas.

Esta relación de fuerzas interna daría una injerencia aún no determinada al ala kirchnerista en el Poder Ejecutivo: recién el próximo 6 de diciembre se sabrá la verdad sobre la conformación del gabinete. Pero ya se sabe que el ex Frente para la Victoria tendrá el control absoluto de ambas cámaras oficialistas en el Congreso. 

En los hechos, CFK tendrá en sus manos la capacidad objetiva de trabar el tratamiento parlamentario de cualquier iniciativa del Ejecutivo que no sea de su agrado, o de dar trámite a otras, sin necesidad de consultar al Presidente. En términos estratégicos, Cristina Kirchner gozará de mayor autonomía, en forma inversamente proporcional a la reducción del margen de maniobra que sufrirá el Presidente Fernández.

Más allá de estas especulaciones, una realidad a tener en cuenta es que en la Cámara Baja se da una situación de paridad inesperada entre los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. 

Aunque la nueva oposición tendrá 119 bancas, 10 más que el flamante oficialismo, la relación de fuerzas podría cambiar según las negociaciones que se tejan con un nuevo interbloque que conformarían, bajo el mando tentativo de Graciela Camaño, los legisladores de Consenso Federal, los diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti y los representantes de los partidos provinciales, en principio más proclives a apoyar al peronismo que a arribar a acuerdos con la nueva oposición. Esto forzaría una importante necesidad de negociación entre las dos principales fuerzas  parlamentarias, para que las leyes puedan ser aprobadas. 

En el Senado, por el contrario, el Frente de Todos tendrá quórum propio (37 senadores) y mayoría para aprobar (o no) las leyes que desee, si se lo propone, a libro cerrado.

Dada esta situación, ambos espacios mayoritarios definen, hoy por hoy, la configuración básica del sistema político argentino. El primero (PRO/UCR/CC) representa a un republicanismo de base liberal, y el segundo (PJ, kirchnerismo y socios menores), es el conglomerado populista que integra a las distintas facciones del peronismo. 

En los hechos, el sistema político argentino funciona como un multipartidismo de carácter moderado, con alternancia en el poder y con capacidad para tejer alianzas electorales entre partidos que pueden mutar, cambiar o disolverse según evolucionen las dinámicas de cada momento político.

Ya no es el sistema bipartidista tradicional de la segunda mitad del siglo XX (peronismo/ radicalismo) ni exhibe una fuerza hegemónica capaz de retener el poder. La negociación política (la “rosca”, en términos coloquiales) será un imperativo en el período que comienza en apenas dos semanas.

La emergencia de la “comunidad cívica”

La distribución de bancas otorgará al Poder Legislativo un mayor protagonismo en los próximos dos años. Pero la capacidad de la nueva oposición para condicionar al nuevo oficialismo dependerá de su habilidad de mantenerse unido:

Por estas horas ya se vislumbran al menos cuatro sub bloques diferenciados dentro de Juntos por el Cambio, ya que no todos los miembros de la coalición parecen aceptar en forma orgánica el liderazgo del futuro ex Presidente, Mauricio Macri. Esta circunstancia incrementa la posibilidad kirchnerista de asestar golpes a la nueva bancada opositora. 

No se sabe si esta potencial debilidad de las fuerzas que crearon Cambiemos beneficiará, o por el contrario, se volverá en contra, de la gobernabilidad del propio Fernández.

Macri prometió construir una oposición constructiva, una posibilidad plausible, pero cualquier debilitamiento en la configuración interna de Juntos por el Cambio podría dar un poder excesivo a CFK, figura controversial y altamente desprestigiada, que acumula procesamientos y pedidos de detención por causas de corrupción y es resistida por una porción significativa de la sociedad argentina.

Los resultados electorales muestran que la incuestionable victoria de la fórmula Fernández-Fernández, por ocho puntos de diferencia, tuvo sin embargo sabor a poco. 

La novedad es que ese 40,38% de votantes del macrismo desconcierta a los observadores peronistas, que no aciertan a comprender qué podría significar, en términos de la praxis política, la activación de una comunidad cívica que ganó la calle en defensa de las instituciones, exige transparencia en los actos de gobierno y exhibe intolerancia y enojo crecientes frente a las arbitrariedades que derivan de los abusos de poder en la administración del Estado. 

¿Será esto una simple moda, signo de los tiempos actuales, destinada a diluirse en los fondos de la historia? 
¿O representa la activación de un nuevo factor de poder que cobrará fuerza en los años por venir?

Todas las posibilidades flotan en el ambiente. 

Si se analizan las consignas callejeras de estos nuevos indignados, es posible que la institución que permanecerá bajo la lupa social en el próximo período será la de la Justicia.

La ofensiva (que ya comenzó) para desprocesar y liberar a los ex funcionarios acusados de delitos contra el Estado, en función de los cambios en los tiempos políticos, podría generar reacciones airadas y un enrarecimiento del clima político, que eventualmente podría generar fricciones y un grado creciente de violencia social.

¿Cómo reaccionará ese colectivo ante las causas que ahora sustancian los tribunales federales contra los miembros del gobierno saliente? Éste es otro factor que podría comprometer la gobernabilidad en el nuevo período.

Por ahora, la sociedad argentina reproduce, como un sino histórico, esa grieta representada por el clivaje peronismo / anti peronismo, que complica la viabilidad del sistema político.

La división de los distintos sectores nacionales en múltiples fracturas facilitaría la construcción de canales de comunicación, la búsqueda de consensos y la canalización de los conflictos políticos, económicos y sociales. 

Pero la preeminencia de una única gran divisoria fundamental como la referida, perjudica las chances de los argentinos de encontrar puntos de encuentro, y con esto, un camino hacia el desarrollo. Es la tragedia recurrente de la historia nacional, desde sus orígenes. 
 

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