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CONGRESO

A pedir de Durán Barba, el Congreso se mete en la campaña con la corrupción K

Jue, 01/08/2019 - 2:16pm
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Por Urgente24

El oficialismo en la Cámara de Diputados quiere que el 6 de agosto se reúna el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales que presiden dos hombres de Cambiemos, para dictaminar sobre el proyecto de ‘ficha limpia’ que prohíbe que los condenados por delitos de corrupción sean candidatos a cargos electivos. Será a sólo 5 días de la PASO y cuando el Congreso está paralizado por la campaña electoral. Además, de lograr aprobarse tampoco se aplicaría para los comicios de este año. Sin embargo, logrará plantear en el cierre de la campaña el tema de la corrupción kirchnerista.

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El Congreso de la Nación está virtualmente de receso entre las vacaciones de invierno y la campaña electoral. Apenas se reúnen los comités asesores y cuesta reunir el quorum en ellos por la falta de legisladores en la Capital. Sin embargo, cuando esta situación se haga más patente cerca de las elecciones del 11 de agosto, Cambiemos intentará reunir a un plenario de comisiones para tratar la prohibición a las personas condenadas por delitos de corrupción de ser candidatas a cargos electivos.

Cabe destacar que el oficialismo primero tendrá que reunir quórum en ambas comisiones, lo cual resulta dudoso por la cercanía con la PASO. Luego, tiene que tener mayoría en ambos comités para dictaminar, un objetivo más dificultoso aún especialmente cuando el kirchnerismo es reacio a este tema. Y por último, para llevar el tema al recinto también necesita reunir quórum y negociar con la oposición los votos ya que no tiene mayoría. Las mismas dificultades aparecen en el Senado. para finalizar, si el proyecto llegara a sancionarse, tampoco se aplicaría para estas elecciones. Entonces, todo quedará en la instalación del tema que tendrá como eje la corrupción durante el kirchnerismo y además sobre el cierre de la campaña electoral.

‘Ficha limpia’, como se conoce a la iniciativa, es una propuesta difundida por Change.org que ya superó las 250.000 firmas y resulta clave para la lucha contra la corrupción y la impunidad, junto a otras medidas abordadas por el Gobierno como la Extinción de domino, la Ley del Arrepentido, la modificación del Código Procesal Penal, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley de Ética Pública, y la Ley de Financiamiento Político.

La aparición de muchos candidatos para las próximas elecciones que se hallan condenados por la justicia penal, reavivó el debate sobre el punto y motivó que se presentaran varias iniciativas propiciando la modificación de la ley para incorporar dicho supuesto y que no se espere hasta la terminación del proceso, entre las que pueden mencionarse los de las diputadas del oficialismo Silvia Lospennato y Marcela Campagnoli.

Se trata de una ley inspirada en la experiencia de Brasil, lo que dio origen a una iniciativa del entonces presidente Lula Da Silva, propiciando en 2010 la ley que impide, a quien haya sido condenado, presentarse como candidato.

Esa norma, se volvió luego en contra de Lula ya que fue lo que le impidió competir por la primera magistratura en las últimas elecciones, en virtud de la pena que se le impusiera.

El proyecto argentino ya había recibido dictamen de Asuntos Constitucionales en noviembre del 2017, pero nunca llegó al recinto y perdió estado parlamentario.

El proyecto que discuten los diputados propone incluir un inciso al artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298) para fijar la incompatibilidad para postularse a cargos electivos en personas condenadas en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

El texto prevé la prohibición de candidaturas para los condenados por exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; fraude en perjuicio de la administración pública; traición y delitos que comprometan la paz y dignidad de la Nación.

La imposibilidad de presentar candidaturas se extenderá desde que exista sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

El objetivo sería que la iniciativa entre plenamente en vigor para las elecciones legislativas del 2021.